La receta neoliberal se aplicó con gran precisión desde el comienzo mismo de la anterior legislatura autonómica. La primera medida aplicada fue la asfixia financiera de la sanidad pública. A pesar de ser Madrid una de las regiones con mayor crecimiento de PIB y con presupuesto público más generoso, las cuentas de la sanidad sufrieron ejercicio tras ejercicio de un estrangulamiento evidente, hasta el punto de que la región capital es hoy la segunda comunidad con menor financiación sanitaria por habitante de España (1.175€ por año). De poco sirvió que el Gobierno de la nación transfiriera al presupuesto madrileño hasta 1.400 millones de euros para mejoras en el servicio. El PP desvió el dinero a otros menesteres.

El proceso de privatización por fases comenzó enseguida. Primero determinadas pruebas diagnósticas, al socaire de la magnitud de las listas de espera. Después los tratamientos paliativos y para crónicos. Más tarde las intervenciones quirúrgicas con menos coste y más negocio para los agentes privados del sector. Pronto acabaron en manos golosas la Fundación Jiménez Díaz y el nuevo hospital de Valdemoro. El método elegido para poner en marcha los siete nuevos centros hospitalarios prometidos en campaña ha supuesto una inyección de más de 3.000 millones de euros extras de dinero público para algunas empresas. Y ya se anuncia que tras los hospitales, se privatizarán los centros de especialidades –Pontones y Quintana son la avanzadilla- y los centros de atención primaria. La formidable campaña de desprestigio para la sanidad pública que supuso el montaje del hospital Severo Ochoa formaba parte, claro está, de la misma estrategia.

La principal empresa beneficiaria del “liberalismo sanitario” que se aplica en Madrid es, paradójicamente, una sociedad de capital riesgo residenciada en los Estados Unidos. Es decir, las personas que están decidiendo sobre los recursos destinados a la salud de los madrileños representan en Wall Street los intereses opacos de algunos inversores ávidos de ganar dinero fácil y rápido. Se entienden de esta manera los drásticos recortes de presupuesto aplicados en el funcionamiento de los nuevos centros, así como los nuevos criterios para la retribución de personal que priman el ahorro en la realización de pruebas diagnósticas.

La última decisión de la factoría liberal en la sanidad madrileña resulta harto elocuente. Se ha suprimido la Dirección General de Salud Pública, encargada hasta el momento de diseñar y aplicar programas para la generalización de hábitos saludables y para la prevención de enfermedades. ¿Dónde estaba el beneficio para los inversores de Wall Street?

Las consecuencias de esta inmersión liberal están resultando brutales tanto para los profesionales como para los usuarios de la sanidad pública. El sistema se encuentra colapsado en todos sus niveles: hospitales, especialidades, atención primaria, urgencias, crónicos, salud mental… La demanda sobrepasa con mucho a la oferta, tal y como predican los aprendices de brujo en Chicago. Faltan profesionales, faltan medios, se eternizan las listas de espera, se deteriora la calidad del servicio… Eso sí, unos cuantos están haciendo mucho dinero.

El banco de pruebas del “liberalismo sanitario” se ha saldado con un fracaso rotundo. Espero que sirva de vacuna para el futuro y para el resto de España. Y, sobre todo, espero que la constatación de este fracaso lleve al gobierno de la comunidad madrileña a la rectificación. Con la salud de los ciudadanos no se deben montar timbas.