En este contexto, tres problemas destacan por su tremenda injusticia, sus negativas consecuencias sociales y la alarma social que están generando en la ciudadanía: el desempleo, el recorte de las pensiones y la brusca caída de los ingresos fiscales, muy afectados por el fraude que alcanza cotas intolerables.

Superar el 27% de desempleo (afecta a cerca del 60% de los más jóvenes) resulta a todas luces insoportable en términos económicos y sociales, y nos confirma el verdadero talante de los empresarios, además de anunciarnos la pérdida irreparable de nuestro mejor capital humano. Lo más grave de la situación es que el desempleo va a continuar en porcentajes altos, nuestro mercado de trabajo seguirá impactado negativamente debido a una fuerte precariedad y la cobertura de desempleo resultará insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los más afectados por el paro. No menos negativo resulta basar la competitividad de nuestras empresas en la intensificación del factor trabajo, los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y en una desregulación absoluta de nuestro mercado de trabajo, al margen del cambio de modelo productivo, que es lo que España necesita.

Sólo cabe en esta situación un cambio drástico de la política económica de la UE (el acuerdo PP-PSOE a estos efectos resulta irrelevante) encaminado a fomentar el empleo (sobre todo el juvenil), reactivar el consumo, el crédito a precios razonables (unión bancaria) y la inversión. Este cambio es el que están exigiendo también todos los sindicatos de la UE (apoyados por la Cumbre Social en España), en vísperas de la Cumbre Europea, que deberá estar acompañado de la necesaria protección por desempleo para paliar la situación de millones de desempleados de larga duración y de las familias que carecen de ingresos derivados de un puesto de trabajo. De la misma manera exigen poner remedio a los destrozos que la reforma laboral está causando en el empleo, los salarios, el despido, la precariedad y la negociación colectiva, en contra del lamentable informe del FMI, que insiste en seguir recortando los derechos laborales y cambiar salarios por empleo, lo que se ha demostrado que es mentira porque nunca ha funcionado en la práctica a pesar de la moderación salarial asumida por los sindicatos.

La preocupación generada en la opinión pública por el presente y futuro de las pensiones está resultando también intolerable. Las posiciones más reaccionarias están ganando la batalla mediática y el Gobierno ya ha mostrado su disposición a secundar los fuertes recortes exigidos por Bruselas, incumpliendo sus promesas electorales. La “comisión de expertos”, con mayoría de miembros propuestos por el PP (algunos de ellos procedentes de la patronal de las aseguradoras, UNESPA), como se temía, ha corroborado los presagios más sombríos para el presente y futuro de nuestras pensiones al amparo de una coyuntura económica desfavorable. El argumento utilizado es desarrollar el concepto de “sostenibilidad” a pesar de que está regulado para que entre en vigor en el año 2027 y que actúe por primera vez en 2032. Debemos recordar que se trata de un factor letal como medio para recortar automáticamente todas las pensiones, al relacionar la edad de jubilación, el período de cálculo de la prestación final y la revalorización anual y automática de las pensiones a otros criterios como, por ejemplo, la esperanza de vida, el número de cotizantes o la marcha de la economía.

Lo más llamativo del Informe es que no considera a la “productividad” como una pieza clave a la hora de estudiar la sostenibilidad de las pensiones, cuando resulta decisiva en la creación de riqueza de un país que, lógicamente, debería de ser capaz de garantizar unas pensiones dignas a sus mayores.

Debemos recordar que, en la actualidad, el gasto en pensiones en España -en porcentajes del PIB- está muy por debajo de la UE y la caída de los ingresos que se producen en la actualidad se debe exclusivamente al desplome de las cotizaciones. Según Eurostat, el gasto en pensiones, en 2010, supuso el 10,8% del PIB, claramente por debajo de la media europea (13% en la Unión Europea y 13,4% en la zona euro), lo que significa que España se gasta al año 20.000 millones de euros menos que la media de la UE (el 20% menos en pensiones). Italia, con el 16% del PIB y Francia con el 14,4%, son los países que se encuentran a la cabeza de la UE en gasto en pensiones y a nadie se le ocurre decir que peligran sus pensiones. Por otra parte, la edad real de jubilación de los trabajadores en España se encuentra cercana a los 65 años (63,91 años), por lo tanto, entre las más altas de los países de la UE. Además, la cuantía de la pensión está claramente por debajo de la UE (la media de las pensiones contributivas se sitúa en 785,83 euros y las no contributivas en 364,70), lo que resulta regresivo y nos aleja de la convergencia necesaria en el marco de la UE en materia de pensiones

No estamos, por lo tanto, ante un problema de gasto excesivo de las pensiones sino ante una caída de los ingresos derivados de la actual crisis económica y del deterioro del mercado de trabajo por las consecuencias negativas que está teniendo la crisis y la reforma laboral en el empleo. Por eso hay que abordar el capítulo de ingresos de la Seguridad Social: dar prioridad a las políticas de empleo sobre la corrección del déficit; combatir la economía sumergida; aumentar -o como mínimo mantener- las cotizaciones de los empresarios (no reducirlas como exige la CEOE y el reciente informe del FMI) y, sobre todo, de los trabajadores; abrir un debate sobre los topes de las cotizaciones sociales (resulta regresivo poner un límite de cantidades para cotizar a la Seguridad Social); y, finalmente, si resultara necesario, financiar una parte del gasto en pensiones a través de impuestos (IVA, impuesto finalista, de solidaridad…) o directamente de los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre en otros países.

