La economía española padece una tasa de paro del 22% sobre la población activa al terminar 2011, según la encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra realmente escandalosa, que lo es aún más, si tenemos en cuenta el paro juvenil, y por si fuera poco es la más alta, con mucha diferencia, de toda la Unión Europea (UE).
El paro tan elevado que tiene lugar en la economía española no deja de ser una anomalía, pues la caída de la actividad económica no ha sido superior a la de los otros países de la UE. Si se observan los datos comparativos de España con la UE-17, como con los de la UE-27, la evolución es similar. Es más, a partir de 2007, que es cuando tiene lugar la desaceleración del crecimiento económico, el descenso en las tasas de variación interanual del PIB es menor en la economía española hasta bien avanzado el año 2009. El decrecimiento que tiene lugar en estas tasas llega a ser del -6% en el conjunto de la UE, en el año 2009, mientras que en la economía española fue un poco superior al -4%.
En el año 2009 es cuando se alcanzaron las tasas más altas en el decrecimiento de PIB, y a partir de ahí, empiezan a ser menores, eso sí con tasas negativas, hasta el año 2010. La recuperación muy leve es algo mayor en los países de la UE que en la economía española. De manera que la economía española tuvo una caída inferior que el conjunto de la UE, pero posteriormente la recesión se mantuvo más tiempo, y las tasas de crecimiento positivas son menores. De estos datos lo que se infiere es que a dos grandes problemas, pero no a los únicos, a los que se enfrenta la economía de nuestro país son: una excesiva tasa de desempleo, y a una falta de crecimiento.
El elevado desempleo existente en España que no se corresponde con la caída de la actividad económica, tal como hemos puesto de manifiesto, conduce a que cierto número de economistas, empresarios, y políticos conservadores, de una manera un tanto simple consideren que los problemas se derivan del mercado laboral. Algunos de estos economistas reconocen, no obstante, que la crisis no tiene aquí su origen, pero estiman que es necesario reformarlo para frenar la destrucción de empleo, impulsar la recuperación y consolidar un modelo económico estable cuando tenga lugar ésta.
Las proposiciones que se hacen siempre suponen, con diferentes matices, recortes en los derechos de los trabajadores, y lo que se consigue con ello no es la creación de empleo sino facilitar aún más si cabe el despido. Se parte de premisas falsas como es la afirmación de que el mercado laboral español es demasiado rígido y protector de los trabajadores, con lo que se dificulta la contratación. Es cierto que el mercado laboral adolece de una dualidad, entre trabajadores estables con derechos reconocidos, y trabajadores en situación precaria sin apenas derechos. Esto se debe a que desde los años ochenta del siglo pasado se han realizado un gran número de reformas laborales, y todas ellas han supuesto una flexibilización del mercado de trabajo.
Esta situación de precariedad en la que se encuentra un segmento significativo de la población trabajadora no es, por tanto, un impedimento para la contratación, pues despedir resulta barato. Lo que se ha conseguido con tanta precariedad en el puesto de trabajo es que el despido se haya dado en la economía española en mayor medida que en otras de la UE. Los empresarios han despedido con demasiada facilidad, incluso en empresas con beneficios.
La reciente reforma no tiene precedentes y es la más agresiva que se ha hecho contra los trabajadores. Una reforma que abarata más el despido y que no es por sí misma creadora de empleo. El empleo se creará cuando se produzca, sí es que tiene lugar, la incierta recuperación, y cuya posibilidad de darse se aleja y se dificulta aún más debido a que las medidas tomadas van en dirección contraria a conseguirlo. En el supuesto de lograrse la recuperación, el desempleo va a seguir siendo demasiado elevado durante un periodo de tiempo largo, pero el empleo que se vaya creando lo será en condiciones laborales y salarios más bajos que los que había antes de la crisis, lo que supondrá dificultades para recuperar el consumo, y afectará al bienestar de grandes capas de la población española.
El paro en España es tan elevado, aparte de lo que acabamos de señalar, por la estructura productiva, y sobre todo por la caída tan brusca que ha sufrido el sector de la construcción, y de todas las empresas que se han visto afectadas por ser suministradoras de bienes y servicios a esta actividad económica. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha tenido consecuencias muy fuertes en las empresas de la construcción, en los promotores inmobiliarios, y en todas las actividades que dependían muy estrechamente de todo lo que suponían las edificaciones, residenciales y empresariales, e infraestructuras. Ha afectado, además, profundamente al sector financiero, en gran parte responsable de esa burbuja, debido a que la alimentaba con concesiones de créditos, y que ha visto como en poco tiempo se ha disparado la morosidad.
Por esto es por lo que el crecimiento, una vez tocado fondo, es mucho más tímido en la economía española que en la media de la UE, y lo que hay que hacer es apostar por sectores económicos que puedan desempeñar un papel de arrastre del conjunto de la actividad económica. Esto es lo que no se está haciendo, y no solamente no se hace, sino que se va en dirección contraria con recortes en educación e investigación. No existe una política de transferencia tecnológica y se recortan las posibilidades de desarrollar las energías renovables.
Mientras tanto, los datos de la Contabilidad de España, la encuesta del INE sobre Condiciones de Vida, y las informaciones del informe presentado recientemente por Cáritas y la Fundación Foessa, proporcionan datos del aumento de la desigualdad, de la merma de los ingresos de la mayoría de hogares españoles, y del incremento de la pobreza. Los costes de la crisis recaen sobre los asalariados y pequeños y medianos empresarios, al tiempo que los ricos aumentan sus ingresos y patrimonio.
