El diseño de política económica que se está aplicando, por otra parte, no reúne una general aceptación, ya que para muchos conduce a profundizar en la recesión, por lo que resultarán ser bastante poco eficaces las tareas dirigidas a reducir el déficit. Es más, estas solo conseguirán una nueva recaída del PIB, por lo que situados en un segundo hoyo, las posibilidades de que mejore el déficit en relación con el PIB serán muy limitadas.

Quiérase o no, cada vez resulta más evidente que España está metida en una trampa de deuda tan profunda que hasta podría conducirla a un escenario semejante al que sufrieron otras naciones periféricas. Algo diré sobre esta cuestión.

Comparto la idea que sostienen muchos economistas de que aquí la actividad tardará bastante tiempo en volver a recuperarse. Mientras, el proceso de devaluación interior será doloroso, materializándose en un ajuste largo durante el cual el crecimiento será bajo –incluso puede llegar a ser negativo- con el agravante de que sin él, la deuda sostenible se podría volver insostenible.

Además, una economía que tenga el peso relativo que tiene la española en la UE, sí se precipita a la baja, pondría a prueba a toda la zona euro. Por eso, querer mantener simultáneamente en todas las naciones el paradigma de la austeridad resulta poco convincente. Un andamiaje tan simple no podrá mantenerse durante muchos años, en algún momento serán necesarias actuaciones por el lado de la demanda (prestándole mayor atención al crecimiento) ya sea en toda la zona, ya sea a través de políticas nítidamente expansivas desarrolladas en su núcleo central.

Es cierto que el BCE no es la fuente del crecimiento, que este se alcanza mejorando las condiciones de la producción, haciendo más llevadero y ágil y el proceso de la distribución e incrementando la productividad. Pero, el que esto sea así no es óbice para que esta institución deje de preocuparse por el riesgo que, esta segunda recesión, ocasiona en el apoyo político que los ciudadanos prestan a los gobiernos democráticos.

Por eso, valoro positivamente que, tras meses durante los cuales los bancos y las grandes entidades financieras globales vivieron con el temor de que se produjera una bancarrota en el sistema financiero europeo, se llevaran a cabo dos grandes inyecciones de liquidez desde el BCE. Con ellas se salvó el sistema bancario en la Unión.

Habiendo transcurrido las cosas así, los bancos españoles e italianos pudieron comprar bonos de sus respectivos gobiernos. Sin mucho ruido se llevó a cabo una especie de rescate informal desde Frankfurt. La barra libre funcionó como un auténtico puente que facilitó el camino de la Unión Fiscal puesto que permitió, a quienes estaban padeciendo dificultades, salir durante algún tiempo de la trampa de la deuda.

En este incierto panorama, se lleva a cabo la Asamblea de Primavera del FMI, en la que se focaliza que la principal amenaza contra la actividad financiera mundial estaba situada en los bancos de la eurozona. Una combinación de circunstancias, en opinión de Martín Wolf, hacen peligrosa la situación. Así lo expuso en un artículo en el ‘Financial Times’ del que en parte, he tomado prestado el título que utilizo en este. En él, enumera los factores más genuinos del panorama: el estado delicado de las entidades bancarias europeas donde aparecen pérdidas en las cuentas de explotación, así como un fuerte endeudamiento con el que evidencian que están altamente entrampadas; a esto hay que añadir la estrecha vinculación con Tesoros frágiles, un bajo crecimiento y una política monetaria dura. Por si todo esto fuera poco, ha de tomarse en consideración el efecto de ida y vuelta que el sistema bancario ejerce sobre las economías reales.

PROVISIONES

En España la resaca del ‘boom’ inmobiliario ha dejado en poder de los bancos unos activos que cada vez valen menos, haciéndolos víctimas de una especie de aluminosis en sus balances. Así lo determina el FMI, a finales de abril, cuando afirma que existen diez entidades vulnerables en las que el deterioro de los balances era importante e inclusive mayor de lo que hasta ahora se había considerado. Lo que les obligará a hacer provisiones adicionales.

En ellas, aparecerían activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con suelo, construcciones y promociones, cuyo valor por ser totalmente irreal resultaba necesario desinflar. En estas entidades un aumento de las coberturas supondrá una mayor elevación de los requerimientos de capital, que tendrán efectos en la concesión de créditos. Podría hasta ocurrir que si esos requerimientos son muy elevados se produjera un estrangulamiento aún mayor, que el actualmente existente, con consecuencias negativas sobre la economía real.

