Sin duda, estos hechos no resultaron nada excepcionales, sobre todo si tenemos en cuenta que la CEOE y todas sus organizaciones adheridas también han tenido un papel relevante en la gestación y resolución de la crisis en un marco económico y financiero fuertemente globalizado, especulativo y desregulado. Sin embargo, con el apoyo del Gobierno (PP) y, sobre todo, bajo el paraguas de la reforma laboral han capeado el temporal de la crisis de manera muy ventajista y lo han hecho a costa del sacrificio de los trabajadores. El desempleo, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, la devaluación salarial (concentrada en los salarios más bajos), el abaratamiento del despido, el fraude fiscal (los muy ricos no pagan impuestos), el desplome del protagonismo de la negociación colectiva, la caída de la protección social, el deterioro de los servicios públicos y, en definitiva, el trasvase de rentas del trabajo al capital, son ejemplos sobrados de todo ello.

A pesar de todo lo dicho, los empresarios han pasado desapercibidos y nadie les ha criticado su comportamiento, lo que no deja de resultar inconcebible, sobre todo cuando los sindicatos han sufrido sistemáticamente campañas anti sindicales de desprestigio, a pesar de su probada responsabilidad en medio de la crisis. Los empresarios, incluso, presumen de haber colaborado a frenar la prima de riesgo y lo justifican alardeando de que han contribuido activamente en la aplicación de la reforma laboral y en la contención de salarios (devaluación interna). Por supuesto, no mencionan para nada los efectos de las medidas promulgadas por el BCE, ni reconocen que la prima de riesgo ha bajado por la aplicación de estas medidas en todos los países de la Unión Europea. Tampoco tienen en cuenta el costo social de la política de austeridad ni sus consecuencias negativas para el empleo, el consumo y el crecimiento de la economía. Los empresarios mucho menos se preocupan por la corrupción (sin el pago de comisiones a cambio de favores no hay corrupción), las desigualdades, la pobreza, el fraude fiscal (desplome del impuesto de sociedades en las grandes empresas) y la economía sumergida (se sumergen las empresas), que alcanzan cotas intolerables. Tampoco proponen medidas audaces para cambiar nuestro modelo productivo, apostar por la necesaria reindustrialización, superar la dependencia tecnológica, abaratar los costos energéticos, luchar contra el cambio climático, dimensionar las empresas corrigiendo la importante atomización empresarial… Por el contrario, insisten y defienden que hay que continuar con las reformas en el sector público (recortes), con una mayor flexibilidad de nuestro mercado de trabajo y con la devaluación salarial para ser más competitivos, como si esa fuera la solución milagrosa para nuestro país, cuando se ha demostrado sobradamente que esas políticas nos conducen hacia el abismo (no podemos competir en un mundo de esclavos) y nos convierten en un país irrelevante y corrosivo en el ámbito internacional.

Con estas credenciales la CEOE pretende firmar un nuevo Acuerdo con los sindicatos, a pesar de los incumplimientos que se han producido en el último Acuerdo (AENC, 2012-2014). No será nada fácil el conseguirlo sin dar marcha atrás en el desarrollo de estas políticas (reforma laboral), que se han demostrado nefastas y contraproducentes para combatir los efectos de la crisis, lo que justifica que los ciudadanos se indignen y movilicen contra el aumento de las desigualdades y de la pobreza (a la cabeza de la Unión Europea) y exijan recuperar los logros perdidos por los efectos de la crisis.

En este sentido, la CEOE, y los empresarios en general, deben mirar hacia el futuro sin retrovisor y asumir que no podrán contar sistemáticamente con la ayuda descarada del Gobierno. Ello exige comprometerse -con altura de miras- con una política capaz de crear empleos por encima de todo; repartir de manera más justa los beneficios que se generan por un aumento de la productividad (los salarios van muy por detrás de los aumentos de productividad); aceptar una política salarial acorde con la realidad de nuestra economía; apostar por una mayor inversión productiva; contener el precio de los productos y los excedentes empresariales; dimensionar racionalmente nuestras empresas (superando la atomización empresarial); recomponer la autonomía de las partes (negociación colectiva sectorial); y, finalmente, comprometerse con la ejemplaridad, la responsabilidad social y la erradicación de empresas basura, porque las empresas no pueden dedicarse a ganar dinero a cualquier precio.

