La crisis económica está impactando muy particularmente sobre las familias con personas discapacitadas, tal como se pone de manifiesto en la investigación ‘Riesgos de vulnerabilidad de las familias españolas en un contexto de crisis’ realizada, por el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales en el año 2011, a hogares con ingresos entre el 60% y el 80% de la renta anual neta media, con y sin personas discapacitadas. Una investigación en la que se efectuaron, en varias fases, dos rondas de cuestionarios en diversos puntos de la geografía española, para medir cómo y en qué medida les estaba perjudicando la actual situación.

Los datos de este estudio constatan que las familias con personas discapacitadas se muestran más de acuerdo, que el resto de las familias, con la idea de que “cualquier familia, independientemente de sus ingresos u origen, puede verse afectada por una grave situación económica”. Posiblemente se deba a la contingencia y circunstancias que rodean el día a día de la discapacidad, que puede iniciarse en etapas tempranas de la vida o estar vinculada al envejecimiento de la población.

Por otro lado, el 75% de los entrevistados pertenecientes a familias con personas discapacitadas, en buena medida los propios cuidadores, no contestan a la pregunta de si su salud se está viendo afectada por la crisis. No sucede igual con las familias sin personas discapacitadas, pues a pesar de que el 58,3% de los entrevistados declaren que les está repercutiendo, un 41,7% no contestan a esta cuestión. Una lectura de esta información permite plantear la hipótesis de que las familias con discapacitados, a consecuencia de su mayor retraimiento y particularidades, son espacios blindados de solidaridad, que focalizan su energía en la atención de la persona con discapacidad y cuyos integrantes, especialmente los más próximos, están “obligados” a mantenerse fuertes, máxime en momentos como en los que estamos inmersos.

En este sentido, se pone de relieve que estas familias se encuentran en una posición de aislamiento social y, consecuentemente, disponen de menos recursos familiares/relacionales a los que acudir en caso de necesitar ayuda. De hecho, el 19,5% de estas familias no tienen ningún familiar o amigo que les pueda echar una mano en caso de problemas o apuros, a diferencia del 7,8% de las familias sin personas discapacitadas.

Circunstancias que pueden problematizarse, a tenor de su baja capacidad de ahorro y del distanciamiento, a consecuencia de la crisis, respecto a otros miembros de su familia. No en vano, el 80,9% no pueden ahorrar nada al mes (el 70,1% de las familias sin discapacitados), el 71,4% no dispone de ahorros superiores a 6.000 euros de los cuales poder disponer en caso de necesidad o una urgencia (el 56,7% de las familias sin discapacitados) y el 19% percibe que sus relaciones con otros miembros de su familia se están resintiendo (el 7,5% de las familias sin discapacitados).

En definitiva, a las familias con personas discapacitadas del estudio del GETS, a las dificultades propias, derivadas de su precaria situación económica, se le añaden problemáticas específicas que, en sí mismas, son factores exclusógenos de primer nivel. Factores estructurales, asociados al efecto que está teniendo la pérdida del trabajo de los familiares directos de la persona discapacitada, así como las escuetas ayudas institucionales que reciben y los recortes sociales a los que asistimos; factores familiares/relacionales vinculados a su “soledad social” y factores personales adscritos a la gravedad de la discapacidad de la persona en particular.

Es preciso que se produzca un cambio de rumbo en las políticas familiares y sociales, pues casos recientes de familias desahuciadas con discapacitados nos ponen sobre la pista de lo que puede estar por llegar.