Ahora bien, la principal crítica que cabría hacer es que la urgencia que el Gobierno ha impuesto al proceso y a su intensidad poco tiene que ver con la situación actual y a plazo medio de nuestro sistema de pensiones. Ha sido su irresponsabilidad a la hora de tomar conciencia y enfrentar la magnitud y los efectos de la crisis económica una de las principales causas por las que nuestro país ha quedado a merced de los especuladores que dominan los “mercados”, y ha impulsado a Zapatero a propiciar una panoplia de reformas más propias de quienes en Europa están empeñados en “tiburonear” el modelo social existente y su Estado de Bienestar que de una fuerza política de la izquierda.

España gasta un 6,5% de su PIB en lo que en Europa se llama función vejez (pensiones de jubilación básicamente). Italia nos dobla -13,1 por 100- y Austria, Suecia y Francia superan el 11 por 100. La media de la UE-15 esta algo por encima del 10%. Por otra parte, el porcentaje de mayores de 65 lo tenemos hoy un punto por debajo de la UE y somos el país donde el Estado menos aporta a la financiación de este tipo de pensiones. Tenemos, además, el sistema más saneado de Europa, como pone de manifiesto la existencia de un Fondo de Reserva de alrededor de setenta mil millones de euros. Sirvan estos datos para ilustrar que las prisas del Gobierno poco o nada tenían que ver con la situación del sistema de pensiones. Con menos prisas, con cadencias más acompasadas, contemplando de forma más integral los problemas que de cara al futuro debe afrontar nuestro sistema –el del nivel de empleo y su calidad es fundamental-, es seguro que el resultado hubiera sido más atractivo.

En todo caso, habida cuenta de la fruición con que el Gobierno y su Presidente han abrazado reformas laborales y sociales históricamente propias de la derecha, debemos agradecer a los sindicatos que su intervención haya evitado males mayores.