Los recortes se van a producir previsiblemente en todos los ámbitos de las administraciones públicas con diferente grado de severidad e intensidad en función de las circunstancias: enseñanza, sanidad (copago), gasto público de carácter social (pensiones, dependencia y prestaciones por desempleo), retribución de los empleados públicos y privatización de empresas públicas, a pesar de que los resultados de las urnas no avalan los recortes que, por otra parte, los electores han rechazado. Efectivamente, los electores han rechazado los recortes y, por el contrario, han apostado por la austeridad de las administraciones públicas y la racionalización y eficiencia del gasto público; también han votado prioritariamente a favor de políticas que resuelvan el problema del desempleo- que afecta a cerca de cinco millones personas- a través de la generación de puestos de trabajo, además de proteger suficientemente a los que no tienen empleo.
El gobierno Rajoy meterá también la tijera en los trabajadores del sector privado presionado por los mercados (capitalismo especulativo) y la CEOE: reforma laboral, salario mínimo interprofesional (SMI) y desregulación de la negociación colectiva, entre otras medidas, con el argumento de crear empleo, lo que no dejará de resultar una mala broma.
Bajo la premisa de los recortes también se espera lo peor para los sindicatos como ha ocurrido en algunas CCAA gobernadas por el PP: suprimir liberados sindicales y subvenciones de carácter institucional con el propósito de debilitar al movimiento sindical, olvidando la contribución sindical en la transición a la democracia y, posteriormente, en la modernización de nuestro país, así como su imprescindible presencia en el diálogo social y en el funcionamiento de la democracia en la actualidad.
Esta política demostrará, una vez más, que el costo de la crisis lo seguirán pagando los más débiles y necesitados- poniendo en peligro la justicia social y la democracia-, mientras se reparten dividendos a los accionistas y los directivos de los bancos tienen ganancias que muchas veces resultan obscenas y fuera de lo razonable (incluso en entidades financieras en pérdidas se han producido verdaderos saqueos); esta capacidad de influencia y de presión puede explicar que Rajoy se reuniera en primera instancia con los banqueros (los causantes de la crisis) una vez conocidos los resultados electorales, lo que nos hace temer lo peor en cuanto a la reforma del sistema financiero que, no hay que descartar, pudiera incluir la creación de un banco de activos tóxicos (socializando pérdidas); de la canalización de créditos a familias y empresas nada ha transcendido a pesar de ser un factor imprescindible para crear empleo. En todo caso, nada resultará novedoso; no debemos olvidar que el gobierno en funciones acaba de indultar- con premeditación y alevosía- a un famoso banquero condenado por los tribunales.
A pesar de ello, los recortes no son inevitables (como nos hacen creer los defensores del pensamiento neoliberal y diversos medios de comunicación a su servicio) si se aborda con decisión el capítulo de los ingresos; sin embargo, no se espera del nuevo gobierno medidas progresistas que penalicen a los que más tienen para corregir el desplome de los ingresos fiscales. Efectivamente, no se espera del futuro gobierno una decidida actuación para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal (según Ignacio Zubiri alcanza entre el 20% y el 25% del PIB); tampoco se espera que se revisen las bonificaciones y deducciones fiscales: por ejemplo, los premios de la lotería del Estado están exentos de cotización al fisco, por lo que el Estado deja de ingresar 1.700 millones de euros; lo mismo ocurre con los fondos complementarios de pensiones con exenciones fiscales que dejan de ingresar al Estado por encima de los 1.000 millones de euros y con la reducción de las cuotas a la seguridad social de los empresarios- para crear empleo- que ni se revisan ni se justifican de acuerdo con su objetivo. Más lejos se encuentra una reforma fiscal que nos sitúe en la media de los porcentajes de presión fiscal de la media europea si nos atenemos a declaraciones de los responsables del PP partidarios de una reducción de impuestos; en todo caso, si el PP sube los impuestos serán los indirectos, que son impuestos regresivos porque penalizan a todos los contribuyentes por igual al margen de sus ingresos (IVA y específicos).
