La construcción y puesta en funcionamiento de estos hospitales sin ninguna planificación previa, su improvisada apertura a pesar de efectuarse con importante retraso sobre lo prometido, así como la absoluta falta de control que, se intuía, iba a darse sobre las empresas concesionarias, no podía dar otro resultado que el reflejado en el informe de la Inspección: UN ROTUNDO FRACASO ANUNCIADO Y PREVISTO.
Ahora bien, el hecho de que para muchos no haya sido ninguna sorpresa la realidad de desorden e improvisación que día a día conocemos de los nuevos hospitales, no puede significar se pueda asistir indiferente a semejante proceso de pérdida de calidad en nuestros centros sanitarios, sobre todo si tenemos en cuenta que sobre la Sanidad Pública madrileña se cierne otra amenaza que supondrá de llevarse a cabo el definitivo golpe mortal; me refiero al proyecto de Área Única que significará un monumental caos organizativo, sumirá al sistema en un auténtico marasmo y facilitará un creciente malestar de los ciudadanos con los centros públicos y su consecuente huida hacia el sector privado.
A fecha de hoy son ya seis años de ataques continuados a la Sanidad Pública por parte del Gobierno Regional, su programa privatizador junto a su ineptitud para gestionar el sistema sanitario madrileño, su desprecio absoluto a todos los órganos de participación y sus despilfarros en campañas de propaganda repletas de promesas incumplidas dibujan un panorama futuro muy preocupante.
A la luz del informe de la Inspección es de recibo felicitar a CCOO, pues su denuncia ha permitido el conocimiento de los hechos por parte de la ciudadanía y asimismo hace necesario efectuar algunas preguntas y hacer alguna reflexión. Veamos: ¿ejerce la Consejería de Sanidad el obligatorio control sobre el funcionamiento de los nuevos hospitales? ¿Qué medidas piensa tomar la Consejería en relación a las empresas concesionarias, una vez conocidas las graves carencias y deficiencias existentes tanto en las infraestructuras físicas como en las dotaciones dependientes de estas empresas? ¿Va a estudiar la Consejería de Sanidad la posibilidad de rescisión de los contratos a las empresas concesionarias por incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones contractuales? ¿Dónde está y que cometidos ha realizado la llamada Unidad Técnica de Control? ¿Va a iniciar la Consejería de Sanidad una real investigación en relación a las graves denuncias efectuadas por los trabajadores del Hospital de Majadahonda o va aplicar el aforismo liberal de dejar hacer, dejar pasar? ¿Podría explicarnos el locuaz Consejero, Sr. Güemes, dónde se encuentra la excelencia y calidad asistencial tan pregonada por él en relación a los nuevos hospitales?
Las mentiras sobre las listas de espera, los incumplimientos reiterados en las promesas de construcción de Centros de Salud, la escasa financiación de la Sanidad por parte del Gobierno Aguirre, la política de hechos consumados con auténtico desprecio a los órganos de participación, los reiterados insultos a los representantes sindicales, la infrautilización de los funcionarios y el creciente papel de las consultoras privadas junto al incremento continuo de derivación de recursos económicos al sector privado, dibujan de manera nítida la política sanitaria del Partido Popular. El daño producido es ya irreversible y se hace imprescindible parar este proceso de derribo de la Sanidad Pública madrileña; para ello debe aparecer sin dilación alguna el liderazgo de la oposición política en Madrid para aglutinar y movilizar el enorme descontento que muchos madrileños y numerosos profesionales del sector están manifestando de manera reiterada.
TENGO UNA CORAZONADA: el Gobierno Aguirre no va a conseguir el desmantelamiento de nuestra Sanidad Pública. Los madrileños no lo vamos a consentir
