Esta afirmación viene a colación de los cambios que han tenido lugar tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, con las sustituciones de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Ante los mismos, se ha confrontado la legalidad que posibilita estas sustituciones, con la legitimidad de unas sucesiones en la Alcaldía y en la Presidencia de la Comunidad de Madrid sin pasar por las urnas.

Pudiendo realizarse dentro de nuestro ordenamiento estos cambios, estamos ante una insuficiencia de los sistemas democráticos que es necesario analizar y corregir. Es cierto que bajo el paraguas de la estabilidad, y afirmando que los proyectos son colectivos y no de una sola persona, estaría bien argumentado un posible cambio. Pero no es menos cierto que en sociedades como las actuales, donde el poder está cada vez más personalizado, la sustitución del líder tenga que pasar por la aprobación o no de los ciudadanos a través del voto en las urnas.

Y más aún, cuando junto a la sustitución del líder nos encontramos con que el proyecto colectivo que presentó esa formación política a los ciudadanos, a través de su programa electoral, además de ser sistemáticamente incumplido va en paralelo a una acción de gobierno que se desarrolla en sentido contrario a lo que se dijo a los ciudadanos que se iba a realizar si les votaban para poder gobernar.

En este caso, qué es el que nos ocupa, ¿Es necesario convocar unas nuevas elecciones para que los ciudadanos decidan sobre esos nuevos liderazgos? ¿Es necesario convocar elecciones para que ese -en teoría nuevo líder- presente a la sociedad su proyecto de gobierno?

Si estuviéramos ante un proyecto colectivo, ante un programa electoral que cumpliera lo que se ofreció a los ciudadanos las opiniones pueden estar divididas, y democráticamente puede ser correcto continuar una labor de gobierno que cumple con su oferta electoral. Pero el cambio de Alcalde o Presidente, dentro de un proceso político donde además se incumple de manera sistemática el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones hace imprescindible que los ciudadanos se tengan que pronunciar de nuevo en las urnas.

Frente al argumento procedimental y de supuesta estabilidad hay que caminar hacia una democracia más participativa, donde el papel del ciudadano pase del silencio y la observación, como únicos modos de experimentar la vida pública, al intercambio ciudadano y la decisión.