Siendo España el país de la Unión Europea con la tasa de paro más elevada (21,52% en 2011);con un índice de pobreza y exclusión del 25,5%, según el indicador propuesto por la Unión Europea, At Risk Of Poverty and/or Exclusion (AROPE);con un 21,8% de la población bajo el umbral de la pobreza y con tres de cada diez hogares que manifiestan llegar a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad (Encuesta Condiciones de Vida, 2011), resulta cuanto menos sorprendente que se haya optado por una disminución en 1.557 millones de las Políticas Activas de Empleo y en 322 millones de ayudas para acceso a vivienda. También llama la atención que habiendo aumentado, desde el inicio de la crisis, en un 39% los usuarios de servicios sociales, la aportación del Estado se rebaje en 36 millones de euros respecto al año 2011 y se sitúe en 50.000 millones de euros, una cifra que cubrirá tan solo un 10% de la financiación necesaria por este concepto.

El efecto más directo será que quedarán fuera de la atención estatal en servicios sociales más de 4.000.000 de personas (también son de prever despidos de trabajadores precarios de servicios sociales), que se verán al albur de los recursos que estén en disposición de recibir por parte de las administraciones autonómicas y municipales, también muy afectadas por los ajustes presupuestarios. En concreto, en los Presupuestos Generales se especifica que en lugar de aportar para 1.328 centros sociales, tal como se ejecutó el pasado año, sólo habrá para 788; que se reduce la aportación económica para comedores sociales (serán financiados tres, dos menos que en 2011); que las 25 mini residencias y pisos tutelados para personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social se restringen de 25 a 14; que los albergues se limitan a seis (10 en 2011) y que el número de usuarios beneficiarios de la ayuda a domicilio pasa de 600.000 en 2011 a 423.000 en 2012.

La situación es de extraordinaria gravedad. Representa una involución en materia de servicios sociales y conlleva la pérdida de derechos de ciudadanía para un número cada vez más abultado de personas y de familias que irán desplazándose hacia la exclusión social más extrema, con el agravante ético/moral de no ser atendidas en sus necesidades por instancias públicas.

Si en una encuesta realizada por Intermon Oxfam en 2011 se concluía que el 5% de los españoles (unos 2,35 millones de personas) pasa hambre cada día, el 33%, ha cambiado su dieta por razones económicas y el 26% afirma no comer lo mismo que al comienzo de la crisis económica (coincidiendo con el Barómetro del CIS de diciembre de 2011), no es difícil anticipar hacia dónde se conducirá nuestro país y el profundo descontento y conflictividad sociales que se reforzarán. Un país que en pocas décadas se ha situado entre los más desarrollados del mundo, pero que empieza a recordar a aquella España de antaño de rostros enjutos y tristes, a aquella España en blanco y negro, a consecuencia de la injusticia, la pobreza y la exclusión social.