En primer lugar hay que acotar el concepto de banca española circunscribiéndolo a las entidades sistémicas, en lenguaje común a las grandes. Los Bancos en ese sentido, incluyendo los Bancos procedentes de las antiguas Cajas de Ahorros, se han clasificado en Bancos buenos, regulares o malos. Se supone que los Bancos buenos y regulares no necesitarían ayudas, mientras que los malos sí las han necesitado e incluso estas pueden incrementarse más adelante. Por otra parte, algunos de los Bancos malos se han vendido ya a otras entidades españolas o extranjeras, por lo que se han materializado ayudas irrecuperables.

Todas las ayudas englobadas alcanzarían los 149.273 millones de euros. Sin embargo, un análisis serio obliga a considerarlas de forma separada, pues responden a conceptos económicos muy diferentes y presentan distintas posibilidades de ser recuperadas por el Estado. A continuación figura el desglose de la cifra anterior, por los Bancos y Cajas de Ahorros que han sido el origen de las mismas.

Millones de euros

ENTIDAD

Aportación a recursos propios

Compra de activos por diversos Organismos

Compra de activos tóxicos por el SAREB

Garantías sobre activos del banco vendido (EPAS)

BFA/Bankia

22.424

3.322

22.318

Catalunya Banc

12.052

1.174

6.708

Novagalicia Banco (*)

9.052

1.158

5.707

Banco de Valencia

5.498

1.962

4.366

Banc Cívica

977

Banco CAM

5.249

2.573

16.610

Banco Gallego

245

C. Castilla la Mancha

1.424

2.475

Banco Caja 3

407

574

2.917

B. Mare Nostrum

1.645

933

5.819

Unnim Banc

953

189

4.824

CEISS

1.129

1.060

3.137

Cajasur

392

TOTALES

61.055

10.983

48.568

28.667

(*) No coincide con datos del Banco de España

Comentaré ahora cada una de las columnas de la tabla anterior.

Las aportaciones a los recursos propios de los Bancos tienen como finalidad evitar su quiebra, sobre todo para no tener que aplicar el reembolso de sus depósitos. Las aportaciones se han hecho tanto mediante la adquisición de acciones y de cuotas participativas, como subscribiendo participaciones preferentes y obligaciones convertibles. Esto ha sido llevado a cabo por el FROB y también por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC).

Prácticamente se va a perder la totalidad de las aportaciones a los recursos propios porque las entidades se están vendiendo por un euro, salvo el Novagalicia Banc que se ha vendido por 1.003 millones, aunque la venta no está aún formalizada, ni por supuesto cobrada. Si se han formalizado las ventas del Banco de Valencia (a CaixaBank), Banca Cívica (a CaixaBank), Banco Gallego (a Banco de Sabadell), Banco CAM (a Banco de Sabadell), Unnim Banc (a BBVA), Caja Castilla la Mancha (a Liberbank) y Cajasur (a la Kuxta). Estas ventas ya han supuesto unas pérdidas acontecidas por 15.146 millones de euros.

La compra de activos por el FGDEC y el Ministerio de Economía se ha hecho con la finalidad de aliviar financieramente a las entidades vendedoras, para así reactivar el crédito a empresas y familias. Es subjetiva la opinión de si eso se ha cumplido o no. En cualquier caso los activos eran de buena calidad, por lo que lo más probable es que no se deriven pérdidas para el Estado por este concepto.

La compra de activos tóxicos ligados al sector inmobiliario, tanto créditos a promotores como a compradores finales, por el SAREB (también conocido como el “Banco malo”) tiene un doble objetivo. Evitar que siga el deterioro de los balances de los Bancos y que se malvendan estos riesgos, debilitando el mercado inmobiliario en su conjunto. Aunque al crear este Organismo se ha planeado que no se produzcan pérdidas, esto obviamente está por ver. Por el momento sí se están produciendo.

La última columna se corresponde con los llamados Esquema de Protección de Activos (EPAs). Estos consisten en avales otorgados por el FROB y sobre todo por el FGDEC a favor de las entidades que comprar los Bancos malos, cubriendo la posibilidad que determinados deudores del Banco vendido no reembolsen sus deudas. Los importes que figuran en el cuadro son los máximos garantizados.

Se puede considerar casi imposible que no haya ningún deudor avalado que page sus deudas, por lo que es muy improbable que se pierda la totalidad de la garantía. Sin embargo, el propio FROB ha estimado que por ese concepto ya se van a perder 6.506 millones de euros. Hay que ser muy optimista, teniendo en cuenta que las gestiones de recobro se van a hacer por entidades escasamente preocupadas por el mismo, para no pensar que esa cifra no se acabe rebasando ampliamente.

ENTIDAD

Millones de euros

C. Castilla la Mancha

1.949

Cajasur

392

Unnim Banc

886

Banco CAM

2.681

Banco Valencia

598

TOTAL

6.506

Otra controversia presente en los medios es cuál es que entidad que recibe realmente las ayudas, el Banco que las originó o el Banco que está comprando el activo a coste cero. Los defensores a ultranza de los grandes Bancos, incluido Caixabank, dicen que todo es culpa de las antiguas Cajas, y de sus perversos gestores. No deja de ser paradójico que muchos de los que opinan esto militen claramente a la derecha, cuando los mayores fiascos se han dado en entidades manejadas por el Partido Popular. Esta posición se encuadra con el odio visceral, que, al menos cuando no les conviene, tienen las personas de ese signo hacia todo lo público.

Otras personas, sin embargo, sostienen que algunas Cajas han servido de coartada para cubrir grandes debilidades de la Banca privada española, como lo prueba que los Bancos “buenos” hayan vendido al SAREB activos inmobiliarios por 2.212 millones de euros y el Ministerio de Economía les hayan comprado activos por otros 10.068 millones. Si eran tan buenos, ¿por qué han necesitado ayudas del Estado? ¿O es que no ha financiado toda la Banca la burbuja inmobiliaria?

