Como consecuencia, los mercados, las agencias de calificación de “riesgo- país” y, cómo no, los especuladores, están penalizando la deuda del Estado. Ante esta situación, el gobierno Zapatero ha aprobado tres medidas de urgencia relativas a garantizar las pensiones, el plan de austeridad a tres años (50.000 millones de euros), y la controvertida reforma laboral con la pretensión de avanzar en la lucha contra el desempleo.

Sin embargo, la impresión de una buena parte de la ciudadanía es que, con estas medidas, Zapatero ha cedido finalmente a la presión del FMI, Banco de España, OCDE, CEOE, y expertos de corte neoliberal, supeditando la “democracia participativa” a grupos de presión en defensa de intereses concretos, algunos relacionados con los fondos complementarios de pensiones. Muchos ciudadanos desconfían de que con medidas mediáticas y a corto plazo se resuelva el problema derivado del fundamentalismo del mercado y de la deuda, y exigen que un gobierno socialdemócrata gobierne prioritariamente para los trabajadores que, no debemos olvidar, son sus electores. Estas consideraciones explican que un problema económico se convierta en un problema con fuerte contenido político, que pone en riesgo al gobierno y a su presidente y genera una fuerte inquietud en el PSOE, acuciado por el resultado de las encuestas de cara a las próximas confrontaciones electorales en ayuntamientos y CCAA.

Las medidas- sin documentación conocida que las justifique- relativas a las pensiones (alargar indiscriminadamente la jubilación a los 67 años, ampliar el cómputo de años para el cálculo de la pensión, o elevar el mínimo de años para tener derecho a la misma) se han aprobado por el gobierno sin consultar a los sindicatos y al Pacto de Toledo- encargado de garantizar el futuro de las pensiones-, lo que resulta incomprensible y contradictorio con lo que se venía haciendo hasta ahora; inútil desde el punto de vista de la resolución de la crisis y la lucha contra el desempleo; lesivo para los intereses de los más desfavorecidos; y causante de una verdadera alarma social en una sociedad castigada por la crisis, sin ninguna necesidad, y que ha generado un primer enfrentamiento con los sindicatos que han practicado hasta ahora una política de responsabilidad y moderación contrastada (no conviene olvidar que no hay más radical que un moderado engañado).

Analizando el problema de fondo hay que decir alto y claro que la Seguridad Social (SS) no está en riesgo, como se viene pronosticando desde hace décadas; sin ir más lejos, hace unos meses el gobierno aceptó reducir 2 puntos- de los 5 planteados por la CEOE en la mesa del diálogo social – la cotización de los empresarios a la SS. Incluso, en un contexto de crisis ha tenido superávit (8.500 millones de euros este año) y cuenta con un fondo de reserva de 62.000 millones. En términos comparativos, sólo Noruega, Islandia, y Alemania han elevado la edad de jubilación a los 67 años y en la mayoría de los países es de 65, y en muchos de ellos menor. Las pensiones se encuentran tres puntos del PIB por debajo de la media de la UE-27, y España está, en protección social, a más de seis puntos de la media europea.

El retraso de 2 años en la jubilación supondría además reducir en 2 puntos del PIB el gasto en pensiones y la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la jubilación de 15 a 20 años supondría una reducción media de la jubilación de algo más del 5% y ampliarla a toda la vida laboral podría llegar al 17%, según datos de UGT.

Con estos datos no se justifica, en absoluto, que se quiera resolver el hipotético problema futuro (2.025-2.030) recortando únicamente las pensiones de los más desfavorecidos, como serán los futuros jubilados. Hay que estudiar otras medidas, que siempre serán preferidas, como son las relativas a los ingresos que no tienen porque estar supeditados, exclusivamente, a las cotizaciones de empresarios y trabajadores sino que se puede recurrir, en caso necesario, a los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre ya en algunos países de la UE.

A corto y medio plazo se pueden y deben, además, impulsar medidas asumidas por todas las partes: potenciar el alargar voluntariamente la jubilación, reforzando las bonificaciones; diferenciar actividades y trabajos (no es lo mismo un peón de albañil que un catedrático de universidad); culminar el proceso de separación de fuentes de financiación (complemento a mínimos previsto para el 2013, entre otras medidas); y frenar con contundencia las prejubilaciones que penalizan las cuentas de la SS y favorecen a los empresarios, con el propósito de hacer coincidir la edad real de jubilación (63,7 años, según la SS) con la legal. Por eso hay que endurecer el recurso a las prejubilaciones con dinero público hasta conseguir erradicarlas. Es inmoral que personas en plenas facultades físicas y mentales dejen la vida laboral desde los 52 años, cuando disponen de sobrada experiencia, madurez, y conocimientos, y sobre todo es intolerable que se haga con el conocimiento de la autoridad laboral.

