Los ciudadanos se preguntan qué ha pasado para que los sindicatos UGT y CCOO, que han venido desarrollando una política de responsabilidad y moderación, incluso en un contexto de fuerte crecimiento de la economía, se hayan visto obligados a tomar una decisión de tanta trascendencia, como es la de convocar una huelga general de 24 horas contra esas medidas que, si bien- como argumentan en la UE y ratifica nuestro propio gobierno- pretenden atajar la deuda, el déficit, y posteriormente relanzar la economía, en realidad producen destrozos económicos y sociales (sobre todo destrucción de empleo) al sacralizar el déficit y la deuda desde posiciones liberales, que son las que predominan actualmente en la UE.

Algunos responsables institucionales, medios de comunicación, sectores empresariales y económicos, y particularmente el PP de Madrid, intentan responder a esa pregunta desprestigiando a los sindicatos- en el marco de una ofensiva antisindical- a los que critican diciendo que son incapaces de adaptarse a la modernidad y que sólo defienden a los trabajadores con empleo, despreocupándose de los demás: con esa actitud, deliberadamente falsa e irresponsable, están haciendo un flaco favor al futuro de nuestro país y, sobre todo, están demostrando su nula confianza en la democracia y en la madurez de la opinión pública y de los trabajadores, haciendo abstracción de que los países más avanzados de la UE son los que cuentan con sindicatos más fuertes y consolidados a todos los niveles.

Los que están propagando esta campaña olvidan que hace tiempo elogiaban la actuación de los sindicatos cuando asumían sacrificios y firmaban acuerdos que contemplaban, entre otras medidas, la moderación salarial.

No podemos olvidar que los sindicatos, desde 1976, han venido desarrollando una acción sindical que perseguía el logro de cuatro objetivos básicos: fortalecer la democracia; sanear nuestra economía y asegurar su desarrollo sobre bases firmes y sostenibles; consolidar un modelo de relaciones laborales equiparable al de los países europeos; y ejercer una acción solidaria y protectora hacia aquellos colectivos de trabajadores con menos capacidad de respuesta, sobre todo en tiempos de crisis. Los sindicatos, para conseguir estos objetivos, propiciaron una política de grandes acuerdos con el gobierno y los empresarios. Fue lo que se conoció como la “concertación social”.

Este compromiso con el interés general exigió aceptar sacrificios que no fueron comprendidos por algunos colectivos de trabajadores. Era difícil asumir la necesidad de moderar los salarios e, inclusive, de perder poder adquisitivo; era difícil en aquel entonces entender la necesidad de reconvertir empresas y sectores, o de flexibilizar el mercado de trabajo.

En la actualidad, la situación de nuestro país es muy diferente: la democracia está consolidada y las estructuras económicas y sociales, a pesar de los problemas, están preparadas para salir de la crisis y transitar hacia un nuevo modelo productivo en el marco de una economía sostenible. En la situación actual, los trabajadores no entenderían que las organizaciones sindicales mantuvieran un discurso de corresponsabilidad con las medidas aprobadas, que lesionan gravemente los derechos adquiridos por los trabajadores y que están encaminadas a que éstos soporten la crisis que no han generado; simplemente porque con esa actitud estarían incumpliendo la misión que les otorga nuestra Constitución, además de supeditar su acción sindical al gobierno de turno y renunciar por lo tanto a su autonomía sindical. En todo caso, los sindicatos se han dado de bruces con la realidad: nuevamente se ha demostrado que un gobierno socialista no garantiza siempre los derechos adquiridos por los trabajadores; ni asume, en todos los casos, las reivindicaciones de los sindicatos. Han quedado atrás tiempos mejores donde Zapatero fascinaba a los sindicatos y algunos señalaban a Cándido Méndez como el “cuarto vicepresidente”…

A pesar de ello, los sindicatos siguen considerando que la negociación colectiva es el mejor procedimiento para defender los intereses de los trabajadores- está indisolublemente unida a la propia esencia del sindicato- y que la movilización y la huelga son instrumentos que sólo deben ser utilizados una vez agotada la vía de la negociación. Por eso resulta más grave que la reforma laboral ponga patas arriba la propia negociación colectiva al aumentar el poder de los empresarios, facilitando el descuelgue de los convenios- además de incumplir acuerdos firmados que se ven contaminados por las medidas de ajuste-, lo que abre una etapa de potencial conflictividad en torno a los más de 4.000 convenios (la huelga de Metro es un ejemplo significativo) que se negocian todos los años, sin ningún argumento de fondo que lo justifique.

