No hace falta ser sindicalista para darse cuenta de la importancia de esta característica de los convenios colectivos en España, que ha venido funcionando ininterrumpidamente a lo largo de nuestros treinta y cinco años de democracia….hasta que llegó Rajoy y su desmantelador equipo. Efectivamente, el hecho de que por la circunstancia que fuere no se pudiera acordar a tiempo un nuevo convenio e incluso que se retrasara años el conseguirlo daba una cierta garantía a los trabajadores afectados de que, si bien no podían aspirar a alguna mejora, al menos sobre el papel no sufrirían retrocesos sobre lo que ya tenían. En tiempos de crisis, como los que venimos padeciendo, la importancia de la ultraactividad salta a la vista. Incluso le viene bien a cualquier empresario que tenga en cuenta el conflicto que le puede sobrevenir si pretendiera poner el contador a cero en la regulación de las relaciones laborales con sus empleados.

Pero el Gobierno del PP, con su infame reforma laboral de julio de 2012, introdujo una modificación, según la cual “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”. No hay espacio en un artículo como este, necesariamente breve, para explicar los problemas que encierra el que haya o no un convenio de ámbito superior, el que si lo hay sea, probablemente, peor, y el por qué no son atractivos para los trabajadores los laudos arbitrales. Lo que interesa destacar es que, pese a existir un buen número de empresas interesadas en buscar soluciones para evitar la conflictividad que entraña esta enésima agresión del Gobierno a los trabajadores, a estás alturas la negociación de los convenios colectivos está más retrasada que nunca. Y no es pensar mal atribuirlo a que el famoso año de vigencia de la ultraactividad termina el próximo 8 de julio y que hay empresas y sectores productivos cuyos dirigentes piensan que les puede venir bien retrasar o eludir las negociaciones por si el fin de la ultractividad les crea condiciones más propicias para mayores reducciones de salarios y demás condiciones de trabajo.

Hablamos del caso de los convenios denunciados hace más de un año y que siguen sin culminarse y hasta sin empezar a negociarse. Afectan a unos mil quinientos convenios y a más de tres millones de trabajadores, sobre los que se cierne la duda de lo que puede pasarles si de aquí al 8 de julio no se desbloquea la situación. Crece el temor de que, a falta de convenio, acaben tarde o temprano sometidos a los mínimos que marque el Estatuto de los Trabajadores y que todo lo que a lo largo de los años hayan conseguido por encima de esos mínimos acabe yéndose al garete. Todo ello sin contar que, si nos siguen gobernando los mismos, el año que viene y los siguientes continuará aplicándose la norma y tenderá a profundizarse todavía más la desregulación de las relaciones laborales, entre otras vías por el vaciamiento de la negociación colectiva.

La patronal y los dos grandes sindicatos han suscrito días atrás un acuerdo en el que recomiendan a sus organizaciones sectoriales, territoriales y de empresa que agilicen los procesos de negociación pendientes para intentar que sean los menos posibles los convenios que decaigan el 8 de julio. Pero el acuerdo, en sí mismo positivo, no hace obligatorio que lo cumplan sus destinatarios. Veremos en qué queda todo.

He querido dedicar el comentario a este problema, del que se habla poco en los grandes medios de comunicación y que, sin embargo, tiene un claro alcance no sólo social sino para la propia economía del país, y que ilustra, igual que en otros muchos casos, hasta qué punto las medidas de este Gobierno tienen siempre como denominador común hacer retroceder derechos y conquistas de los trabajadores, amén de reducir sus salarios, la seguridad en su empleo y el retroceso en todo lo que se refiere a prestaciones y servicios públicos. Es desde esa concepción política donde se inscribe tanto la reforma de la negociación colectiva, de la que aquí sólo se ha citado una parte, hasta el intento de debilitar al movimiento sindical por cuanto representa unos de los principales frenos al cúmulo de agresiones que sufre el mundo del trabajo.

Hay, pues, motivos más que sobrados para movilizarse y tratar de impedir estos desafueros. Como seguramente los habrá a causa de la nueva y sería amenaza que se cierne sobre los pensionistas actuales y futuros. Resignarse sería suicida.