Los bancos españoles, aquellos de la Champion League, están en plena travesía del desierto, después del estallido de la burbuja crediticia y especulativa de la que fueron protagonistas destacados: las pérdidas acumuladas han sido ingentes, el negocio se encuentra bajo mínimos y su margen de recuperación, especialmente de los que actúan en el mercado nacional, es dudoso en el medio plazo. Esas circunstancias han provocado el rescate bancario de hace un año, la constitución del banco malo o SAREB y la asistencia financiera del Banco Central Europeo, cercana a los 300000 millones de euros, para evitar el colapso. Han sido nacionalizadas entidades importantes, otras han recibido ayudas y las restantes van perdiendo músculo financiero en la medida en la que la economía española se sigue desangrando. Al hilo de todo eso, hemos ido conociendo los problemas de gestión y de falta de supervisión del sistema tales como las preferentes y subordinadas, las ejecuciones hipotecarias y ahora éste último de las cláusulas suelo que, al parecer, han sido mal instrumentadas y por ello los tribunales las anulan.

Las cláusulas suelo no son una mala práctica per se; al contrario son indicativas de la prudencia en la gestión del negocio bancario, siempre que estén claramente expresadas en los contratos que es lo que, según parece, no ha sucedido con las que han sido objeto de rechazo por parte de los tribunales. Por tanto, parece sumamente imprudente que se genere un clima, al que nos vamos acostumbrando, en el que paguen justos por pecadores, aunque pienso que, dado el grado de indignación existente, será francamente difícil evitarlo. No hay que olvidar que, como es humano, se ha producido una pérdida generalizada de confianza en el sistema financiero junto con sentimientos de hostilidad hacia algunas prácticas del mismo, que son motivo de preocupación, porque sin confianza no resulta posible llevar adelante el negocio bancario. Mal asunto para los que defendemos y exigimos que, cuanto antes, se supere el marasmo al que lo han conducido unos y otros: las autoridades con sus improvisaciones constantes y su locuacidad imprudente y algunos gestores incapaces de ordenar una realidad compleja, muy distinta de la de los días de vino y rosas, ya fenecidos.

Todo lo expresado obliga, en mi opinión, a resaltar que uno de los mayores errores que se están cometiendo es el de pensar que la banca española en su conjunto, aunque haya grados, tiene que estar pendiente de los tribunales bien por la inhibición de las autoridades bien por la escasa visión de determinados gestores bancarios, porque nada bueno puede salir de ahí. El caso de las preferentes, que amenaza colapsar los juzgados, es un ejemplo indicativo: la gestión del problema en las entidades propiedad del Estado o receptoras de ayudas públicas está causando un daño incalculable a su negocio que dificultará aún más la recuperación de los miles de millones de euros invertidos en las mismas.

Por eso, la deriva preocupante de las cláusulas suelo, cuya anulación lastrará aun más las cuentas de resultados del sistema bancario, debería obligar al Gobierno y a los administradores bancarios a que, con sentido práctico y prudente, revisen el tratamiento de los errores acumulados por el sistema crediticio, si no queremos que la factura del rescate bancario, que pagamos todos, se incremente ad infinitum.