Pues bien, a la hora de justificar la reforma financiera el discurso oficial viene insistiendo en “la agresividad” de las nuevas dotaciones: son duras, ya que pretenden limpiar la sentina y los bajos fondos de los bancos dañados por la morosidad de un crédito –tétricamente- sano concedido al sector promotor y constructor inmobiliario.

Cuando el Gobierno había decidido sanar créditos sanos, cosa que prepocupaba, por conducir la situación a un escenario draconiano, nos hemos visto sorprendidos por las cifras y por los anuncios hechos por buena parte de los bancos. En esta ocasión, como en otras, también podrán cumplir las nuevas exigencias regulatorias, sin tener que recurrir a fondos públicos ni a declarar pérdidas.

Puede que esta versatilidad absorbiendo morosos se justifique por la facilidad que demuestran tener para mover una partida de aquí y ponerla allí.

Esta actitud que en España benevolentemente se les tolera, no ocurre en todos los lugares. Es más, en ellos, semejante variabilidad ha comenzado a hacer dudar. En la Unión Europea y en el BCE han pedido una auditoría independiente, que además, cuando parecía que el elemento principal de preocupación estaba situado en el inmobiliario, resulta que se extenderá a toda la cartera crediticia de la Banca española: la cartera hipotecaria minorista y aquella otra concedida a grandes empresas para que compraran activos por medio mundo y que ahora presenta dificultades para poder ser devueltos.

Con esas valoraciones -y sus correspondientes provisiones- piensan en el eurogrupo que se podrán disipar las dudas que despierta la banca española por la acumulación de ladrillos en sus balances. O lo que es lo mismo, podrá conocerse la cuantía que necesitarán los bancos para cubrir las deudas que ha producido el pinchazo del sector inmobiliario.

ENDEUDAMIENTO

Además de lo anterior, es sabido que España viene necesitando dinero del exterior para financiar su economía a la vez que refinancia los vencimientos periódicos que ocasiona esta deuda. Dentro de esa deuda externa la parte principal de la misma es de titularidad privada, y tan solo un reducido porcentaje es pública (el 16%). Pues bien, es en el sector bancario español donde se concentra la mayor cantidad de deuda externa privada, llegando su importe al finalizar 2011 a alcanzar la cantidad de 716.000 millones de euros de deuda, a entidades e instituciones europeas.

En un primer momento, los inversores privados españoles encontraban, en los mercados mayoristas internacionales, los recursos precisos para satisfacer sus necesidades. Pero la cosa cambió cuando la crisis hizo aparecer las dificultades, se produjo una pérdida de confianza entre esos inversores extranjeros, que dejaron de prestar dinero a las instituciones bancarias españolas, por lo que éstas se vieron obligadas a tener que buscarlo en el BCE.

La apelación a Frankfurt fue considerable, puesto que, en el último año ese instituto ha pasado de financiar menos del 3% de la deuda exterior española a hacerlo casi al 10% del total de la misma. Por lo tanto, dependemos cada día más de los recursos que en la UE nos proporciona la autoridad monetaria. Por eso, aunque no se suele decir hubiéramos tenido que pagar primas de riesgo similares a las de Grecia o a las de Portugal si el BCE no hubiera puesto a disposición de los bancos españoles cantidades enormes de dinero, y que de una manera u otra habrá que devolver.

Esta posición estructural se pone de manifiesto cada día. Estamos obligados a asegurarnos de que dispondremos de liquidez para afrontar el saneamiento bancario. Y claro está, que, para poder beneficiarnos del programa de compra de deuda pública, la reconversión financiera en España debe avanzar.

Por tanto, en la Asamblea de Primavera del FMI y en la reunión celebrada en Barcelona por el BCE se encuentran muchas de las explicaciones del terremoto desencadenado en el llamado asunto Bankia.

PÉRDIDAS

Después del asunto de las provisiones, y expuestos los volúmenes de endeudamiento que los bancos vienen experimentando, hay un tercer factor que es preciso manejar: las pérdidas que en muchas de estas instituciones se han venido produciendo.

Llegar a esta cuestión exige algún rodeo. En el seno de las entidades financieras españolas vienen produciéndose concentraciones y fusiones motivadas por el deseo de captar Cajas de Ahorros regionales por parte de Bancos nacionales. A esta hipotética solución se ha llegado manejando un criterio fundamentado en la creencia de que de la actual situación de crisis se sale con más facilidad si las entidades tienen una mayor dimensión. Ese criterio no toma en cuenta el que las fusiones se lleven a cabo entre entidades más o menos complementarias, tampoco atiende al hecho de que la nueva entidad puede acumular una cantidad indebida de activos tóxicos.

