Desde el año 2008 al 2010, en algunos países de la UE y en España, se pusieron en práctica políticas Keynesianas (‘Plan E’ en España, entre otras medidas) para estimular el crecimiento, que se frenaron en seco en mayo de 2010, por decisión de Bruselas, dando paso a duras políticas de ajuste para reducir el déficit y corregir la deuda de los países de la UE (la deuda no es la causa de la crisis sino un efecto de la misma), lo que dio al traste, entre otras cosas, con el Gobierno Zapatero. Después de más de dos años, estas políticas han fracasado estrepitosamente: desempleo creciente, precariedad, devaluación de salarios, de la protección social, de las pensiones, así como duros recortes de los servicios públicos y sociales (sanidad, educación y dependencia). A pesar de este fuerte sacrificio colectivo (que afecta sobre todo a los más débiles, aumentando la desigualdad y la pobreza), el déficit no se ha corregido, sino todo lo contrario, y la deuda pública tampoco, lo que reafirma la declaración rotunda de Stiglitz: “Ningún país ha salido de la crisis sólo con políticas de austeridad”.

Sin embargo, el hecho más lamentable de lo que está ocurriendo en medio de la crisis es el incremento de las desigualdades por el avance de las políticas especulativas y los ingresos desmedidos de unos pocos desaprensivos, que multiplican sus ingresos por miles cuando deberían multiplicarlos por cuatro o por cinco en relación con lo que ganan de media los trabajadores- como sería lo más razonable-, según Alain Touraine. El agravio comparativo y el desigual reparto del costo de la crisis están creando indignación y desasosiego en la ciudadanía, particularmente en los jóvenes, que puede acabar con un fuerte aumento de la contestación social después del verano, al considerar una provocación y una escandalosa injusticia social semejantes atropellos.

La crisis, en un mundo globalizado, está también fortaleciendo, aún más, el poder del dinero y destruyendo los valores tradicionales que venían presidiendo las relaciones humanas: la centralidad del trabajo, la justicia social, la solidaridad, la cohesión social, la cooperación internacional y el respeto al medio ambiente, entre otros valores.

Resulta también preocupante que, a pesar de los problemas enumerados, los medios de comunicación de masas (controlados en su gran mayoría por la derecha) divulguen conceptos sofisticados con marcado sesgo ideológico que terminan por penetrar en la sociedad. En estos momentos sólo se habla de la deuda pública, de la prima de riesgo, del desplome bursátil, de la volatilidad de la bolsa, de los desequilibrios financieros. Pero, en cambio, no se comentan los verdaderos problemas que afectan a nuestra sociedad y que sufren las personas: desempleo, salarios claramente a la baja, reducción de la cuantía de las pensiones, recortes en la sanidad, en la educación, en la dependencia y en la investigación. Tampoco se habla deliberadamente de los destrozos que está causando la reforma laboral; y mucho menos del fraude fiscal, del escándalo del sector financiero y de la desigualdad y la pobreza que están generando las políticas neoliberales.

En este sentido, se acaba de aprobar finalmente la reforma laboral en el Parlamento que representa la mayor agresión al derecho del trabajo desde su nacimiento y una fuerte involución de los derechos conquistados por los trabajadores. Una reforma que no era necesaria y que está generando más paro; fortaleciendo, aún más, el poder de los empresarios en la organización del trabajo; facilitando el despido libre; reduciendo el costo del despido y de los salarios (transferencia de rentas del trabajo al capital); además de atentar contra la negociación colectiva y golpear gratuitamente a los sindicatos sin ninguna justificación posible. Abundando en ello, la CEOE ha vuelto a exigir una nueva y más dura reforma laboral (antes de que se aprobara en el parlamento), lo que confirma su irresponsabilidad y su nula aportación a la salida de la crisis, al defender sus reivindicaciones maximalistas (reducir las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social y limitar la prestación por desempleo y por dependencia), amparándose en la gravedad de la crisis.

Otro motivo de preocupación es la caída de la prestación por desempleo. Según UGT, en el mes de abril las personas registradas como paradas en las oficinas de empleo ascendieron a 4.744.235. De estas personas cobran algún tipo de prestación 2.922.384, de las que 1.349.351 son prestaciones contributivas por desempleo; por lo tanto, 1.821.851 desempleados no reciben ninguna prestación económica y se encuentra absolutamente desprotegidos. Lo más grave de la situación es que la tendencia es claramente a la baja: en lo que va de año los beneficiarios de la prestación por desempleo han disminuido en 89.661, de los cuales 86.034 corresponden a la prestación contributiva. Por lo tanto, en lo que va de año, la cobertura de desempleo ha pasado del 69,1% al 65,5%. A esto hay que añadir que en los últimos dos años la cobertura de la prestación por desempleo ha disminuido cerca de 15 puntos.

