Como síntesis, aunque estamos todavía lejos de que el Parlamento y la Unión Europea constituyan un referente de estado federal o confederal, no cabe duda de que el Tratado de Lisboa ha significado un paso importante hacia una mayor significación política de una Unión Europea excesivamente regida por criterios casi exclusivamente mercantilistas. Y ello tiene una significativa importancia en el caso de las Políticas de la Tierra, ya que la Unión Europea, fundamentalmente a través de iniciativas de su Comisión, ha mantenido una postura mundial vanguardista en campos ligados a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo sostenible y a la adaptación y mitigación del calentamiento global.
Aunque en anteriores artículos nos hemos referido a que no se ha hecho todo lo que se podía, y era necesario para asegurar el bienestar de los ciudadanos a largo plazo; o a que desde los inicios de la crisis, en 2008, se ha producido una fuerte regresión en los aspectos ligados a la sostenibilidad ambiental del desarrollo; o se ha subordinado este desarrollo a criterios fuertemente economicistas a corto plazo, ligados a los lobbies financieros y a los intereses de las multinacionales, lo cierto es que la Unión Europea y la Comisión, junto al Parlamento, han jugado y pueden seguir jugando un rol fundamental, si las mayorías del mismo incorporan adecuadamente las políticas necesarias para mantener la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo. Debido a ello es tan importante una votación que asegure posiciones del Parlamento garantistas de los intereses generales de los ciudadanos europeos, actuales y futuros, frente a políticas centradas en la defensa de intereses particulares de corporaciones multinacionales, fundamentalmente en los campos que mayores desigualdades están generando (dominio financiero-especulativo) o mayores peligros están produciendo para la propia supervivencia de la humanidad a largo plazo (calentamiento global asociado a los consumos y estructuras productivas energéticas, transporte y despilfarro social, fundamentalmente).
Aspectos muy importantes para países como España en los que la devaluación social y del patrimonio inmobiliario y financiero,derivados de la crisis y de las políticas “auestericidas” impuestas desde países claramente beneficiados por las mismas (como Alemania), han llevado a fuertísimos incrementos en los niveles de desigualdad social, y están permitiendo que fondos de inversión internacionales, y los propios fondos o sociedades de inversión de la población con mayores niveles de renta, acumulen “gangas relativas” patrimoniales, con lo que la incidencia futura previsible sobre la desigualdad cobra dimensiones crecientes. Realidad y previsiones a cuya constatación no es ajena la reciente publicación del libro de Thomas Piketty “Capital in TheTwenty-First Century”.
Como hemos señalado en otros artículos, las dinámicas ecológicas, tecnológicas y socioeconómicas, parecen encaminarnos a un proceso de transición hacia una nueva formación social. Proceso con características similares a otros ya registrados en la historia, pero con las peculiaridades propias de las relaciones técnicas, sociales, productivas y ecológicas que caracterizan a la actual sociedad en la que predomina la capacidad de gobierno del capitalismo financiero especulativo. Si a finales del siglo XVIII y XIX la revolución industrial, el éxodo del campo a la ciudad y el crecimiento demográfico significaron elementos básicos del cambio de modelo, en la actualidad las TIC, el desarrollo tecnológico, la dinámica demográfica, las desigualdades en los países soporte del capitalismo y de la sociedad de consumo, y la crisis ecológica, con su aspecto más significado en el calentamiento global, dibujan las bases de lo que puede ser el nuevo cambio de modelo social.Que la mayoría del Parlamento Europeo sea consciente de esta dinámica potencial, y promueva las medidas necesarias para asegurar una transición pacífica que permita mínimos costes socioeconómicos y ambientales en la misma, tiene una importancia trascendental.
Los economistas clásicos, como Malthus o David Ricardo, fallaron sus pronósticos respecto a que la escasez de recursos (alimentos o tierra cultivable) frente a la demanda de una población creciente daría lugar a situaciones catastróficas, porque olvidaron el papel del desarrollo científico-tecnológico y de las nuevas relaciones productivas y sociales que acompañarían a la revolución industrial y al capitalismo. Pero ello no invalida la importancia de la escasez en la dinámica social. Y el fenómeno se reproduce en la actualidad bajo premisas distintas pero mucho más amenazadoras; porque lo que está en juego es la capacidad del propio planeta y de sus ecosistemas para atender a las demandas crecientes de consumo, o a las consecuencias de las emisiones antropogénicas sobre el clima y los procesos de calentamiento global, fenómenos a los que hemos hecho referencia en los dos artículos anteriores de esta sección. El propio Piketty hace referencia a la problemática del precio de los inmuebles urbanos o del petróleo para señalar la fácil traslación del “apocalypsis Ricardiano” al siglo XXI (pág. 6). Se le olvida el agua o, sobre todo, la problemática del calentamiento global que, a diferencia del resto de los recursos (suelo urbano, agua, energía, etc.) no puede encontrar mecanismos equilibradores a través de los precios, salvo que los Gobiernos lleguen a acuerdos de internalización en los procesos productivos de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)causantes de dicho calentamiento global, o se haga obligatoria la captación y eliminación de dichas emisiones por sus productores.
