El Ministro de Economía está contralando a través del FROB, recursos bancarios por más de 410.000 de euros, que se corresponden con los balances de Bankia, Catalunya Bank y NGC Banco a 30 de noviembre del 2012. Ello sin contar las aportaciones a los recursos propios de esas entidades que han ascendido a más de 32.400 millones de euros. Además, es muy probable que en breve “caigan” otros 39.000 millones de la Banca Ceiss, ya que el señor Braulio Medel no está por la labor de quedarse con esa entidad.
Se ha visto que la reciente venta del Banco Gallego al Banco de Sabadell, ha supuesto para el Estado una pérdida de 325 millones de euros, según ha manifestado el Subgobernador del Banco de España en el Congreso. Es evidente que vender ahora alguno de las Bancos citados más arriba implicaría cuantiosas pérdidas, cuyo coste político el Gobierno no está dispuesto a asumir. Por ello, el Ministro, haciendo de la necesidad virtud, ha decidido que por el momento dichas entidades se mantengan en la órbita del Estado.
Sin embargo, la gestión de estas entidades no está sometida a ningún control por parte de los ciudadanos, por lo que las inversiones efectuadas en su saneamiento no los están beneficiando en estos momentos tan difíciles. Además, se podría dar el caso de que se reiteraran actuaciones similares a las que han llevado a estas entidades a la situación actual.
Por ello, parece necesario que el Congreso, mediante la actuación de la Comisión de Economía, o de otra que pudiera constituirse al efecto, intervenga activamente en el control de la actividad del FROB en general, y del funcionamiento de las entidades nacionalizadas en particular. Pero no es suficiente con que los miembros de la Comisión reciban periódicamente explicaciones orales del Ministro u otros altos funcionarios del ramo, sino que tienen que disponer, con las cautelas que se fijen para asegurar la confidencialidad de los datos, de la documentación necesaria para cumplir con la finalidad buscada. Además, los parlamentarios deben de contar con expertos que les ayuden a interpretar la información.
Esta manera de actuar serviría como cortafuegos ante hechos que podrían poner en tela de juicio el comportamiento de los políticos en un tema tan sensible como es el sistema financiero. Pero además, si el funcionamiento de esta Comisión no fuera un coto cerrado del partido con mayoría absoluta y se abriera al resto de los partidos, se pondría en evidencia algo que muchos ciudadanos están reclamando y que es que en los temas de Estado, y éste lo es, se extienda la colaboración en vez de la contienda, y sobre todo mostraría una separación real entre los poderes del Estado, incluso entre correligionarios.
