La creación de empleo seguirá siendo el eje fundamental de la política a seguir ante las alarmantes cifras de desempleo, convertidas por un Gobierno de marcado carácter tecnocrático en una simple variable de su cuadro macroeconómico con la que tenemos que convivir. A pesar de que el Gobierno evita hablar de las cifras de desempleo, no debemos olvidar que, según la EPA del último trimestre, tenemos la escandalosa cifra de 5.896.300 de desempleados, lo que representa el 26,03% de la población activa. Lo más grave es que los menores de 25 años alcanzan porcentajes en torno al 55% y los mayores de 55 años han pasado de representar el 5%, en 2007, a casi el 20% en 2013. Por otra parte, más de la mitad de los desempleados se encuentran en situación de paro desde hace más de un año. La pequeñísima mejora que se ha producido en las cifras de paro en 2013 se debe a la caída de la población activa (emigración económica y desánimo) y a que el empleo es más barato, temporal y a tiempo parcial no voluntario (el 61,1% de los que trabajan a media jornada lo hacen obligados, porque no pueden trabajar más horas). Ello, desde luego, no significa un cambio de tendencia ni una transformación de nuestro modelo productivo tradicional basado en el turismo, en los servicios y en empleos de baja remuneración y escaso valor añadido.

Las medidas que se proponen contemplan cambios en la política económica de la Unión Europea, basada en una rígida estabilidad fiscal, cuyos fundamentos son la austeridad y los recortes. Además pretenden poner en práctica el Plan de Estímulo, propuesto recientemente por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que apuesta por invertir anualmente el 2% del PIB de la Unión Europea durante 10 años, que podría generar hasta 11 millones de nuevos empleos. En nuestro país se plantea además potenciar y reformar las políticas activas de empleo que se han desplomado (en su cuantía) a la mitad desde 2010, así como también la gestión de las oficinas de empleo en sus tareas de recolocación de trabajadores, que está resultando un auténtico y lamentable fiasco sin paliativos. Además, los sindicatos reclaman un Plan de Choque (con la participación de las CCAA) que contemple recursos excepcionales para estimular la contratación laboral y el empleo de los colectivos más desfavorecidos por la crisis: parados de larga duración (muchos de ellos no volverán a trabajar nunca) y jóvenes principalmente.

En relación a los salarios, la Agenda Alternativa defiende, después de varios años de contención salarial, que éstos recuperen poder adquisitivo, lo que significará, con toda seguridad, la no renovación del Acuerdo de moderación salarial (AENC, 2012-2014); además de potenciar la lucha por la igualdad de género en salarios y reducir las escandalosas diferencias salariales que existen dentro de las empresas en España (brecha salarial), que nos sitúa a la cabeza de los países de la Unión Europea. Sin duda, ello tendrá además una favorable repercusión en el consumo interno, en el empleo y en la superación de las desigualdades y de la pobreza. Debemos recordar que, según Eurostat, España se encuentra por debajo de la media de renta por habitante de la UE-28 (96% sobre 100%). Además, el 28,2% de la población está en riesgo de pobreza, casi 5 puntos más que en 2007 (23,3%).

En cuanto al marco de relaciones laborales se exige la retirada de la nefasta reforma laboral de 2012 y, todo indica que, sin renunciar al diálogo social -ninguneado por el Gobierno y por los empresarios-, los sindicatos prescindirán de los grandes acuerdos y la acción sindical se llevará a cabo de una manera más descentralizada y, por lo tanto, en los sectores y centros de trabajo. Con ello se pretende además superar el bloqueo de la negociación colectiva, como lo demuestran los datos: el 52,73% de los trabajadores no han podido firmar su convenio en 2013 y en los convenios de empresa sólo lo han hecho el 36,56% de los trabajadores que lo hicieron en el año 2011.

La Agenda que se propone contempla también un capítulo importante relacionado con la protección social y, en particular, con las pensiones, la prestación por desempleo y la atención a las personas dependientes. En relación a las pensiones, los sindicatos defienden la Reforma, que entró en vigor en enero de 2013, con el propósito de garantizar su sostenibilidad y, paralelamente, exigen la retirada del Índice de Revalorización (0,5%), impuesto de manera unilateral por el Gobierno, que recorta el poder adquisitivo de las actuales y futuras pensiones. En cuanto a la prestación por desempleo, los sindicatos denuncian la tendencia descendente de la misma, que ha pasado del 64,3% -en noviembre de 2012- al 61,4%, en noviembre de 2013. En este sentido, reivindican la protección de los colectivos más castigados por el desempleo, para lo que será necesario reforzar de manera decidida la prestación por desempleo y facilitar el acceso a dicha prestación de los más necesitados. También defienden recuperar la atención a las personas dependientes y, lo que es más importante, el establecimiento de un suelo de gasto social -con reconocimiento constitucional-, que permita el mantenimiento de un mínimo nivel de protección social y de servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales, dependencia…, con el propósito de avanzar en la convergencia social con los países más avanzados de la Unión Europea. En coherencia con ello, reivindican una Renta Mínima Garantizada para los que son expulsados del mercado de trabajo y no tengan derecho a ninguna prestación con el propósito de responder a los dramáticos problemas sociales con los que tenemos que convivir todos los días.

