La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.

El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.

Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.

Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?

También merecen un reproche los responsables institucionales de diversa procedencia política que han llamado a la movilización ciudadana para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, a mi juicio, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos líderes de opinión que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia.

La polémica sobre el lema principal de la manifestación en Barcelona resultó tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho y a las reglas del juego que aseguran la convivencia: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias? ¿Si no me gusta la sentencia, me manifiesto y ya no vale?

La mejor prueba de que la movilización fue un error puede comprobarse en su desenlace: muy buena parte de los símbolos esgrimidos y de las consignas coreadas estaban más cerca del independentismo que del “Estatut”, independientemente de su encaje en la Constitución española.

En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE en estos días de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978, y que acaba de ratificar el TC. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado (“Si el PSOE es federal, ¿por qué no España?”), más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y provoca un miedo más que justificado tanto desafío irreflexivo al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.

Dicho sea con todo respeto a la diversidad democrática en las ideas y al derecho de cada cual a manifestarse en su defensa.