En todo caso, una política basada exclusivamente en recortes penalizará más al empleo en los próximos años (las previsiones de la OCDE fijan el desempleo en un 23% para el año 2012) y puede situar a España en recesión junto a otros países de la UE. Y, lo que es peor, con una economía estancada tendremos problemas para pagar la deuda y corregir el déficit público; de entrada, el anunciado cambio de gobierno previsto para mediados de diciembre no ha evitado que se dispare la prima de riesgo y que la bolsa se desplome, a pesar de las declaraciones de responsables del PP en plena campaña electoral de que el cambio político iba a resolver estos problemas.
Lo ocurrido en Grecia y Portugal (recesión, aumento de la prima de riesgo y fuerte contestación social) es tremendamente significativo, y no debemos olvidar que en España puede ocurrir algo parecido a pesar de la moderación de los sindicatos; por cierto, moderación no correspondida por los empresarios en cuanto a invertir una parte de sus excedentes en el mantenimiento del empleo y en cumplir sus compromisos en materia salarial.
En este contexto, los sindicatos están llamados a reflexionar, sobre todo cuando sus propuestas de concertación (pacto por el empleo) y de moderación salarial (en la práctica los salarios están siendo presionados a la baja) han perdido interés para los empresarios y valor para el próximo gobierno que contará con mayoría absoluta como ya ocurrió en la etapa de José María Aznar, a pesar de las conversaciones formales abiertas- por iniciativa de Rajoy- entre sindicatos y empresarios (de resultado incierto ante la falta de concreción de lo que pretende el gobierno; por otra parte, no debemos olvidar que los sindicatos ya convocaron una huelga general contra la anterior reforma laboral, en septiembre de 2010) relacionadas con un nuevo modelo laboral que, en ningún caso, es el culpable de la crisis y mucho menos resolverá el problema del desempleo.
Queda, eso sí, llevar a cabo medidas relacionadas con el fortalecimiento de los sindicatos (que mejoren su correlación de fuerzas y alimenten su capacidad de movilización y resistencia contra la crisis) y de las formaciones de izquierda- sobre todo del PSOE- porque España necesita también una fuerte oposición en la actual situación; otra cosa es que el PSOE lo consiga ante la crisis de liderazgo y de proyecto en que está sumido. De momento, su comité federal (máximo órgano entre congresos) ha decidido convocar su congreso ordinario para los primeros días del próximo mes de febrero con el objeto de elegir a sus órganos de dirección y de aprobar la estrategia a seguir para los próximos años. Llama la atención el poco tiempo disponible para llevar a cabo semejante tarea con garantías de éxito.
En todo caso, nada será fácil en los próximos años para la izquierda en general. El PP domina los ayuntamientos, CCAA, gobierno central, parlamento y senado, además de mantener muy buenas relaciones con el poder económico y mediático. Por su parte, el PSOE, a partir de una profunda autocrítica, se debe adentrar en un debate de ideas y en la regeneración de sus estructuras partidarias, con pocas raíces en los ayuntamientos (después de las últimas elecciones municipales) y en el tejido social. Por eso, la labor prioritaria del PSOE no debe estar en el parlamento (el PP tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, su capacidad de maniobra es escasa) sino en el trabajo partidario a medio y largo plazo que garantice y fomente la participación y el debate entre sus militantes, desde el respeto a la transparencia y a la democracia interna. Esta política debe ser compatible con una oposición responsable- de la que nadie duda, como está ocurriendo en Portugal y Grecia con los partidos socialistas fuera del gobierno- en defensa de los más débiles y del estado de bienestar social y siempre vigilante de las políticas que puedan dictar los mercados imponiendo políticas de marcado carácter neoliberal.
La prioridad de la política interna (en el PSOE) debe condicionar la elección de los miembros de su comisión ejecutiva en el congreso y, además, su posterior dedicación encaminada a garantizar la presencia del partido en el tejido social y en las movilizaciones ciudadanas. La otra tarea prioritaria no es otra que defender sin concesiones (a la derecha) una política socialdemócrata, con todas sus consecuencias, lo que permitirá continuar con la modernización de nuestro país (aunque no será fácil, al estar el PSOE hipotecado por las políticas llevadas a cabo por el gobierno socialista en los últimos años) y anteponer el empleo y la cohesión social a otros problemas, por muy importantes que éstos sean, única manera de recuperar la credibilidad perdida. Casi nada
