Cumpliendo las previsiones, desde entonces hasta ahora, el nuevo Gobierno del Partido Popular ha justificado esas políticas social, económica y ambientalmente regresivas en que no le dejaban ninguna alternativa los compromisos asumidos por el Gobierno de Zapatero con la Unión Europea y la herencia recibida: deuda y déficit, cifras de paro, reducción del PIB y pérdida de confianza en España, con fuerte elevación de la prima de riesgo a cifras inasumibles por nuestra economía a medio y largo plazo. Pero por si el culpabilizar al anterior Gobierno no era suficiente, el propio Presidente del Gobierno actual ha reiterado en distintas ocasiones que ahora estamos pagando el haber vivido por encima de nuestras posibilidades y que es él el que se ve obligado a resolver la nefasta situación a la que todos los españoles hemos conducido al país.

Pero los datos demostraban que no era cierto que la situación fuera el resultado de que los españoles hubieran vivido por encima de sus posibilidades, sino que más bien era el resultado de fuertísimos procesos de endeudamiento de una parte de los ciudadanos empujados a participar en la burbuja especulativa inmobiliaria “porque la inversión en ladrillo no se devaluaba nunca y era un seguro para la jubilación”; de unas empresas que se acogían a un apalancamiento/endeudamiento creciente por los bajos tipos de interés (fijados por el Banco Central Europeo respondiendo a los intereses de una Alemania con problemas por su reunificación, y sin oposición de los países que, como España, hubieran necesitado una política financiera mucho más restrictiva) y para unas inversiones, en muchos casos internacionales, que no siempre eran productivas y aconsejables; y, por supuesto, del endeudamiento de las entidades financieras españolas, que obtenían grandes resultados a corto plazo, con el correspondiente beneficio en forma de primas para los gestores, aunque asumiendo riesgos que no han podido soportar cuando las burbujas especulativas y la ingeniería financiera internacional han llevado al colapso del sistema.

Pero, con la crisis, los muy elevados beneficios especulativos y los extraordinarios producidos para los gestores de esas entidades financieras, o para los promotores-especuladores inmobiliarios durante el auge de las burbujas (permitidos por unas administraciones públicas que preferían mirar para otro lado) han terminado materializándose, en gran parte, en transferencias de renta del conjunto de la sociedad española a esos propietarios y gestores de los grandes capitales especulativos globales, y a los especuladores inmobiliarios propios.

Las políticas de las Administraciones Públicas nacionales de las últimas décadas, sobre todo a partir de la ley del suelo del Gobierno del Partido Popular de 1998, han sido cómplices de esa dinámica, con unas consecuencias nefastas para la mayoría de la población. Y muchos de los beneficios de las burbujas especulativas y de los gestores del sistema financiero responsables de esta dinámica se han materializado en grandes ingresos personales para los especuladores, que en algunos casos han salido de España y se han refugiado en paraísos fiscales para evadir la correspondiente fiscalidad (el señor Bárcenas, pero no sólo, ha sido un buen ejemplo del proceso). Mientras la inmensa mayoría de la población está pagando la situación financiera creada y el rescate del sistema financiero, los beneficios individuales de la inmensa mayoría de los responsables siguen a buen recaudo, sin que ni la Unión Europea ni los Gobiernos de los Estados de la Unión hayan considerado conveniente intervenir en la depuración de sus responsabilidades, ni en la recuperación de los beneficios derivados de su comportamiento.

En un artículo de mayo de 2012 hacía referencia al Programa de Estabilidad 2012-2015 y al Programa Nacional de Reformas 2012, presentados por el Gobierno el 27 de abril de 2012. En ellos se señalaba que sus retos eran “Abordar los desequilibrios acumulados para alcanzar una senda de crecimiento sostenible, equilibrada y generadora de empleo en el medio plazo”, habiendo previamente centrado estos desequilibrios en:

1. El deterioro del mercado de trabajo, debido a una excesiva rigidez y un mercado ineficiente.

2. El deterioro de la solvencia del sector financiero debido a su exposición al sector inmobiliario.

3. La falta de control de las finanzas públicas, como consecuencia de políticas fiscales expansivas ineficientes.

4. La debilidad del crecimiento económico.

Y en este diagnóstico y objetivos basaban la que decían, con una falsa cantinela reproducida también por la Comisión Europea y por Alemania y sus adláteres, era la “única alternativa de actuación” desde una posición unilateral basada en un famoso dilema producido en los años 30 del siglo pasado entre las posiciones de los seguidores de Hayek y de los actuales neoliberales (austeridad y restricción financiera, ahora emuladas en las exigencias de Comisión y alemanes) frente a los Keynesianos (defensores de la intervención pública eficiente y productiva, sustitutiva de la inevitable caída de la demanda privada en situaciones de sobreendeudamiento y recesión). El resultado histórico de las políticas “Hayekianas” ayudó a conducir a una situación precisamente no deseable (nazismo, Segunda Guerra Mundial,…). ¿Se busca ahora este camino o se es incapaz de aprender de la historia? ¿O son indiferentes a lo que pueda pasar mientras se mantenga el beneficio de los que salen favorecidos en esta situación, que no es precisamente la mayoría de la sociedad?