Mientras tanto, los sindicatos reflexionan y discuten sobre la mejor estrategia para paliar los efectos negativos de la crisis. Dos posturas polarizan el debate en la actualidad. Una postura apuesta por un sindicalismo pragmático, defensivo, de marcado carácter institucional, empeñado en limitar los daños producidos por causa de la crisis y, por lo tanto, por defender la continuidad de la concertación social e, incluso, por convivir formalmente con la reforma laboral. La otra postura defiende un sindicalismo más de combate, pegado a la realidad de las empresas, empecinado en arrancar logros de manera autónoma en los centros de trabajo, en potenciar una negociación colectiva más descentralizada, ante los escasos logros que viene produciendo en los últimos años la concertación social y la presencia de los sindicatos en las instituciones y, desde luego, se muestran radicalmente en contra de la reforma laboral, sobre todo para evitar que los sindicatos aparezcan como corresponsables de las políticas gubernamentales.

Ambas posturas tienen sus razones y las dos se pronuncian rotundamente por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso es previsible una posición de síntesis que, aun manteniendo la concertación social, dé más libertad a las secciones sindicales en las empresas en torno a la negociación colectiva, teniendo en cuenta que la crisis no afecta por igual a todas las empresas y que la situación económica recomienda un incremento de los salarios en general (sobre todo del SMI y en las AAPP), que aumente el consumo y facilite la recuperación de nuestra economía, la creación de puestos de trabajo, la reducción del déficit y el pago de la deuda, sobre todo si tenemos en cuenta que, según UGT, en los últimos cuatro años (2010-2013) el salario medio por trabajador (medido por el costo salarial que ofrece la Encuesta Trimestral del INE) ha perdido 7,1 puntos de poder de compra y el SMI acumula en ese periodo una pérdida de poder adquisitivo de 5,1 puntos.

En todo caso, los trabajadores son los que marcan la política sindical a seguir y éstos exigen sobre todo una política decidida y eficaz en relación con el empleo (políticas activas de empleo, intermediación, recolocación, cualificación profesional y reforma en profundidad de las oficinas de empleo); reducir la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo (trabajo temporal, falso autónomo y a tiempo parcial: el 63% declaran que lo hacen de manera involuntaria y, en la práctica, todos los que tienen este contrato se encuentran a plena disposición del empresario); proteger a más de 500.000 familias con todos sus miembros en paro (muchos de ellos de larga duración y sin ningún tipo de renta), sobre todo si tenemos en cuenta que el Gobierno ahorrará, como denuncia UGT, 3.000 millones de euros este año y 6.000 hasta el 2016 (por desempleo) y que sólo el 45% de los desempleados tienen alguna prestación; recomponer la negociación colectiva (equilibrio de fuerzas, eliminar la ultra actividad y los descuelgues salariales, además de garantizar clausulas reales de revisión salarial); exigir una política fiscal más justa; abrir un debate sobre la renta básica; y avanzar decisivamente en el cambio de nuestro modelo productivo.

En definitiva, los interlocutores sociales deben asumir, con todas las consecuencias, un mayor protagonismo en la defensa de una política capaz de modernizar el país y equipararlo a los países más avanzados de la Unión Europea, rechazando las políticas de austeridad extrema y dando por hecho que, sin crecimiento económico, no es sostenible nuestra economía y mucho menos con una deuda pública exagerada, sobre todo cuando sabemos que estas políticas siempre han tenido consecuencias imprevisibles… No debemos olvidar que las movilizaciones y los movimientos emergentes: 15-M, Mareas sectoriales, Ganemos, Podemos (resulta patético el intento de desprestigiar a esta formación emergente -por responsables del PSOE- apelando a Venezuela y Cuba) e,incluso, lo que está aconteciendo en Cataluña, se están produciendo como una respuesta más a la profunda crisis económica y social que está padeciendo una parte muy importante de la ciudadanía que, debemos recordar, busca soluciones que no son capaces de ofrecer los actuales gobernantes de los países de la Unión Europea.

Tampoco debemos olvidar que ha llegado el momento de que la sociedad civil asuma un mayor protagonismo y que, en coherencia con ello, una parte importante de la misma está multiplicando sus esfuerzos, utilizando todo tipo de instrumentos a su alcance, para recuperar la llamadademocracia secuestrada por los poderes económicos y financieros, además de apostar decididamente por la centralidad del trabajo y rechazar una economía financiera claramente especulativa.

Mientras tanto, el Gobierno ni sabe ni contesta. Sin embargo, se afana en preparar a fondo las elecciones previstas para el próximo año.