Se sigue manteniendo la tendencia a que en su mayor parte dichos recursos sean de titularidad privada (tres de cada cuatro centros), así como la precariedad laboral del personal que trabaja en los mismos. Tan solo están empleados a tiempo completo el 29,1% y, en su conjunto, el 52,2% son voluntarios a tiempo parcial.

Llama la atención que, a pesar del incremento desde 2008 del 15,6% de las plazas de alojamiento, éstas asciendan a 15.778 teniendo en cuenta que en España existen unas 25.000 personas “sin hogar”. También es llamativo que en la red de atención social específica para esta población exista una sobre representación de plazas en albergues y residencias (12.543) y, a gran distancia, pisos de acogida (2.850) y plazas en pensiones (385). Estas circunstancias marcan una diferencia abismal entre nuestro país y algunos del norte de Europa, los más punteros en la atención a este colectivo, que disponen de una red de dispositivos residenciales no masificados que permiten una mejor atención a los usuarios, atendiendo a los procesos de exclusión que sufre cada persona en particular y a sus necesidades.

Varias son las conclusiones que se derivan de estos datos:

En primer lugar, que en España hay más personas que acuden a los centros para personas “sin hogar”, a la par que las políticas sociales generales y sectoriales dirigidas a favorecer sus condiciones de vida han mejorado en los últimos años. Sin embargo, se mantienen tendencias históricas como que en su mayor parte sean de titularidad privada (con gran prevalencia de organizaciones vinculadas a la iglesia católica), con una presencia prioritaria de acciones, como talleres, actividades formativas para la capacitación profesional, la inserción laboral, etc., que van más allá de la atención de mínimos, que suele dispensar la Administración Pública y que sería preciso ampliar.

En segundo lugar, que es escaso el número de profesionales con cualificación específica que trabajan con personas “sin hogar”, si se compara con otros sectores de atención social, al tiempo que despunta una fuerte implicación del tercer sector con este colectivo.

En tercer lugar, es un sinsentido, con extraordinarias repercusiones humanas, que existan unas 16.000 plazas de alojamiento en toda España para un total de 25.000 personas afectadas por la exclusión social más extrema.

En cuarto lugar, es destacable que la mayoría de los alojamientos para personas “sin hogar” sean albergues y centros de acogida de gran capacidad. Deberían ponerse en marcha iniciativas de vivienda adaptadas a las circunstancias e itinerarios vitales de cada individuo en concreto (viviendas autónomas, semi supervisadas, supervisadas) bajo el apoyo de profesionales, que coadyuvaran en su reinserción social. De forma tal que cuando una persona se viera en la calle debería disponer de recursos de alojamiento de emergencia dignos, no sentirse estigmatizado por tener que recurrir a los mismos, y no estar más tiempo que el estrictamente necesario de cara a la recuperación de su autonomía.

A la luz de las informaciones y reflexiones anteriores, es imprescindible que en España se cree una red de centros y servicios de calidad para esta población, que rompa el aislamiento en el que tradicionalmente se ha desenvuelto, conectándola con la red general de servicios sociales. En este sentido, es urgente articular actuaciones en el ámbito de la vivienda, de las políticas de empleo, de la educación, etc…, así como desarrollar modelos asistenciales más flexibles, fomentando la sensibilización social, coordinando mejor las iniciativas de las diversas Administraciones Públicas y apoyando con recursos y dotaciones económicas adecuadas a las instituciones que trabajan a favor de la integración social de los grupos sociales más vulnerables. Pero, también es necesario promover acciones que favorezcan la inclusión y participación de las personas “sin hogar” en la vida comunitaria.

El retroceso en gastos sociales, al que asistimos en nuestro país contribuirá, si no se produce un cambio de tendencia, a agravar el problema del “sinhogarismo”, al que irán deslizándose a modo de una especie de “sumidero” un número cada vez más abultado de personas a las que la sociedad ya les está arrebatando las riendas de sus vidas.