En blanco y negro pudiera parecer que las políticas económicas del Partido Socialista y del Partido Popular son idénticas, pero si se tienen en cuenta los matices que verdaderamente reflejan la realidad completa de las cosas saltan a la vista notables diferencias. Sobre todo, porque la política económica no se puede valorar en abstracto o aislada de todas las demás actuaciones de los gobiernos.

Se ha podido comprobar con claridad que la política económica de los años de gobierno del Partido Popular trajo consigo un paso atrás muy relevante desde el punto de vista de la igualdad y el bienestar social en España. Incluso en comparación con los retrocesos que en esa materia pudieron ya observarse estadísticamente desde 1993.

Un cambio que igualmente es perceptible, aunque con el retraso lógico que produce la inercia de las transformaciones previas, en esta última legislatura liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Es notable y significativo, por ejemplo, que por fin el año pasado el peso de los salarios en el PIB no siguiera cayendo, tal y como había sucedido en los siete años anteriores.

Pero si en términos generales es claro y evidente que entre un gobierno liberal/intervencionista muy escorado a la derecha y otro socialdemócrata hay evidentes y significativas diferencias, incluso cuando la política económica de éste último está fuertemente constreñida por el contexto sociopolítico y económico global, en la coyuntura en la que estamos esas diferencias van a resultar mucho más importantes por varias razones fundamentales.

En primer lugar porque estamos en una verdadera crisis no sólo financiera y que va a producir un daño importante a nuestra economía. No sé si es lógico o si está justificado que esta coyuntura se haya disimulado bastante a lo largo de la campaña pero lo cierto es que a la vuelta de las elecciones habrá que hacer frente con decisión y rotundidad a una crisis ya mucho más que anunciada. Y, como ya sabemos por experiencias pasadas en nuestro país y en nuestro entorno, no va a ser ni mucho menos lo mismo que esta crisis la gestione un gobierno preocupado sobre todo por la desigualdad y la situación de los más desfavorecidos que otro claramente vinculado (como su fichaje estrella Manuel Pizarro muestra claramente y como se demostró cuando gobernó de 1996 a 2004) con los sectores más ricos y poderosos de nuestra vieja oligarquía.

Además, no hay que olvidar que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha leyes de una gran trascendencia social que hasta el momento solo se encuentran en una fase muy inicial y con necesidad de grandes inyecciones de recursos en el futuro, como ocurre con la Ley de Dependencia. Y tampoco será igual, por tanto, que gobierne un partido que prefiere dejar que el mercado resuelva las necesidades sociales (que cada uno se pague los servicios que necesite) u otro convencido de la necesidad del impulso y sostén públicos para que todos los ciudadanos puedan disfrutar en igualdad de los derechos sociales.

Finalmente, conviene tener en cuenta que son ya muchos los analistas que comienzan a señalar que la economía global, en la que España se encuentra inevitablemente inserta, está entrando en una nueva época. Una nueva época en la que podemos entrar dejándonos llevar por las inercias que ha sembrado en los últimos decenios el neoliberalismo o, por el contrario, tratando de escoger un camino diferente. La evolución de la desigualdad en los últimos años, del empleo precario y de la exclusión social nos muestra que no todos se han beneficiado por igual de los frutos del crecimiento de los últimos tiempos y, por tanto, de la necesidad de ir por otro camino y dejarse llevar por otra lógica si se quiere que la igualdad sea algo más que una simple aspiración formal.

Lo que en realidad decide España el día 9 de marzo es por cuál de esos diferentes caminos transitaremos a partir de ahora que se van a abrir disyuntivas tan importantes.

Es evidente que ningún gobierno progresista tiene las cosas fáciles para avanzar hacia el bienestar y la justicia en nuestra época, cuando los poderes más reaccionarios y privilegiados tienen más influencia y mejores condiciones materiales que nunca. Y por eso es mucho más necesario que nazca de un gran apoyo electoral y que cuente además con la complicidad del mayor número de grupos políticos, organizaciones y movimientos sociales progresistas.