El caso de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha (CCM) puede ser paradigmático, además de haber sido el primero en acontecer. En efecto, a finales del año 2008 el Banco de España (BE) detectó la situación de insolvencia de la Caja. Ello condujo a que en marzo del siguiente año la Comisión Ejecutiva del BE decidiese la intervención de la CCM. Para superar la falta de liquidez de la Caja, el BE inyectó 3.000 millones de euros, evitándose así la suspensión de pagos de la entidad financiera.

Inmediatamente entró en la escena el Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros (FGD), cuya misión principal es precisamente garantizar que los clientes de las entidades no pierdan sus ahorros (hasta 100.000 euros) en el caso de que estas presenten problemas. El FGD en esos momentos podía liquidar la entidad y pagar a los acreedores o reflotarla y venderla a un tercero.

La venta, no de la Caja sino de su negocio, a Cajastur se llevó a cabo en noviembre del año 2009, después de que el FGD invirtiera 1.300 millones de euros es recapitalizar la entidad. Además, el FGD otorgó a Cajastur un aval asegurando el recobro de determinadas operaciones transferidas por 2.475 millones de euros, de los cuales hoy mismo se piensa que se perderán al menos 1.424 millones. Ha habido también otros apoyos que no cito por brevedad.

La pregunta que muchos lectores se pueden estar haciendo es: ¿No hubiera sido mejor liquidar la Caja y que sus acreedores, como en cualquier sociedad que quiebre, soportaran todas las pérdidas? La contestación es que no, y esto se explica por lo recogido en el párrafo tercero anterior. Según el balance de la CCM a 28 de febrero del 2009, el FGD habría tenido que reembolsar a los clientes de la Caja, según una estimación prudente, más de 12.800 millones de euros, que por cierto no tenía. Esto además es muy complicado y habría generado un “corralito” temporal.

Pero a continuación, para recuperar parte de lo desembolsado, el FGD se encontraría con la ardua tarea de administrar todos los activos de la Caja, entre los que estaban 19.678 millones de euros de créditos. Los morosos y dudosos posiblemente los perdería y los que estuvieran al día no podría cobrarlos hasta su vencimiento. En resumen, liquidar la Caja sería mucho más costoso que la decisión definitivamente adoptada.

Si el lector supone que aquí acaba todo respetuosamente le digo que se equivoca. Existía una tercera vía que aparentemente el Gobierno no consideró, a pesar de estar en manos del Partido Socialista. Se trataría de que una vez hecho el esfuerzo de recapitalizar la entidad y asumiendo también la posibilidad de pérdidas futuras (¿se acuerdan de los avales?) la Caja se mantuviera dentro de la órbita pública, suponiendo la primera piedra de una nueva Banca Pública, de la que tan necesitada está España.

Y esta decisión alternativa no solo está avalada por su interés económico: recuperar lo invertido en sanear la CCM, sino sobre todo para levantar una valla ante el oligopolio financiero que se nos avecina. Este oligopolio está siendo alentado además por la posibilidad que están teniendo los grandes bancos españoles, y algún tiburón financiero extranjero, de comprar a precios de saldo entidades bancarias con una gran cuota de mercado.

No se puede admitir como argumento en contra de esa tercera vía, que un servicio financiero encomendado al sector público va ser menos eficiente que si lo lleva a cabo el sector privado, igual que no es un criterio aplicable a la sanidad o a la educación. Por otra parte, un gran argumento a favor del sector público está el papel que jugó en su día la Caja Postal cuando existía como entidad incluida en la denominada Banca Oficial.

La opinión contra la nacionalización efectiva de la CCM, y de otras que han seguido su senda, es más bien consecuencia de las anteojeras ideológicas de una parte relevante de nuestros políticos, de todo signo por cierto.

Es evidente que la normativa para gestionar esa Banca Pública debería contemplar cómo básicos los mecanismos para su control y transparencia cara a todos los ciudadanos. Así se evitaría reproducir algunos comportamientos acaecidos en las antiguas Cajas de ahorros, exagerados interesadamente a mí entender.