Bien, poniéndose en una situación intermedia se puede argumentar que los EPAs, por los 28.667 millones de euros citados se pueden considerar como que son una ayuda para los Bancos compradores, y el resto para las entidades origen. En cuanto al importe definitivo de pérdidas, si yo tuviera necesariamente que apostar algo, diría que van a superar los 66.000 millones de euros. Aunque esta cifra se puede disparar según evolucione el resultado definitivo de los EPAs.

Ahora voy a centrarme en lo que dentro del contexto de las crisis, no considero que sean ayudas, a pesar de que muchas personas así lo aseveran. Me estoy refiriendo a la financiación del Banco Central Europeo a Bancos españoles, a la cobertura de los depósitos (hasta 100.0000 euros) de los bancos en general por parte del FGDEC y a los Activos Fiscales.

El Banco Central europeo desde el comienzo de la crisis está financiando a la banca privada europea a tipos inferiores al 1%, y a su vez los mismos Bancos prestan dinero a los Estados a tipos de interés muy superiores, dependiendo del Estado de que se trate. Esta práctica produce pingües beneficios a la banca privada española, ya que España es la que más está apelando a este mecanismo.

En primer lugar hay que considerar que este procedimiento está a disposición de todos los Bancos, dependiendo solamente de que puedan aportar las garantías suficientes y que les interese. Además, la finalidad de estos préstamos es la de que sustituir a la financiación de otros Bancos, alemanes y franceses, que retiraban los depósitos en Bancos españoles. Entonces, la pregunta es: ¿a quién se está ayudando, a los Bancos españoles o a los extranjeros? Por otra parte, este es un mecanismo típico de política monetaria para la creación de dinero y que se practica haya o no crisis bancaria por medio.

El argumento de que la financiación a los Estados se puede hacer directamente desde el Banco Central Europeo es una cuestión que tiene que ver con la política económica de la Unión Europea y no con la crisis. Precisamente con las elecciones próximas ahora se está en un momento crucial en este sentido.

En cuanto al Fondo de Garantía de Depósitos, que afectaría a 700.000 millones de euros en España, no puede ser considerada una ayuda, ni como consecuencia de la crisis ni siquiera como una ayuda al sistema financiero, aunque esto último pueda parecer chocante.

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de un sistema financiero fuerte se basa en la confianza de los ciudadanos, así como en la legalidad de las actuaciones del Estado. Centrándonos en España antes de crearse los fondos de garantía de depósitos, el Estado también intervenía en lo que se llama ahora eufemísticamente “resolución” de las situaciones de quiebra bancarias.

La forma más frecuente de “resolución” era endosar las entidades quebradas a otras en buena situación. Esto era posible sobre todo por las dificultades que había para crear nuevos Bancos. Por lo tanto esa garantía implícita de la que hablan algunos ya existía al menos desde los años cuarenta.

Pero es que además, y esto puede ser una cuestión de opinión, ha sido la existencia de esta obligación por parte del Estado, la causa principal de que se hayan tomado todas las medidas citadas anteriormente y lo que no se puede es sumar dos causas cuyo efecto es único. Es decir, si el importe máximo garantizado por depositante hubiera sido por ejemplo de mil euros lo más adecuado hubiera sido dejar caerlas entidades en los casos de quiebra. Claro que los Gobiernos hubieran tenido que asumir un coste político inconmensurable.

El tema de los Activos Fiscales viene del hecho de que los balances, como expresión contable de su patrimonio, de las entidades vendidas, arrastraban cuantiosas pérdidas, que a su vez habían originado activos ficticios de elevado importe. Como norma general, todas las sociedades pueden, durante un plazo de tiempo determinado, compensar las pérdidas de unos años con los beneficios de otros.

Lo que se ha hecho respecto a los Bancos ha sido ampliar este plazo de tiempo hasta 18 años y sobre todo permitir que esas cantidades no se descuenten de sus recursos propios a efecto del cumplimiento de la normativa internacional de solvencia (Basilea II y III), evitándoles así el tener que hacer costosas ampliaciones de capital.

La posibilidad real para los Bancos de beneficiarse de esta situación dependerá de los beneficios que generen en el futuro, y su ahorro, en términos monetarios, del tipo efectivo del impuesto de sociedades que estén ahora aplicando. Lo que sí es más que probable es que no paguen un euro por el impuesto de sociedades en mucho tiempo. Es claro que esto, sobre el papel, es una gran ventaja respecto a sociedades no financieras, pero es un problema que hay que abordar desde la óptica fiscal más que desde el punto de vista de la crisis.

Una vez tratadas las cifras llega el momento de las conclusiones. La primera es que por mucho esfuerzo que se haga, hasta pasados varios años no se conocerá el coste para el Estado español del saneamiento del sistema financiero afectado por la crisis del 2010. La segunda es que el Partido Popular, después de haberse hecho un gran esfuerzo para recapitalizar entidades que suponían un tercio del sistema financiero, ha dejado pasar la oportunidad de crear una potente Banca Pública. Podría haberlo realizado incluso con la intención de privatizarla en el futuro con beneficios y no asumiendo ya cuantiosas pérdidas.

Por último, quiero decir que hay muchas personas que, como yo mismo, piensan que si hubiera existido una Banca Pública extensa, bien gestionada y bien controlada, no se habría llegado en España a la situación de crisis tan aguda como la sufrida. Y ello, entre otros motivos, porque el Gobierno y el Parlamento hubieran estado mucho mejor informados de la deriva que estaba tomando la situación global del sistema financiero, alimentando con dinero prestado por otros países varias burbujas a la vez.