También la producción industrial se ha visto perjudicada inmediatamente, con el cierre de varias fábricas importantes de automóviles y otras factorías, debido a la enorme sensibilidad que tienen los actuales sistemas productivos, organizados de acuerdo a criterios de “just in time”, que pretenden “economizar” prescindiendo casi por completo de los stocks de piezas, lo que implica contar con una ágil y segura circulación de mercancías. Lógicamente, tales cierres e inseguridades afectan a muchos trabajadores industriales, que tampoco es lógico que sean los “paganos” de la huelga de los transportistas.

En su conjunto, la subida inmediata de precios de los alimentos provocada por los desabatecimientos –que perjudican en algo grado a las personas con menos ingresos– y la concatenación de factores paralizadores van a tener efectos negativos sobre la economía española que, en estos momentos, son difíciles de evaluar y que, además, no llegan precisamente en la mejor coyuntura.

Mientras la huelga se ve influida por factores adicionales de enconamiento, como la muerte del miembro de un piquete, el incendio de varios camiones y los desencuentros en la mesa de negociación, la opinión pública se ha sensibilizado en extremo, de una forma que hace difícil prever hacia donde pueden orientar las críticas por la indignación que producen los daños y perjuicios que se sufren. Inicialmente parece que la indignación va a ser dirigida hacia los huelguistas, a los que inicialmente se comprendía, pero cuyos excesos están haciendo cambiar las apreciaciones. Sin embargo, en estas situaciones tan volátiles –y tan inflamables– los climas de opinión pueden cambiar con mucha rapidez, y cualquier nuevo evento o incidencia puede acabar desplazando las críticas hacia el Gobierno. Lo cual siempre es un recurso fácil cuando las cosas se complican. Por ello hay que urgir las soluciones y restablecer la confianza en los suministros, sin caer en la tentación de enredarse en el desarrollo de argumentarios poco sólidos ante la opinión pública, como empeñarse en atribuir muy escasa “representatividad” a los huelguistas. Lo cual implica el absurdo de pretender que sólo un 18% de los camioneros son capaces de generar tal situación. O bien no son sólo el 18%, o bien algo se ha hecho mal para que tan pocos puedan hacer tanto daño. El problema es que tanto en un supuesto como en el otro el Gobierno no queda bien parado, por lo que es preciso entender que ahora lo prioritario es arreglar las cosas razonablemente bien y con rapidez, antes de que los daños sean mayores, y no empeñarse en batallas para intentar ganar a la opinión pública con argumentos mal trabados. Al final, a la opinión pública se la ganará con soluciones y con garantías de seguridad en los suministros.