El PSOE ha dedicado los dos últimos años a recuperar el crédito ciudadano, gobernando allí donde le ha correspondido, ejerciendo la oposición donde este ha sido el veredicto de las urnas, y renovando a fondo su propuesta de futuro para la ciudadanía. Hay un liderazgo elegido en el Congreso de Sevilla y hay un proyecto perfilado en la Conferencia de Madrid. En este 2014, además de proseguir aquellas tareas y afrontar las elecciones de Europa, toca elegir candidatos y candidatas para las autonómicas, las municipales y las generales. Esto último no es lo más importante, pero es importante hacerlo bien.

Parece existir consenso en torno a un calendario que llevará al final del año las convocatorias de elecciones primarias para presidentes autonómicos y para presidente del Gobierno de España, con alguna excepción justificada en clave regional. Existe un mandato congresual para que las primarias nacionales sumen la participación de militantes y simpatizantes. Y tras la Conferencia Política, existe la posibilidad de que las primarias autonómicas también sean abiertas, si así lo decide el Comité Federal a propuesta de la dirección regional correspondiente. A mi juicio, esta posibilidad debería concretarse y las candidaturas autonómicas deberían elegirse también con el concurso de la ciudadanía no afiliada.

El Partido Socialista ha hecho una gran apuesta abriendo al conjunto de la ciudadanía una de sus decisiones más relevantes, la designación de su candidatura a la presidencia del Gobierno de España, con la sola condición de inscribirse en un censo, manifestar un compromiso con las ideas progresistas y cooperar mínimamente en la financiación del proceso. Se trata de un paso adelante inédito en el panorama político español, con precedentes exitosos en otros países, pero con dificultades resaltables también. Hay quien cita la movilización electoral extraordinaria de los casos francés e italiano, pero hay quien teme asimismo interferencias interesadas desde algunos poderes económicos y mediáticos.

Es una decisión valiente y en línea con las demandas crecientes en la sociedad española a favor de introducir mejoras en el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. En el ámbito anglosajón se habla de las estrategias “bottom-up” y en el mundo latino hablamos de la “política abierta”. La ciudadanía se considera hoy más informada, con criterio propio sobre los asuntos públicos que le afectan, y reclama un mayor protagonismo en la gestión del espacio que compartimos. Las reivindicaciones para cualificar la democracia suelen concretarse en más transparencia, más participación y más rendición de cuentas.

La gran mayoría de los ciudadanos que levantan su voz en este sentido no abominan de la democracia representativa, porque son conscientes de que sus instituciones y sus procedimientos constituyen la garantía de nuestros derechos y nuestras libertades. Pero ya no se conforman tan solo con votar cada cuatro años, dando carta blanca a los representantes de turno para cumplir o incumplir sus compromisos, para contar o no contar lo que hacen, para asumir o no asumir responsabilidades. Más democracia equivale hoy a más ciudadanos decidiendo, en más ocasiones y sobre más asuntos.

O los partidos políticos somos conscientes de esta evolución y le damos una respuesta positiva y razonable, o muchos ciudadanos se alejarán de los partidos y harán política a través de estructuras y procedimientos alternativos, con los riesgos que ello conlleva para un sistema que otorga precisamente a los partidos la función de ser “instrumento fundamental para la participación política” (artículo 6 de la Constitución Española). Las primarias abiertas del PSOE son una respuesta a esta situación, como lo ha sido su Conferencia Política abierta a la participación de miles de ciudadanos, y como lo es su propuesta de reforma constitucional y de actualización de los procedimientos electorales al uso.

Las primarias abiertas contribuirán a ampliar la base social de los partidos y de la propia participación democrática. Implicará a más ciudadanos en más decisiones colectivas. Movilizará a más ciudadanos en los procesos de elección representativa. Y comprometerá a más ciudadanos en el espacio público compartido.

Si todas estas ventajas las hemos procurado ya para el ámbito nacional, ¿por qué no aprovecharlas también comunidad a comunidad? No tendría sentido impulsar una estrategia de participación amplia como una gran idea a escala nacional, para después restringir la participación a la antigua en la escala regional.

Si hemos hecho esta apuesta, llevémosla adelante con coherencia, en España y en sus comunidades autónomas.