La austeridad y el control del déficit, defendido también por el Gobierno actual en 2012 como “única medida posible” y recogido en los citados documentos (que también incorporaban las medidas ya llevadas a cabo en los cuatro meses de Gobierno anteriores a su presentación) incluían medidas adicionales que se justificaban con unos efectos previsibles, tan optimistas como los que un par de años antes el Fondo Monetario Internacional (FMI) esperaba de este tipo de medidas en sus previsiones. Previsiones y realidades de esas políticas tradicionales de austeridad, ajuste fiscal y recortes, que podemos constatar en el Cuadro siguiente:

tabla1

Y hay que admitir el “éxito” de estas previsiones con errores que llegan hasta el 3.300% para casos como el de Grecia, o del 500% para el caso portugués. Cifras que no sorprenden cuando se comparan con los resultados que ya habían obtenido en crisis anteriores, pero que no son óbice para que las políticas que obtienen tan “magros” resultados sean defendidas (aunque parece que con entusiasmo decreciente) por sus autores. Y así, el informe de abril de 2013 del FMI, o las recomendaciones-imposiciones de la troika (los señores de negro que nos dirigen) siguen abogando por su mantenimiento porque a algunos países europeos parece no irles tan mal; y eso que para 2012 los resultados reales, incluso de Alemania, se encuentren muy por debajo de las cifras previstas.

Y, así, el FMI, la Comisión, Alemania y sus países más afines siguen manteniendo las mismas recetas como fundamentales, aunque prolongando los objetivos de ajuste fiscal, reformas y austeridad en el tiempo, con nuevas perspectivas de que “en unos años” las cosas irán mejor, tal y como muestran las nuevas previsiones: para 2013 las cosas seguirán yendo mal, pero en 2014, “se arreglan” (el año pasado se arreglaban en 2013 y, probablemente, el año que viene pronosticarán que se arreglarán en 2015):

tabla2

No hay que ser muy ducho en economía para darse cuenta que las políticas económicas nunca han sido únicas y que los planteamientos de las mismas son fundamentalmente ideológicos; o, lo que es lo mismo, prioritariamente de defensa de intereses de grupos sociales concretos. ¿No han sido suficientemente claros los intereses y la presión de los mercados financiero-especulativos contra España y contra el euro a lo largo de todo 2012?. No sólo no se produjo el incremento de la confianza en España “porque ahora habían ganado los nuestros y van a llevar a cabo nuestras políticas”, como esperaba Rajoy y citaban algunos “traders” españoles, sino que la evolución de la prima de riesgo durante 2012 puede considerarse como paradigmática de cómo la presión de esos intereses (y sus beneficios a corto plazo) pueden condicionar la evolución de un país y el empobrecimiento de su clase media, pensionistas y trabajadores que pasan a engrosar las cifras de parados, en cifras que ningún Gobierno debería permitir.

La semana pasada el Gobierno español ha revisado y enviado a Bruselas sus nuevos Programa Nacional de Reformas y Programa de Estabilidad (26 de abril de 2013) en los que la realidad muestra el error de sus previsiones de las cifras propuestas en sus respectivos documentos de 2012, pero en los que los discursos siguen siendo los mismos, si bien las previsiones ahora se ajustan en mayor medida a las cifras de los organismos internacionales, porque “la troika de los hombres de negro” no les admiten nuevos ejercicios de voluntarismo optimista:

grafico

La primera reflexión, obvia, ha de centrarse en ver en qué medida las políticas que desde diciembre de 2011 está aplicando el Gobierno popular han permitido avanzar hacia los objetivos que señalaban como justificativos de las mismas. Así, con respecto al primer desequilibrio y su segundo supuesto objetivo de “lucha contra el paro” a través de la Reforma laboral, nunca el problema del paro había alcanzado, en términos absolutos, la magnitud de la EPA del primer trimestre de 2013. Pero lo peor es que el propio Gobierno espera que esa magnitud siga creciendo este año, y que el año 2015 el paro se encuentre por encima de las cifras que encontraron en el 2011, y eso que sus previsiones son mejores que las que realizan muchos analistas nacionales e internacionales.

