Una evidencia de que algo no está bien encajado en el sistema de representación español la tenemos en la manera en que la opinión pública percibe la estructuración general del poder. Las Encuestas sobre Tendencias Sociales que viene realizando el GETS desde 1995 permiten constatar que a los Jueces se les atribuye un grado de poder muy notable, casi al mismo nivel que al Parlamento. (Vid. gráfico 1)
La evolución de las percepciones públicas a lo largo de los últimos años muestra una significativa estabilidad, e incluso un reforzamiento, de esta tendencia (Vid. gráfico 2), hasta el punto de que en 2003, 2004 y 2006 el poder de los Jueces aparecía por delante del Parlamento, que se elige por votación de todos y en el que reside la soberanía popular.
Estas percepciones públicas revelan que estamos ante una cuestión de hondo alcance, y que los Jueces, que son seleccionados por un sistema de oposiciones –no nos olvidemos–, empiezan a prefigurarse en la conciencia ciudadana como un poder en sí, que no es elegido, que no es representativo, pero que opera como un auténtico micro-cosmos político, con sus formaciones partidarias internas, sus luchas y tensiones y una voluntad expresa de incidir en el curso político de España. ¿En qué se fundamenta todo esto? Desde luego, no en la teoría clásica de la división de poderes y en sus propósitos equilibradores. ¿Cómo afectan estas tendencias al debate sobre el futuro de la democracia? ¿Cómo se puede garantizar que el sufragio directo de los ciudadanos sea el elemento fundamental en la definición de los cursos políticos? Desde luego, el debate sobre la democracia no puede considerarse cerrado, y aquellos que tanto alardean de defender nuestra Constitución y su espíritu, harían bien en no propiciar estrategias e iniciativas que pudieran corromper o desvirtuar su más genuino sentido democrático.