Estas son las causas reales del conflicto. Los sindicatos han agotado la vía de la negociación después de constatar la actitud interesada de los empresarios y la decisión del gobierno de erigirse en defensor de la reforma laboral para calmar a los mercados; como consecuencia, están utilizando un derecho constitucional como es el derecho de huelga al sentirse fuertemente defraudados (no hay más radical que un moderado que se siente engañado). Insistentemente se señala que la huelga puede desestabilizar al gobierno; que no hay un clima de huelga; que la huelga empeorará más la situación; que no se conseguirá nada… La experiencia histórica no es esa. Las huelgas- que nadie quiere convocar y mucho menos hacer- siempre han significado un avance para los trabajadores, aunque los resultados no se consigan en todos los casos a corto plazo (los logros más significativos en torno al 14-D de 1988 se consiguieron un año después), además de evitar atropellos posteriores. Desde luego, sin la huelga y la movilización obrera, la negociación colectiva no tendría sentido porque la correlación de fuerzas a favor los empresarios sería infinita.

Los sindicatos han dejado perfectamente clara su pretensión. No se trata de desestabilizar al gobierno sino de que éste haga compatible una política de ajuste más suave con el crecimiento de la economía y el empleo, y de que el gobierno sea más sensible al bloque social que le votó y a las demandas sindicales.

La protesta sindical denuncia el recorte de las retribuciones de los funcionarios (ruptura del acuerdo en la función pública para tres años); la congelación de las pensiones (al margen del Pacto de Toledo); la reforma a la baja de la seguridad social (alargar la edad de jubilación y aumentar el cómputo de años para calcular la cuantía de la pensión); el recorte de la inversión pública; la supresión de la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia; y finalmente la reforma laboral (que ha desencadenado la huelga), entre otras medidas, que configuran un paquete sin precedentes en nuestro país en cuanto a su regresividad.

Queda pendiente la deriva política y electoral del conflicto y sus efectos en la abstención, así como su repercusión en los partidos políticos a la izquierda del gobierno. Desde luego, no es previsible que el PP reciba muchos votos desencantados del PSOE, dada su carencia de alternativas para salir de la crisis.

En todo caso, la respuesta sindical a estas medidas se está produciendo en todos los países europeos con mayor o menor énfasis para evitar los destrozos sociales de esta política. En coherencia con ello, se están llevando a cabo movilizaciones y huelgas (destacan las de Grecia, Italia y, sobre todo, las de Francia- aceptadas por la mayoría de la ciudadanía-, que han tenido un éxito considerable) que tendrán su corolario el 29 de septiembre, de acuerdo con la convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Ello, desde luego, pondrá a prueba la capacidad de movilización del movimiento sindical en la UE- y por lo tanto del movimiento sindical en España- lo que obligará a los sindicatos a organizar con entusiasmo las movilizaciones y la huelga, de tal manera que sean secundadas por la izquierda social y la mayoría de los trabajadores, demostrando así que el trabajo sigue siendo el fundamento de un sistema democrático y de una economía moderna, eficaz y sostenible.

Las movilizaciones sindicales serán continuadas y pacíficas- aunque no hay que descartar que se conviertan en incontroladas si son superados los sindicatos ante la situación actual, que puede agravarse `por la imposición de servicios mínimos abusivos en las empresas en conflicto-, al tiempo que serán expresión de solidaridad y de defensa de los intereses de los trabajadores; también de los jubilados, los jóvenes, y los desempleados, a la vez que ayudarán a que los ciudadanos acrecienten su conciencia social y sientan que, el vivir en democracia, es algo más que votar cada cuatro años.

Por eso, la campaña de desprestigio hacia los sindicatos- que resulta irresponsable y denota alejamiento de la realidad social- debe ser superada, entre otras cosas, por la movilización obrera y ciudadana. Simplemente, porque la alternativa a los sindicatos es el caos; que nadie lo olvide.