Estos datos justifican sobradamente que los sindicatos reivindiquen la prórroga del programa de empleo y cualificación profesional (PREPARA), dirigido a los parados que hayan agotada su prestación (la ayuda es de 400 euros), con el propósito de paliar la falta de recursos económicos de los desempleados. Debemos recordar que desde febrero a mayo del presente año, el número de beneficiarios del Plan ha ascendido a 447.000 desempleados aproximadamente que, sumados a los que agotan la prestación por desempleo todos los meses, alcanzarían cerca de 600.000 desempleados más, en el plazo de un año, que carecerían de una mínima cobertura para cubrir sus más elementales necesidades.

En todo caso, el desempleo sigue estando dramáticamente a la cabeza de las preocupaciones de los ciudadanos (lo primero deben ser las personas, sobre todo las desempleadas, no el déficit). Sin embargo, el Gobierno no ha presentado ninguna alternativa ni mostrado preocupación por la consecución del pleno empleo -al margen de asumir que al finalizar el año habrá cerca de seis millones de desempleados-, lo que indica que está de acuerdo en la práctica con las declaraciones lamentables y reaccionarias de la ministra de trabajo de Italia: “El trabajo no es un derecho, es un privilegio”. Ante la magnitud de esta cifra, el dinero que se contempla en el “Pacto de Crecimiento” (120.000 millones de euros) -acordado recientemente en la UE-, resultará claramente insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que el Pacto tiene más de ingeniería financiera y de propaganda, que de medidas reales generadoras de empleo.

Para responder a esta lacra social es necesaria la culminación de la reforma del sector financiero. El propósito no es otro que digerir el inmovilizado del ladrillo y canalizar el crédito a familias y empresas. De la misma manera se requieren medidas que estimulen el crecimiento económico y, desde luego, la inversión pública (compatible con la reducción del déficit). Ello solamente será posible si se aborda en profundidad la reforma de la política fiscal en nuestro país, que nos garantice mayores ingresos y un reparto más equitativo de la crisis. Ello debe significar un aumento de la presión fiscal a los más ricos (Hollande) y una decidida lucha contra el fraude fiscal, a partir de la cuantificación del fraude y de las alternativas que viene ofreciendo, desde hace años, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA). Cifras y alternativas que nadie desmiente, por lo que se deberían tener en cuenta, además de contar con la colaboración experimentada del mencionado sindicato para erradicar el escandaloso fraude fiscal.

Para que ello sea posible debe mejorar la correlación de fuerzas de la izquierda europea (socialdemocracia) y de los sindicatos. Al margen de las alternativas a la crisis, los partidos y sindicatos deben reinventarse y fortalecer sus estructuras organizativas y conectar con el tejido social (la debacle electoral del PASOK es muy significativo). Ello sólo será posible desde la autocrítica y la oposición decidida a las políticas neoliberales que postula la UE, lo que debería significar el comienzo de la recuperación de la confianza y de la credibilidad de la ciudadanía hacia la clase política y los sindicatos.

En este sentido, la Confederación Europea de Sindicaros (CES) ha propuesto como alternativa un nuevo Contrato Social para Europa, que defiende una mayor presencia pública en la economía; una política fiscal común y progresista; una política económica sostenible que tenga como prioridad la consecución del pleno empleo; el mantenimiento de la protección social y particularmente de las prestaciones por desempleo; el reforzamiento del diálogo social y de la negociación colectiva; el fortalecimiento de los servicios públicos; y la aplicación de la democracia a todos los niveles. Es lo que pretendía también el fracasado Pacto Global de Rentas firmado por sindicatos y empresarios (y despreciado por Rajoy), que abordaba no sólo los salarios sino también los excedentes empresariales, el reparto de los dividendos y los precios regulados, con la misión de repartir el costo de la crisis, entre otras medidas. En la misma línea, CCOO y UGT vienen insistiendo en la actualidad en un gran Acuerdo con el Gobierno para la reactivación de la economía y la generación de empleo, como alternativa a la crisis.

A pesar de estas propuestas, marcadamente sociales, que pretenden además dar un impulso a la economía y, por lo tanto, a la creación de empleo, nada será fácil. Por el contrario, no es previsible que en la UE y en España sean aceptadas; debemos recordar que las políticas neoliberales son las que están marcando las políticas a seguir y éstas vienen apostando desde hace dos años por la austeridad y el ajuste indiscriminado. Todo indica, lamentablemente, que las nuevas e ilusionantes propuestas de Hollande (crecimiento económico, progresividad fiscal, cohesión social y equilibrio presupuestario) y el último acuerdo de mínimos de la UE (reducir los intereses de la deuda) no serán suficientes para que cambie el rumbo de la política económica; además, ya se anuncian nuevos y duros recortes y el aumento del IVA, que no deja de ser un impuesto indirecto y por lo tanto regresivo que, además, penaliza el consumo interno. Por eso resulta comprensible que se reivindique más “Europa…, pero otra Europa”. Nada más lógico, en la UE y en nuestro país, pintan bastos.