En la política, como en la vida, las cosas suelen ser lo que parecen. Y más allá del obligado respeto por las resoluciones judiciales y de la confianza que hemos de depositar obligadamente en sus procesos de decisión, las causas abiertas contra Garzón por sus compañeros del Tribunal Supremo parecen una persecución política en toda regla. Quienes persiguen con saña a este juez se justifican en el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los derechos de presuntos delincuentes, pero cualquier análisis que prescinda de ingenuidades puede identificar con rapidez los dos objetivos que parecen guiar cada uno de sus pasos: favorecer a los imputados en el caso Gürtel y demostrar quién manda en la Justicia española.