Y aquí es donde radica la dificultad de la lucha contra el calentamiento global, la gravedad de sus posibles consecuencias anunciadas por los científicos, y la necesidad de acciones proactivas del Parlamento al respecto. Necesidad y posibilidad que se derivan del hecho de que el Parlamento Europeo es laúnica institución europeaelegida directamente por los ciudadanos de la Unión Europea, y de que su posición en los próximos cinco años es trascendental en temas como los señalados.
Tal y como señala el IPCC en su último Informe (véanse los artículos anteriores al respeto) el tiempo para reaccionar en materia de calentamiento global y evitar consecuencias catastróficas se va acortando de manera acelerada. El retrasar las medidas imprescindibles tendrá costes muy elevados para la humanidad, no sólo en términos económicos sino también en términos de salud de la población y de vidas humanas. El hacer realidad los contenidos de la Hoja de Ruta para una Economía Hipocarbónica en la Unión Europea, establecida por la propia Comisión, no debería quedar sólo en una muestra de buenas intenciones, sino convertirse en una exigencia regulada y controlada desde el propio Parlamento. Con ello se debería avanzar en el resto de Objetivos concordantes con la misma, como son la reducción y reversión del crecimiento de la “huella ecológica”; una atención más prioritaria al establecimiento de una fiscalización que tenga en cuenta la “huella de carbono” del ciclo de vida de los productos y servicios proporcionados a la población,asegurando que la producción y el consumo internalizan el conjunto de efectos externos –positivos y negativos- sobre la salud, los recursos naturales disponibles, los ecosistemas, la biodiversidad, o la calidad del agua de nuestros ríos y mares.
Las Directivas Europeas han mantenido una política de vanguardia en todos estos temas, convirtiendo a la Unión Europea en “el tuerto en el país de los ciegos”. Ceguedad que unida a la crisis generada por una economía financiero-especulativa global, ha implicado una creciente subordinación de los intereses generales, de la sociedad del bienestar y de la búsqueda de un desarrollo ambientalmente más sostenible (características de la Europa contemporánea que eran ejemplo para muchos países) a posiciones economicistas a corto plazo, que están olvidando esos Objetivos y la necesidad de su defensa prioritaria,no sólo por sus ventajas socioeconómicas a largo plazo, sino también por el creciente elevado coste asociado a su retraso e inevitable aplicación.
Hasta ahora, más de dos terceras partes de la regulación ambiental y sobre el medio rural con incidencia directa en los países de la Unión Europea, se proponen por la Comisión y se aprueban por el Consejo con el visto bueno del Parlamento. El próximo Parlamento Europeo incrementa su capacidad de codecidir con el Consejo Europeo y de impulsar medidas en campos que son fundamentales para lograr una adaptación y mitigación no traumática sobre el calentamiento global; sobre la calidad del agua que bebemos o la calidad el agua en que nos bañamos;sobre la reducción de los efectos perniciosos del aire que respiramos, o de la comida que comemos sobre la salud; sobre el mantenimiento de nuestros paisajes y de nuestra biodiversidad y sus efectos –directos o indirectos- sobre la salud; o sobre las implicaciones que sobre todos estos temas tiene el tipo de energía que consumimos y la eficiencia en el uso de la misma.
Como señalábamos en el artículo anterior, el tiempo para reaccionar y evitar males muy graves en sus consecuencias se va acabando. La falta de información para que la población tome conciencia y se responsabilice en estos temas, casa mal con la trascendencia e importancia que tienen para su bienestar actual y futuro. La colaboración de los medios de comunicación para lograr esa información adecuada sobre bases científicas sigue siendo marginal, probablemente porque tampoco interesa a sus propietarios. Y los principales partidos políticos reaccionan subordinando la prioridad de estos temas en consonancia con esa falta de conciencia social, colaborando así a que avancemos hacia situaciones que los científicos consideran absolutamente indeseables para el bienestar de la humanidad. ¿Hasta cuándo?
