En consecuencia, son familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes (si bien ninguna de estas familias manifiesta acudir a comedores sociales o recibir ayudas alimentarias), y sus principales gastos son el pago de las hipotecas de sus viviendas y, fundamentalmente, costes vinculados con el cuidado de la persona discapacitada. Estas circunstancias conllevan que no tengan capacidad de ahorro, hecho que puede agravarse, teniendo en cuenta las escasas redes familiares/sociales de las que disponen en caso de necesidad o de apuro.

Así las cosas, son espacios de afecto y de reciprocidades, en donde el cuidador suele ser una mujer, la esposa, la hija o la madre del discapacitado, si bien dicen recibir apoyo de sus seres queridos más próximos (hijos/as, abuelos/as y esposas/os). Esta situación en la que viven es una variable que apenas compromete su realidad, puesto que no cuentan con otras redes sociales de apoyo, resultando sintomático que no mantengan vínculos con los vecinos. Por otro lado, a consecuencia de la actual situación, los vínculos con sus familiares más cercanos se han resentido, pues, en algunos casos, declaran que sufren cuadros de ansiedad, mal humor y pesimismo vital.

En este sentido, los hogares se convierten en su mundo particular, con pocos contactos con el exterior. Hogares, por otro lado, que exigirían una mejor accesibilidad y adaptación a las circunstancias de la persona con discapacidad. En las que, en estos momentos, algunas familias indican que ya no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno, a pesar de vivir, algunas de ellas, una cuasi reclusión involuntaria.

En general, estas familias participan de una cultura del esfuerzo y la solidaridad, ya que consideran que las ayudas sociales deben estar dirigidas hacia las personas que realmente lo necesitan y como derecho de ciudadanía. Se sienten correctamente tratados por los profesionales de servicios sociales, denotan una gran preocupación ante los recortes en materia de discapacidad, y reivindican ayudas que consideran deberían ir más allá de las estrictamente económicas. En este contexto, se constatan numerosas críticas a la implementación y disfuncionalidades de la ‘Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia’, en particular al excesivo tiempo de espera para la fase de valoración de la persona afectada.

Respecto al futuro inmediato de nuestro país y de sus vidas subyace un discurso pesimista. No creen que vaya a producirse, a corto plazo, un cambio de tendencia y, en cualquier caso, consideran que la principal vía de solución vendría de la mano “… del empleo…”, pero también “… de la subida de los sueldos” y de que, “…. las prestaciones (para las personas con discapacidad) fueran razonablemente dignas”.

La estrategia familiar que han desplegado a raíz de la crisis consiste básicamente en una contención del gasto en ámbitos básicos como en electricidad, agua y teléfono, pero también en todo aquello relacionado con el ocio y el tiempo libre, constatándose que cada vez en mayor grado viven «al día», sin recurrir apenas a tarjetas de créditos, anticipo de nóminas, préstamos de Bancos, ni ayudas económicas de amigos o familiares.

Asimismo, se constata que no hay una planificación calculada respecto al futuro de los familiares con discapacidad, mostrándose una gran preocupación cuando ellos falten. No confían en que la Administración vaya a ampararlos, ni siquiera sus entornos más próximos, pues, según manifiestaron algunos: “… nadie se quiere hacer cargo de una persona con discapacidad”.

En definitiva, las familias estudiadas por el GETS, a pesar de la fortaleza de sus espacios de convivencia, están acusando notablemente la crisis económica. A sus precarias circunstancias monetarias se añade la complejidad asociada a la atención del discapacitado. El impacto del paro tiene repercusiones muy acusadas, pues a pesar de que lleven una estricta planificación de gastos, y no piensan que en los próximos meses vaya a empeorar su posición, cuando el propio afectado o alguno de los integrantes de su familia pierden el trabajo se tambalea seriamente su día a día, aun cuando tengan un umbral alto de resistencia ante las adversidades.

Para contribuir a mejorar el bienestar y la seguridad de estas familias sería preciso -según los consultados del estudio del GETS- que se recupere la oferta de trabajo (y su calidad) para toda la población y para este sector en concreto. También se plantea la necesidad de reorientar las ayudas y prestaciones que reciben, que más allá de las estrictamente económicas, deberían incluir un abanico amplio de iniciativas a su atención integral, en función de sus particularidades concretas.