Otro de los capítulos destacados de la Agendase refiere a la fiscalidad. El problema del déficit y de la deuda pública tiene relación directa con los ingresos del Estado -sobre todo cuando ya se ha realizado un brutal ajuste del gasto fiscal-, que se sitúan muy por debajo de la media de la Unión Europea. La UGT sitúa los ingresos en nuestro país en 9,2 puntos del PIB por debajo de la media europea (en torno a 90.000 millones de euros anuales). Entre otras medidas, se plantea una reforma integral de nuestro sistema fiscal que tenga como fundamento los principios de suficiencia, equidad y progresividad, además de exigir la retirada de la reforma constitucional (artículo 135) y su principio de estabilidad presupuestaria, en cuanto que introduce frenos a la inversión, a la protección social y a la financiación de los servicios públicos básicos, al estar todo ello supeditado a la corrección del déficit y al pago de la deuda. Particular hincapié se hace en la lucha contra el fraude fiscal y, en concreto, en el impuesto de sociedades, muy condicionado a la baja por la ingeniería fiscal permitida que practican las grandes empresas. También se reivindica con fuerza el impuesto sobre las transacciones financieras en el conjunto de la Unión Europea, porque es de justicia que el sector financiero participe en la salida de la crisis, sobre todo cuando ha sido rescatado con dinero público.

La Agenda Alternativa de Progreso defiende de manera decidida y rotunda una política de servicios públicos como una pieza básica del Estado de Bienestar Social. Particularmente defiende potenciar el carácter público y el acceso universal y gratuito de la sanidad, sin olvidar la defensa y consolidación de los logros conseguidos en la educación, la justicia y los servicios sociales, entre otros servicios básicos.

Por último, los sindicatos exigen una mayor democracia, que incluya la consulta popular ciudadana para tratar asuntos de especial relevancia. Una democracia que impulse una mayor trasparencia contra la corrupción y contra unas políticas opacas que están causando estupor en la ciudadanía y que deberían comenzar por una revisión a fondo del funcionamiento de las propias estructuras sindicales y de los procedimientos de financiación de los sindicatos que, en todo caso, deben ser públicos y un ejemplo de transparencia para toda la ciudadanía (Código Ético). También que mejore sustancialmente la información del Gobierno a los ciudadanos, porque la ciudadanía tiene derecho a saber el alcance de las ayudas fiscales a los fondos complementarios de pensiones y, desde luego, lo que motiva al Gobierno para apoyar, más o menos veladamente, a dichos fondos, como ha hecho la ministra Báñez al anunciar que va a remitir información a los mayores de 50 años sobre sus carreras profesionales, a fin de que puedan complementar sus pensiones. De la misma manera, los ciudadanos quieren conocer la cuantía y la eficacia en la creación de empleo de las desgravaciones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Exigen, además, conocer el volumen y los efectos de las desgravaciones fiscales, así como el monto de la fuga de capitales y, en todo caso, información sobre los paraísos fiscales y la evasión de impuestos (Hacienda somos todos). Particular énfasis se hace en la reclamación de información sobre el rescate del sector financiero y el estado actual de las ayudas recibidas (por ejemplo: Sareb, banco malo), que están causando agravios y un rechazo generalizado, sobre todo cuando el Gobierno manifestó en su día que el Estado recuperaría las cuantiosas ayudas y ya da por perdidos 36.939 millones de euros (nº 10 de la revista Alternativas Económicas), con el agravante de que el crédito no llega a empresas y particulares y el Gobierno ha rechazado formalizar una fuerte Banca pública.

En resumen, todo indica que se avecina un cambio de ciclo en la acción sindical ante la negativa de los sindicatos a convivir pacíficamente con el desempleo y la precariedad, así como también por la actitud negativa del Gobierno a buscar soluciones a la crisis de manera dialogada. La única respuesta de Rajoy a la petición de diálogo es redoblar la actuación de la policía que, en si misma, genera más conflictividad y engendra violencia añadida a partir de una sobreactuación policial no exenta de provocaciones. Los ejemplos de Gamonal, de las Mareas y de los repetidos conflictos laborales son muy significativos y la Ley de Seguridad Ciudadana simplemente nos remite a tiempos pasados de triste recuerdo. En este cambio de ciclo, los sindicatos deben mejorar su credibilidad y la relación de fuerzas con el Gobierno y los empresarios, y ello sólo será posible a través de una acción sindical más cercana a los trabajadores y más contundente en sus reivindicaciones -al margen de los resultados que se consigan-, porque ha llegado el momento de que los sindicatos encabecen de manera más decidida la contestación obrera -junto a la respuesta ciudadana- a una política que, todo indica, solamente pretende consolidar los privilegios de los poderosos en detrimento de los más desfavorecidos. Los últimos datos de Oxfan Intermón, sobre desigualdades, son pavorosos y dejan en total evidencia la política neoliberal del Gobierno.