Se hicieron sordos los oídos del supervisor, quien paso por alto las ineficiencias que pudieran originarse por la aplicación mecánica de la regla anterior. Ahora bien, debió ser el único que lo ignoró, porque Victor Mallet, en el artículo que mencionaba más arriba decía que las Cajas de Ahorro eran un factor clave de riesgo, ya que, aún no han reconocido plenamente el nivel de sus pérdidas por préstamos fallidos en el mercado inmobiliario.

A decir verdad, no ha sido el único que lo ha dicho. El WST la semana pasada sostenía que el Banco de España estimaba que “podría haber en el sistema financiero español hasta 176.000 millones de euros de deuda mala proveniente del ladrillo, de un total de 338.000 millones de euros de exposición bancaria global. Una parte de estas perdidas están provisionada, pero no así decenas de miles de millones más…”.

Los acontecimientos recientes ocurridos en ese “ovillo de Cajas pequeñas” que dieron origen a Bankia, le suscitan “preguntas incomodas sobre la magnitud de las pérdidas no reconocidas del sistema financiero español”. Incomodas para muchos ciudadanos que carecen de la respuesta adecuada a tan graves manifestaciones. Pero en el mundo en el que vivimos también las formulan rotativos como el FT o el WST, que aparecen condicionando las decisiones de los inversores internacionales mejor informados. Quedémonos con la siguiente observación: era un hecho conocido el que una parte del sistema financiero español llevaba años generando fuertes pérdidas.

LA FINANCIACIÓN DE LA REFORMA

En el relato llegamos a un punto en el que debemos preguntarnos: ¿Qué hará el Gobierno si se plantea la necesidad de sostener alguna entidad financiera significativa? Ahí estamos, aquellas Cajas que se unieron con la esperanza de que con una entidad mayor era posible absorber mejor las perdidas, ven que su proyecto se ha venido abajo. Pero, hay algo más, lo que ha sucedido revela la existencia de un panorama catastrófico que dará origen a la aparición de dudas sobre zonas extensas del sistema financiero español.

¿Tiene el Gobierno el dinero suficiente o la capacidad precisa para endeudarse para inyectar recursos con los que hacer frente a las recapitalizaciones necesarias? ¿Los hay en otros ámbitos de la sociedad española? Creo fehacientemente que en el sector privado no hay capacidad para proporcionarlos. En los diversos episodios de la ordenación financiera que hasta ahora se han vivido, lo único que se ha puesto de relieve es su predisposición a llevar a término operaciones de ingeniera financiera, pero el dinero no ha aparecido por ninguna parte.

La pretensión de que se utilicen ayudas públicas para esta reconversión bancaria está en el proyecto del Gobierno, quien ha manejado una cifra importante para aquellos casos donde sea necesario cumplir los objetivos establecidos en el nuevo Decreto Ley. La cuantía de la misma no altera el razonamiento.

Determinar cómo se financia la reforma financiera es una cuestión importante, tanto por las cuantías que pudieran manejarse como por las garantías que se quiera establecer a cambio.

El Sector Público no se encuentra en condiciones presupuestarias de poder realizar un esfuerzo de capitalización como el que se requiere en este momento. Sobre él vienen añadiéndose decisiones que han ido o irán elevando el volumen de su endeudamiento. El asunto de los proveedores, el saneamiento más o menos comprometido de algunas Comunidades Autónomas y esta misma reconversión financiera. Todos ellos, suponen que la deuda privada se irá transformando progresivamente en deuda pública, con lo que se camina en la dirección contraria de la consolidación fiscal. Ir por ese carril solo será posible hacerlo durante un ratito.

Pero además, en la opinión pública española ha arraigado, con razón, la idea de que ha de garantizarse que el erario público no habrá de ser quien soporte las pérdidas que se produzcan. Se rechaza con claridad el que se proporcione dinero a fondo perdido a los Bancos españoles con dificultades.

Estamos situados en un momento clave de la gestión de la crisis bancaria, en el que debemos admitir que cabe la posibilidad de tener que pedir dinero prestado a la UE o al FMI. Las condiciones bajo las cuales se lleve a cabo una operación de esta naturaleza serán de una extraordinaria complejidad. Y supondrán, seguramente, un coste ni deseado, ni imaginado. Pero. haciéndola podríamos rescatar a los bancos españoles, a la vez que se evitaría el riesgo de tener que rescatar al Estado español.