En 2012, tras la reforma laboral y las medidas propugnadas, nos preguntábamos en las páginas de esta sección si el Gobierno pretendía una caída brutal del paro en 2012 y 2013, sin importarle las consecuencias sociales que podía tener este hecho, para llegar remontando a las próximas elecciones y decir que estaba sacando de la crisis al país. Ahora parece que si ésta era la intención sus previsiones parecen contradecir también ese objetivo, si bien sus nefastas consecuencias socioeconómicas están a la vista de todos: paro creciente, fuerte reducción de los salarios reales, desequilibrio de la distribución del valor añadido a favor de los beneficios y rentas del capital, incremento inaceptable de las personas en riesgo de pobreza, agravamiento de la situación de los pensionistas y parados sin cobertura, clase media en empobrecimiento continuo, y radicalización de la población hacia los extremos del arco político, como ya se está constatando en las últimas elecciones celebradas en el seno de la UE.

Ante el panorama del fracaso de sus políticas en la evolución del PIB y del paro, el Gobierno aduce, falsamente, que ha reducido el déficit y que ha recuperado la confianza de los mercados, estableciendo una senda que nos lleva hacia el crecimiento para 2014 (hace seis meses era para el segundo trimestre de 2013). Pero, con respecto a la reducción del déficit, Eurostat es claro: en términos homogéneos y comparativos, el déficit de España, en 2011 era del 9,4%; en 2012 ha sido del 10,6%, con un incremento de más de un 12%. Con respecto a la deuda, otro de los criterios justificadores del justamente denominado “austericidio”, se ha pasado de un 69,3%, en 2011, a un 84,2%, en 2012, con un incremento de más del 21%. ¿Dónde está el éxito? ¿En que la prima de riesgo ha bajado hasta niveles del orden de 280 puntos básicos, después de que este Gobierno la colocara en cifras record de cerca de 640 puntos básicos, amenazando con la intervención ampliada respecto a la actual conseguida en 2012 por este Gobierno? ¿En que en diciembre de 2011 España se situaba entre Italia y Alemania en su prima de riesgo, a unos 200 puntos básicos de diferencia, respectivamente, y ahora es la que se encuentra en peor posición a más de 30 puntos básicos de Italia? ¿O será una muestra de éxito en la confianza de los mercados que la fuga de capital extranjero se haya más que duplicado durante 2012, pasando de 73,4 millones de euros, en 2011, a 179,2 millones, en 2012, según datos del Banco de España?

Afortunadamente, las actuaciones del Banco Central Europeo han ayudado a revertir muchos de estos indicadores, tanto con el Gobierno anterior como con el actual, haciendo cierta la afirmación de que una parte muy sustancial de la solución a los problemas en la Eurozona, mientras exista una moneda común, no depende de los países. Pero también es cierto que otra parte muy sustancial depende de las políticas nacionales y de la defensa de los intereses de cada país ante la propia Unión Europea. Y, desde mayo de 2010 no se puede decir que el Gobierno español haya sabido mantener una postura inteligente ni positiva para la defensa de los intereses de los españoles. Y ello ha tenido también sus consecuencias territoriales, que son el aspecto que nos interesa en este artículo, desde un aspecto que es central en economía: lo importante no son tanto los valores absolutos como los relativos, cuales son las ventajas comparativas, la competitividad, la productividad o el nivel de bienestar de la ciudadanía en distintos territorios, ya que ello condiciona su devenir en aspectos fundamentales como las migraciones, la cohesión social o la desafección ciudadana a las instituciones o a la propia democracia.

La primera consecuencia a nivel del conjunto del Estado español y de sus ciudadanos, se sitúa en la evolución comparada de la renta per cápita. Ésta, según Eurostat, ha pasado de representar el 81,6% de la media de la Eurozona, en 2011, al 79,6%, en 2012, perdiendo posiciones respecto a 19 de los 27 países de la UE, y sólo empeorando menos que la República Checa, Grecia, Chipre, Hungría, Portugal, Eslovenia y, tal vez, porque no existen datos comparables, Rumanía. ¿Es suficientemente claro este hecho para valorar la eficiencia de las políticas españolas del Gobierno actual? Porque ese resultado ha sido producto de dos hechos muy claros decididos única y exclusivamente por el Gobierno actual: las medidas radicales de recortes en el consumo público y en los ingresos de los trabajadores, que han tenido como consecuencia una fuertísima caída del consumo; y una reducción en las inversiones públicas que han significado una caída del 41% respecto a las inversiones de 2011. Y todo para, finalmente, conseguir que gracias a estas políticas los ingresos del Estado hayan disminuido en mayor medida que el importe de los recortes, y que el conjunto de medidas de contracción fiscal haya devenido en mayor endeudamiento y déficit. Se han suprimido inversiones productivas con alto efecto multiplicador sobre la renta y el empleo, sin diferenciarlas de inversiones que, efectivamente, debían ser ralentizadas o suprimidas (aunque no todas ellas se han suprimido, como por ejemplo el AVE a Galicia o a otros destinos sin mínima justificación desde la perspectiva de su rentabilidad-tasa interna de retorno).

