La igualdad educativa, el poder decidir tu futuro teniendo en cuenta tus capacidades y esfuerzo, y no el bolsillo de tu familia, es una conquista y una meta democrática que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende eliminar. A pesar de que en su programa electoral, concretamente en la página 82, decía textualmente que “el Partido Popular promoverá que todo alumno tenga las mismas oportunidades educativas con independencia de su lugar de residencia y de su situación socio-económica.”

Desde que el PP ha llegado al Gobierno, el recorte en el presupuesto en becas y ayudas ha sido brutal y dramático para cientos de miles de familias. Los primeros datos, que desde el Gobierno dan con cuenta gotas y de manera provisional para ocultar una realidad que con presupuestos consolidados será peor, muestran que se ha reducido la cuantía entorno a 200 millones de euros en apenas dos años. Y que el presupuesto destinado a ayudas ha pasado de casi 131 millones de euros a 71 millones. Lo que supone que los beneficiarios de las ayudas hayan pasado de 923.895 personas a 344.260.

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Esta realidad, que ya muestra el incremento de la desigualdad y la exclusión educativa, se verá reforzada con la propuesta del Ministro de Educación de introducir un nuevo sistema de becas universitarias, donde aumenta la nota para poder acceder a una beca del 5,5 al 6,5, y donde varía las condiciones económicas de los que finalmente puedan tener una beca.

Si como pretende el Gobierno del PP, se modifica el sistema de becas, que existe actualmente en España con estos nuevos criterios, se va a producir una ruptura social de primer orden, al excluir del acceso a la universidad por una parte, y de la permanencia, por otra, a las capas sociales con menos recursos económicos.

Esto es claramente inconstitucional, porque según el artículo 27 de la Constitución “todos tienen el derecho a la Educación” y entre otras cuestiones también se establece que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la Educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

Los españoles, incluidos los millones que les votaron, saben ahora que cuando el PP decía en su programa electoral, en el apartado de universidad (pág. 92), que “adaptaremos el sistema de becas a la nueva realidad del espacio europeo de Educación superior, garantizando que los estudiantes puedan elegir libremente carrera y universidad con arreglo a su mérito y capacidad, estimulando además la competencia entre nuestros centros de enseñanza superior”. MENTÍAN.

Los españoles, incluidos los millones que les votaron, saben ahora que cuando el PP decía en su programa electoral, en el apartado de Universidad (pág. 93), punto 3 que “impulsaremos un sistema de becas que potencie la excelencia y la igualdad de oportunidades en los estudios universitarios, como factor clave para el éxito de una sociedad. Mejoraremos la coordinación del sistema universitario para que funcione como un distrito único en toda España. Apoyaremos los programas de movilidad de los estudiantes en el marco del espacio europeo de educación superior”. MENTÍAN.

Y mentían, porque su intención era y es volver a segregar. Convertir una ayuda social, un compromiso de igualdad como es la beca, en un premio o un castigo bajo el paraguas de una supuesta excelencia. Las becas hay que repartirlas en función de un principio tan evidente como que nadie se vea imposibilitado a acceder al estudio o a continuar en él por falta de recursos económicos. Esto quiere decir que la renta es la que tiene que determinar el acceso a una beca, aunque complementariamente se puedan establecer otras prestaciones a la excelencia.

La subida de las tasas universitarias entre un 17 y un 65 % dependiendo de las Comunidades Autónomas; el nuevo requisito de tener una nota de 6.5, en lugar del 5.5, para poder solicitar una beca; y el nuevo sistema variable que da un mínimo de 1.500 euros para los alumnos que tienen menos recursos y el resto de la cantidad de la beca se obtiene del reparto entre todos los becarios en función de la renta, las notas y el presupuesto disponible, va a expulsar de las universidades entorno a la mitad de los becarios, según declaraciones de distintos rectores. España no se puede permitir tanta crueldad y tanto ciudadano no aprovechado.

La sociedad española ya conoce lo que pretende hacer el Gobierno. Ahora la pregunta que hay que contestar es, ¿Qué van a hacer los españoles para evitar esta política de segregación y exclusión?

Yo diría que hay que movilizarse, reclamar la retirada de esta contrarreforma educativa y establecer que las becas no pueden estar condicionadas a si hay más o menos presupuesto. Es un derecho ciudadano y si se cumplen los requisitos hay que otorgarla.