Una última consideración se refiere a las repercusiones que puede tener acortar la edad de jubilación. Por ejemplo, puede retrasar la entrada de jóvenes al mercado de trabajo, aumentar los gastos por incapacidad temporal en el tramo de edad cuya incidencia alcanza el porcentaje más alto (86,2), y hacer menos competitivas a las empresas por el envejecimiento de las plantillas (U. Carlos III. Incapacidad Temporal, marzo, 2009).

Por lo que respecta al plan de austeridad- siendo éste necesario-, debe hacer hincapié, de manera ejemplarizante, en los gastos ordinarios de funcionamiento evitando en lo posible el recorte del gasto público en inversión productiva, educación, investigación, innovación, y desarrollo, y por supuesto en el capítulo 1 (retribuciones de los empleados públicos acordadas con los sindicatos de la función pública).

Además de ello, el gobierno y el Banco de España deben presionar, dentro de lo posible, a bancos y promotores inmobiliarios, para reducir y sanear con rapidez el actual parque inmovilizado de viviendas (valorado en torno a 300.000 millones de euros) que está disparando la morosidad de cajas y bancos (5,05% de media, en noviembre pasado) que deben provisionar con cantidades monetarias que se deberían canalizar a empresas, autónomos, y particulares, con el propósito de fomentar la inversión productiva y el consumo y, por añadidura, el crecimiento económico y el empleo, que es lo que resulta prioritario.

Lo mismo se puede manifestar sobre el capítulo relativo a los ingresos fiscales, y en particular a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida (por encima del 20%, según todas las fuentes), que requiere una actuación más decidida y contundente de la inspección fiscal, después de apostar por una política fiscal más progresista encaminada a dotar de suficiencia, progresividad, y equidad al sistema. Esta política debería ser la referencia obligada de un proyecto socialdemócrata, entre otras cosas, porque resolvería los problemas relativos al déficit y la deuda.

En cuanto a la reforma laboral-que está suscitando expectativas exageradas en cuanto a la creación de empleo, cuando éste depende de que la economía crezca por encima del 2%-, debemos manifestar que su presentación no ha tenido nada que ver con la que se hizo en relación con las pensiones por lo que cabe, con el documento presentado, una negociación tripartita que conduzca a un acuerdo que nos ayude a salir de la crisis. Todo indica que Zapatero ha tomado buena nota del fiasco de las pensiones y quiere pasar página y olvidar lo ocurrido la última semana de enero.

Las medidas propuestas por el gobierno pretenden evitar la destrucción de empleo y, paralelamente, ayudar a crear puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes que son los más afectados por la crisis (programa extraordinario de empleo); impulsar la contratación indefinida, examinando el contrato de fomento de la contratación indefinida (año1997), que prevé una indemnización por despido de 33 días por año; reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo, a la cabeza de la UE, penalizando la contratación temporal abusiva, que debe ser perseguida más eficazmente por la Inspección de Trabajo; fomentar la contratación a tiempo parcial acercándola a la media europea; racionalizar la negociación colectiva y potenciar la articulación de los convenios estatales de sector con los territorios y empresas (flexibilidad interna: movilidad, adaptabilidad, y productividad); reducir la jornada como alternativa al despido (modelo alemán); revisar las bonificaciones a la contratación en función de su eficacia, incrementando las bonificaciones a la contratación de jóvenes, discapacitados, y víctimas de violencia de género; impulsar medidas tendentes a reducir el absentismo laboral: incapacidad temporal y mutualidades laborales; y reformar las oficinas públicas de empleo y potenciar su intermediación, estudiando acuerdos de colaboración con las agencias privadas de recolocación de trabajadores.

Se trata de un documento que contempla los asuntos a discutir sin que ningún interlocutor se sienta especialmente molesto. Eso explica la valoración positiva de los interlocutores sociales. Las partes, además, se han comprometido a negociar con la rapidez que la situación aconseja en la perspectiva de conseguir un acuerdo en torno a dos meses. A ello debe contribuir el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado y la responsabilidad de los sindicatos comprometidos a no plantear en la reforma laboral el conflicto de las pensiones, que tendrá su propia dinámica (Pacto de Toledo) y será compatible con las campañas de información y de movilización de CCOO y UGT, convocadas para finales de mes en todas las CCAA.

El documento ha tenido una buena acogida mediática y el PP no se ha opuesto frontalmente. Ahora sólo hace falta altura de miras y visión de Estado- es la hora de la política-, porque las “cuentas” no se arreglan por si solas; eso sí, sabiendo que la salida de la crisis no se puede hacer a costa de los trabajadores.