Sin embargo, no hay que fiarse sólo de las palabras. De palabras solemnes y grandes pronunciamientos sobre la familia no hemos estado deficitarios en España. La paradoja ha sido que muchos de los que tanto cacareaban sobre la importancia de la familia, o tanto se ufanaban sobre la fortaleza y raigambre de esa institución en España, apenas hacían nada concreto para apoyar a las familias en aquellos aspectos que resultan más necesarios en función de los cambios sociológicos y laborales de la sociedad española. De hecho, el reciente “cheque-bebé” es una de las pocas iniciativas de entidad que se han puesto en marcha en este sentido.

¿Cómo habría que plantear una política efectiva y realista de apoyo a las familias? En primer lugar, ateniéndonos a las condiciones y necesidades concretas que existen en la sociedad española. Los datos, en este sentido, son que cada vez se casan menos personas, se casan más tarde y tienen menos hijos (o ninguno). El problema de fondo es que en las actuales condiciones económicas, laborales, de carestía de la vivienda y de falta de suficientes estímulos fiscales a la natalidad, no resulta fácil formar una familia. Por eso, los hijos cada vez se emancipan más tarde y, en bastantes casos, ni siquiera se plantean la verosimilitud de un proyecto vital autónomo de cara al futuro, con pareja, hijos y una vivienda razonable. Cuando se analizan en detalle los datos sobre pobreza en España se constata, por ejemplo, que entre las familias formadas por dos adultos y tres o más hijos las tasas de pobreza llegan al 34,1%. Lo cual supone que son necesarios más apoyos económicos y más ventajas fiscales para tal tipo de familias. ¡Estos son los impuestos que habría que bajar y no los de los grandes patrimonios!

En sociedades como las actuales, en las que las mujeres jóvenes se han incorporado plenamente al trabajo –o desean hacerlo– y en las que la mayoría de las abuelas más jóvenes también trabajan y, por lo tanto, no se pueden quedar con los nietos cuando se necesita, es imprescindible que existan más guarderías públicas de calidad y que el período de baja maternal cubra el plazo que los especialistas consideran razonable desde el punto de vista de la salud y la madurez de los niños. En España esto supone hacer una fuerte inversión en guarderías y converger con la media europea de baja maternal, que prácticamente duplica la española.

Desde luego, una política efectiva de apoyo a la familia también exige plantearse las garantías de acceso a la vivienda y la calidad de los empleos (con sus correspondientes ingresos), en un contexto general en el que se hace patente la interrelación profunda que existe entre todas las políticas del Estado de Bienestar.

Por lo tanto, mientras no se entiendan con claridad estas cuestiones y mientras no existan compromisos concretos, y bien cuantificados, de avanzar en la dirección necesaria, todo lo demás no será sino permanecer anclados en una hueca palabrería.