En éstas nos andamos, viviendo en España, en uno de los países más desarrollados del mundo, que está atravesando una difícil y más que larga crisis económica, de la que los más optimistas ven visos de salida, pero que estrangula con su ferocidad a conocidos y ajenos, que nunca hubieran pensado se verían en la necesidad de solicitar ayudas para sobrevivir en los servicios sociales o en entidades del tercer sector.

El informe Los servicios sociales en España, elaborado por el Consejo General de Trabajo Social, hecho público el pasado 21 de octubre, detalla que en 2012 aumentaron en un 72,1% las peticiones de ayuda a la red de servicios sociales públicos, en particular de personas procedentes de clases medias en procesos de movilidad social descendente (con un incremento del 45,2% desde el inicio de la crisis), habiendo hecho su aparición, en este escenario, dos nuevos perfiles de solicitantes: el de los jóvenes sin formación y el de los jóvenes con estudios superiores (un sector social que ha aumentado un 13,5% en estos últimos años).

Por hacernos una idea de esta difícil realidad, las personas que viven, en nuestro país, bajo el umbral de la pobreza, en números absolutos, han pasado de 7.068.654 millones en 1996 (dato más bajo de las últimas décadas) a 9.718.561 en 2012y se contabilizan cerca detres millones de personas en situación de pobreza extrema. De igual modo el indicador agregado de pobreza y exclusión social de la Unión Europea At Risk Of Poverty and/orExclusion (AROPE), que agrupa tres factores: la población bajo el umbral de la pobreza, la privación material severa (con carencia al menos de 4 conceptos de una lista de 9), y la intensidad del trabajo, revela que España ha experimentado desde el año 2004 un aumento de más de tres puntos porcentuales (24,4% en 2004, 26,8% en 2012) de las personas que viven bajo parámetros de pobreza y están inmersas en procesos de exclusión social. Datos que se concretan en más de doce millones de ciudadanos con serias dificultades en su día a día.

Los recortes en servicios sociales han traído consigo un retroceso en derechos y son, en sí mismos, un factor inhibidor de integración. Recortes que también han afectado a los profesionales del sector que han visto como se ha privatizado la gestión de los centros públicos en los que trabajan y se ha reducido el personal de sus departamentos, con la consecuente sobrecarga laboral y la merma en la calidad de la atención que prestan, a pesar de sus largas jornadas, que mayoritariamente exceden lo estipulado en sus contratos y la frustración por no poder dar soluciones a problemas de tal envergadura y costes humanos (especialmente concernidos se encuentran los que orientan e intervienen con familias y resuelven casos en los que están implicados menores de edad).

El informe Personas, familias y sociedad. El incremento y banalización de las desigualdades presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales el pasado mes de octubre no deja lugar a dudas, País Vasco, Navarra y La Rioja, las tres regiones que más dedican presupuestariamente a este capítulo, son las que en mayor medida han conseguido reducir la pobreza y las que han seguido la peor evolución Canarias y la Comunidad Valenciana.

¿Y quiénes han sido los más afectados por esta política cicatera y contraria al principio de solidaridad? Los de siempre, los más desfavorecidos e indefensos, pues el desplome de las partidas presupuestarias del Plan Concertado, destinadas a financiar los servicios sociales básicos de las corporaciones locales (centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida) a través de la Comunidades Autónomas han sido recortadas en un 71% en el período que incluye los años 2008 y 2013 y asciende en estos momentos a 27,5 millones de euros.

La segunda dimensión de la actual situación, tal como se pone de relieve en el informe Personas, familias y sociedad, no es otra que la derivación de fondos públicos hacia entidades sin ánimo de lucro, que han triplicado, en algunos casos, los usuarios atendidos en sus programas de atención. Para algunos profesionales este cambio de paradigma conlleva riesgos asociados a la sustitución de la perspectiva de los derechos sociales y la responsabilidad pública, por la caridad y la beneficencia.

Un tipo de acción social que, viniendo del pasado, se recupera con tal fuerza, que cobra notoriedad, ¡a la fuerza ahorcan!, en un contexto en donde las “Gotas de Leche” (instituciones creadas a finales del siglo XIX para atender los problemas de desnutrición y alta mortalidad de los niños de familias cuyas madres no podían amamantarles, ni permitirse tener nodrizas)adquieren de nuevo protagonismo, en un país que tanto y tanto trabajó por alejarse de la miseria y las tinieblas del pasado.

Y más allá de la retórica, sea del tenor que sea y, aunque, la especie humana es quizá la que mayor capacidad de adaptación tenga al entorno y a las vivencias que le acompañan, aun a riesgo de experimentar y de ser observadores de grandes e injustos sufrimientos, no caben miradas de soslayo entre los privilegiados que percibimos esta realidad, pues detrás de los datos y cifras que se manejan cuando se tratan las cuestiones que hemos abordado en este texto hay hombres, mujeres y niños y nunca debería olvidarse.