Y a nivel interno, también es valorable cómo han evolucionado las distintas regiones españolas en sus indicadores básicos. Así, 17 provincias de 50 tienen un paro superior al 30%, con tres –Cádiz, Jaén y Huelva- superando el 40%. Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias y Extremadura, como ha venido siendo históricamente, capitanean estas cifras de paro, a las que se han unido las Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla la Mancha, todas ellas pagando las consecuencias del ‘boom’ especulativo inmobiliario, y de las “particulares” políticas desarrolladas en Baleares y Comunidad Valenciana, cuyas responsabilidades esperamos que algún día depuren los tribunales. Y al paro y degradación de las condiciones de vida de amplios segmentos de la población, verdaderos cataclismos de la sociedad española, hay que unir la evolución registrada en el PIB per cápita regional o en las condiciones de vida de los ciudadanos. Respecto a las segundas todavía no se conocen los datos correspondientes a 2012, por lo que no es posible valorar cuantitativamente cómo han influido las políticas desarrolladas sobre la ya muy negativa situación existente en 2011, aunque entre aquellas y los niveles de paro hay una correlación muy elevada que nos obligan a esperar lo peor.

Con respecto a la evolución del PIB per cápita, nos encontramos que entre 2010 y 2012 ganan posiciones el País Vasco, Cataluña, Aragón, La Rioja, Baleares y Canarias, y las pierden Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía, Asturias, Valencia, Murcia, Navarra y Castilla y León, por este orden respectivo. El resultado es una mayor amplitud en las desigualdades entre las regiones (de una diferencia de 62,1 puntos en 2010 y una relación de 1 a 1,9 entre la renta per cápita del País Vasco y Extremadura, en 2010, se pasa a una de 67,8 puntos y una relación de 1 a 2,0 en 2012 entre estas mismas regiones) rompiendo la tendencia hacia la igualdad que habían significado los 26 años transcurridos desde la entrada en la actual Unión Europea, en 1986.

Y, ¿qué cabe esperar de los contenidos de los nuevos Programas Nacional de Reformas 2013 y de Estabilidad 2013-2016 presentados en Bruselas? Pues desgraciadamente, que se sigue con la ceguera de continuar contrayendo el consumo y la inversión pública, que llegará a representar la insólita cifra del 1,5% del PIB para 2016, abocando a la sociedad española a una crisis de la que parece que el Gobierno sólo confía en salir por la vía de que la caída de salarios -por la presión de los despidos y del paro- logren hacer atractivas las expectativas de beneficios para las empresas que les animen a invertir en España. O que la caída de los precios inmobiliarios, ante la ausencia de recursos para adquisición de vivienda por los españoles, vuelva a ser un atractivo para la adquisición por ciudadanos o agentes extranjeros para segunda residencia o para lavado de dinero negro. ¿Vuelta a una nueva burbuja inmobiliaria como solución?

Complementariamente, desde el punto de vista territorial, las exigencias a las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, abocadas a la misma línea política que la del Gobierno central, también tienen consecuencias prácticas en la inviabilidad de mantener la sociedad del bienestar, y de obligar a continuar en su degradación en la enseñanza, sanidad, dependencia, equipamiento y dotaciones públicas, ya muy deterioradas en el último año de experiencia en la consolidación fiscal a cualquier coste. Y en aquellos territorios en los que la intervención pública compensatoria de las desigualdades tenía un mayor peso, los efectos negativos volverán a incidir con mayor fuerza, reduciendo aún en mayor medida los niveles de cohesión territorial logrados.

Tanto en el Ministerio de Economía como en el de Hacienda o de Agricultura los técnicos son conscientes de estos hechos y de su negativa repercusión sobre la cohesión económica, social, territorial y ambiental; y, sin embargo, el rumbo no varía. Y algunas de las medidas específicas ya aprobadas o incorporadas en los nuevos documentos, a las que nos referiremos en un próximo artículo, van a tener unas consecuencias sobre los niveles de cohesión que difícilmente pueden considerarse positivas para el territorio y los ciudadanos españoles, y que van a ser de muy difícil reversión en las próximas décadas. Aunque también es verdad que al Partido Popular ya ni siquiera le preocupa el medio plazo y los efectos sociales de sus políticas, porque no atisba en el horizonte electoral próximo, la existencia de ninguna oposición que pueda poner en cuestión su triunfo. O la oposición logra generar un programa y un líder capaz de hacer creíble la existencia de una alternativa mejor para la mayoría de la sociedad o, dentro de una década a España “no la reconocerá ni la madre que la parió” pero no precisamente en el sentido que se aplicó está expresión en la década de los ochenta.