Como es habitual, los titulares de estos centros segregadores, generalmente asociados a congregaciones religiosas extremistas, reaccionan en defensa de los idearios que justifican tal conducta y exigen respeto a la libertad de los padres que eligen sus colegios.

Resulta lógico que los responsables de los colegios pidan que no se les corte el suministro de fondos públicos. Y resulta lógico también que cada vez más gobiernos regionales condicionen estas ayudas al cumplimiento de la ley y de la Constitución Española.

Lo que ha sorprendido en estos días es la irrupción en el debate de algunas firmas supuestamente «progresistas» que desde las páginas de algunos respetables diarios europeos, como Liberation, coinciden con las estrategias del fundamentalismo católico y procuran justificar la segregación escolar con argumentos supuestamente racionales.

Sostienen estos intelectuales que la segregación no solo no perjudica a la causa de la igualdad de género, sino que beneficia expresamente a las principales víctimas de la desigualdad. Es decir, a las mujeres. Según sus criterios, al madurar antes y disfrutar de una mayor capacidad de desarrollo personal e intelectual desde edades tempranas, las niñas son las más perjudicadas por el «despiste» y «la pérdida de energía» que inevitablemente se produce en la «interacción» de ellas con ellos en un espacio cerrado y durante el tiempo destinado al aprendizaje.

No sabría como calificar la mentalidad que considera la «interacción» entre niños y niñas en un aula escolar como un hecho negativo y arriesgado. Y me produce perplejidad el razonamiento que lleva a esa mentalidad a considerar que separando a los niños y a las niñas en aulas diferentes durante unas horas se puede neutralizar tal «interacción».

Ahora bien, lo que me causa más zozobra es pensar hasta dónde pueden llegar algunas administraciones como la Comunidad de Madrid en la aplicación de este ideario. Si la «interacción» de hombres y mujeres en un mismo espacio «despista» y produce «pérdida de energía», ¿cómo podemos permitir que cirujanos y enfermeras compartan quirófano en la sanidad pública? ¿Qué será del paciente ante tal riesgo? ¿Y qué hacer en las salas de control del tráfico aéreo donde aún coexisten técnicos y técnicas para pasmo de los viajeros?

Y, puestos a seguir con el argumento, ¿qué hacemos los diputados y las diputadas compartiendo escaño los unos a escasos centímetros de las otras durate horas y horas? ¿Hasta qué punto puede achacarse a tal «pérdida de energía» el crecimiento del paro? ¿Quizás, si los diputados y las diputadas nos reuniéramos en hemiciclos separados, seríamos más eficaces en la superación de la crisis económica?