El día 5 de febrero el señor Soria ha anunciado a bombo y platillo la enésima reforma del mercado eléctrico. Ésta, según él, va a resolver los problemas puestos en evidencia en la última subasta del precio de la electricidad de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos la gran mayoría de los ciudadanos españoles.

En esencia, se trataría de que las personas acogidas a la TUR pasen al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. Según esto el día 1 de mayo del 2014 los clientes pagarán la electricidad consumida desde el 1 de abril hasta esa fecha en función del precio medio del mercado mayorista del mes de abril, bien la media mensual o bien por mediciones puntuales cada hora. Obviamente, así se seguiría haciendo mes a mes hasta que el señor Soria tenga una nueva ocurrencia cuando las masas salgan a la calle protestando o cuando el señor Arriola piense que el Partido Popular puede perder votos.

Esta reforma es absolutamente errónea por dos motivos. El primero es que nadie puede estar obligado a pagar nada, en este caso un servicio básico como es el de la electricidad, sin conocer previamente su precio. Esto tiene tan poco sentido común que si no es anticonstitucional debiera de serlo. El segundo, y no menos importante, es que no se puede hablar seriamente de mercado cuando existe un oligopolio en el sector eléctrico ampliamente reconocido.

El despropósito es tan grande, que sin duda dará lugar a una airada reacción de los partidos políticos y de muchas organizaciones ciudadanas, lo que creo impedirá que esa medida tenga lugar. No obstante, puede que la mayoría absoluta de la que disfruta el Partido Popular le permita aplicar el método de facturación propuesto, lo que sin duda generará una avalancha de reclamaciones a las compañías distribuidoras de electricidad y a los organismos oficiales de protección de los consumidores

Dicho todo lo anterior, lo que me ha sorprendido es que también las compañías eléctricas cuando es una medida que podría beneficiarlas, como es el caso de los Bancos con sus préstamos a tipo de interés variable hayan manifestado su malestar al respecto. En efecto, con el anterior sistema de las subastas, casi nunca el precio real pagado por la energía por los que ganaban la subasta era mayor que el que salía en aquellas, pero con la reforma esto será imposible.

La actitud de las eléctricas puede tener dos explicaciones. Una, que el señor Soria y las compañías estén jugando al poli bueno/poli malo y ahora aquellas sean el bueno. Dos, que la medida sea tan aberrante que ha asustado hasta a los que les podría favorecer.

Por último, me atrevo a darle un consejo al señor Soria y por elevación al señor Rajoy. Si de verdad quieren arreglar el problema del precio de la electricidad, lo primero que tienen que hacer es, con los medios humanos de los que dispone el Ministerio de Industria, realizar auditorías en profundidad a los grandes grupos eléctricos. A la vista de sus resultados estarían claras las medidas a tomar, sin descartar la nacionalización de dichos grupos o la intervención de su actividad, como ya se hacía en tiempos pasados con los monopolios. Esto es, por supuesto, con luz y taquígrafos y con el consenso de la mayoría de los partidos políticos y la anuencia ciudadana.