La única alternativa que se ofrece a los futuros pensionistas es abrir un fondo complementario de pensiones privado (con un historial verdaderamente negativo en cuanto a resultados), lo que inevitablemente nos conduce a un Estado de Beneficencia y repercutirá muy negativamente en la redistribución de la riqueza, porque debemos recordar que no todos los trabajadores pueden aportar dinero a los fondos privados; además, resulta injusto que estén sujetos a desgravación fiscal (los más ricos salen beneficiados) y, desde luego, resultan exageradas las elevadas comisiones bancarias. En definitiva, los fondos privados son un suculento negocio y no una alternativa recomendable para los nuevos pensionistas; porque, además, nunca van a paliar las carencias de un Estado de mínimos.

Por último, y como se ha puesto de manifiesto, los ingresos fiscales tienen una relación directa con la sostenibilidad de un Estado moderno, la marcha de la economía y la superación de las desigualdades. A pesar de la subida de impuestos del actual Gobierno, España se encuentra a la cola en la UE -en materia de recaudación fiscal- debido al tremendo fraude fiscal como viene denunciando sistemáticamente el Sindicato de Técnicos del Estado (GESTHA). En relación con el IVA, de cada 100 euros que se gastan en España el Gobierno recauda 9,7 euros de media frente a los 12,3 que recaudan el conjunto de países de nuestro entorno, debido a la poca eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, lo que representa una pérdida cada año de 17.176 millones de euros por este concepto. El impuesto de sociedades también es una muestra significativa del desplome que se ha producido en la recaudación de impuestos y en el combate contra el fraude. España es el quinto país con el tipo más alto de sociedades (30%), casi 7 puntos por encima de la media de la UE (23,1%); sin embargo, la recaudación por este concepto es de las más bajas (ocupa el puesto 22 de 27) debido al fraude fiscal y al aumento de la economía sumergida. Se trata del impuesto que más peso ha perdido en los últimos años concentrando el 72% del fraude fiscal, lo que explica en buena medida la caída de seis puntos en la recaudación desde el inicio de la crisis, al pasar del 37,1% del PIB, en 2007, al 31,4% en 2011, según el último informe de la Comisión Europea sobre tendencias fiscales. El problema se agrava ante el aumento de las desigualdades entre rentas bajas y altas al impactar las subidas de impuestos, sobre todo, en las rentas inferiores a 33.000 euros anuales que engloban al 85% de los trabajadores.

Las cifras que aporta GESTHA sobre fraude fiscal y que, seguramente, reflejan la realidad -simplemente porque el Gobierno no las desmiente- llaman poderosamente la atención por su enorme cuantía y resultan obscenas e intolerables. Por eso resulta más llamativa la escasa atención que dedica el Gobierno a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, cuando la situación de crisis reclama un esfuerzo adicional en este sentido, así como en la lucha (en el marco de la UE) contra el escándalo de los paraísos fiscales y la ingeniería financiera que se practica por las empresas para evadir sistemáticamente impuestos (armonización fiscal). Esto justifica plenamente las denuncias desde la izquierda y desde los sindicatos sobre la situación actual y sus exigencias en relación al fraude y a una profunda reforma fiscal que garantice la equidad y, desde luego, ponga en revisión todas las desgravaciones fiscales y los impuestos vigentes, así como la relación entre impuestos directos e indirectos: transferencias financieras, sociedades, patrimonio (grandes fortunas), sucesiones, SICAV y desorbitados ingresos de ejecutivos de grandes empresas, entre otros.

Por todo ello, los ciudadanos demandan con urgencia medidas eficaces y, por supuesto, medidas más justas y solidarias; sobre todo después de haber soportado, desde el inicio de la crisis, la incertidumbre y verse obligados a mostrar con frecuencia su indignación y protesta. Mientras tanto, Rajoy, insensible a la realidad económica y social, pide paciencia sin tomar una decisión capaz de generar una mínima ilusión en la ciudadanía; para justificar esta actitud no duda en utilizar la propaganda mediática para trasladar a la opinión pública logros económicos que no existen. En todo caso, responder de una manera progresista a la actual situación (redistribución del costo de la crisis) y combatir la corrupción (puertas giratorias, sobresueldos, tráfico de influencias, financiación de partidos…) es una buena receta para que la “política” recupere su credibilidad, se fortalezca la democracia y la moralidad pública y los más débiles puedan soportar, de la mejor manera posible, el terrible azote social que nos impone la crisis por la ambición y la avaricia desmedida de unos pocos y el despotismo de los poderosos.