No obstante, a la constatación de la ineficacia hay que añadirle otras valoraciones negativas muy preocupantes también: el corporativismo excesivo, el sesgo ideológico conservador y, aún peor, la utilización espuria que hacen algunos elementos judiciales de su función institucional para ejercer como contrapoder en clave estrictamente política.

Durante los años de la Transición Democrática se hicieron previsiones sobre el tiempo y el esfuerzo que requeriría la adaptación al nuevo régimen de ciertos cuerpos del Estado, en los que el franquismo había calado especialmente hondo. Algunos sorprendieron por su democratización pronta y sincera, como ocurrió con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Otros aún no lo han conseguido. El juicio a Garzón es prueba de ello.

Este juez es acusado simultáneamente, en tres juicios distintos, de todos los males del mundo: de vulnerar los derechos de unos detenidos, de atribuirse competencias que no le corresponden, de burlar las leyes procesales e, incluso, de recibir dinero a cambio de dictar sentencias tramposas. Todo a la vez. Difícilmente creíble.

Insisto, las cosas suelen ser lo que parecen. Y parece que Garzón amenazó intereses bien protegidos. Se atrevió a tirar de la manta en el caso Gürtel, destapando una red de corrupción que se ha llevado por delante a unos cuantos políticos de derechas. Se atrevió a amparar a miles de víctimas del franquismo que reclamaban reconocimiento y resarcimiento, además de poder enterrar decentemente a sus seres queridos. Incluso se atrevió a juzgar a la cúpula de un banco importante al margen de toda consigna.

Los que mandan en la Justicia, porque mandaron siempre, no lo pueden permitir. Tienen que demostrar su poder, para mantener su poder. Y han decidido dar ejemplo en la cabeza de Garzón. Los que se atrevan a desafiar el statu quo ya saben lo que les espera. Persecución y expulsión.

Con todo respeto a la Justicia y a los juzgadores, las acusaciones vertidas sobre Garzón no se sostienen. El juez ordenó escuchas a detenidos y abogados porque la policía informó de la implicación de unos y otros en delitos de blanqueo de dinero, con la aquiescencia de la fiscalía y de quienes instruyeron más tarde la misma causa. Garzón actuó de manera discutible en el caso de las víctimas del franquismo, pero no más discutible que otros jueces en otros miles de casos. Y en el asunto de los pagos del Santander, todos los protagonistas han negado el cohecho, juez, banquero y universidad.

La catadura de los acusadores evidencia también la naturaleza del proceso. Desde los fascistas hasta los corruptos probados, como Correa y compañía, pasando por personajes siniestros, especialistas en montajes, como el tal Peláez, implicado en un delito por estafa procesal en el juicio a los Albertos y abogado a su vez del empresario Dorribo, que acusa falsamente al vicesecretario del PSOE.

Cuenta la leyenda que en una reunión de la ejecutiva socialista, el entonces ministro de Justicia, López Aguilar, se quejó amargamente de la preponderancia franquista en el seno de este poder del Estado. Zapatero, al parecer, le respondió: “Gracias por el análisis, Juan Fernando, y ahora, por favor, cuéntaselo al ministro de Justicia”. Los Gobiernos socialistas no acertaron a impulsar la Transición Democrática en la Justicia. Y los Gobierno conservadores no están interesados en impulsarla.

Más allá del futuro de Garzón, lo que más importa es adquirir conciencia de que la democracia española tiene en la Justicia una asignatura por aprobar.