La CSI denuncia que la actual situación de crisis provocada por la avaricia y la irresponsabilidad de los gestores financieros internacionales puede destruir más de 50 millones de empleos y arrojar a la pobreza severa a 200 millones de trabajadores, de acuerdo con las estimaciones de la OIT. Ante esta situación alarmante, la CSI apuesta prioritariamente por impulsar planes de estímulo coordinados a través de programas específicos de creación de “empleo con derechos” que se lleven a cabo en cada país, junto a la protección social a los desempleados, en base al Pacto Mundial por el Empleo aprobado en el pasado mes de junio por la OIT. Para ello exige al G-20 la regulación del sistema financiero internacional- que resulta imprescindible- y reclama que esta regulación ponga fin a los paraísos fiscales, a las retribuciones escandalosas y suntuarias de los gestores de las entidades financieras, e implante un impuesto universal a las transacciones financieras en el ámbito internacional. Por otra parte, la CSI exige el establecimiento de las bases para que la salida de la crisis contemple un modelo económico más justo, más eficiente, y más sostenible, tanto en términos sociales como medioambientales a partir del cumplimiento de los objetivos del milenio de la ONU.

En el acto central celebrado en Madrid- y que contó con los secretarios generales de UGT y CCOO- todas las intervenciones que se hicieron defendieron estos planteamientos y coincidieron en cuatro asuntos distintos pero a su vez importantes y de rabiosa actualidad: la pensión del ex consejero delegado del BBVA; las declaraciones del gobernador del Banco de España; la actitud actual de la CEOE; y la política del gobierno en torno a los presupuestos generales del Estado.

La pensión anual de carácter vitalicio del ex consejero del BBVA, que alcanza los tres millones de euros brutos anuales, no es ninguna excepción sobre todo en el sector financiero. Según El País (4-10-09), las cuatro principales entidades financieras españolas (Santander, BBVA, Popular, y Banesto) tienen comprometidas pensiones con sus 16 consejeros ejecutivos por un valor de 416 millones de euros- 26 millones de media- y, en concreto, el consejero delegado del Santander supera los 80 millones de euros. Por lo tanto, y con estos datos, en las entidades financieras analizadas la pensión de esos directivos es de 371 veces superior a la media.

Ante esas cifras de verdadero escándalo, y que resultan además provocativas en la actual situación de crisis, no se ha dicho prácticamente nada- si exceptuamos a las formaciones de izquierda y a los sindicatos- a pesar de que han generado una verdadera alarma social. Desde luego, el supervisor (gobernador del Banco de España) no dijo nada; los empresarios de la AEB y la CEOE tampoco; ni siquiera se pronunciaron FUNCAS, los “100 economistas del famoso manifiesto” en el entorno de FEDEA, y los analistas que vienen reclamando una mayor desregulación del mercado de trabajo, bajos salarios, y una baja protección social como receta para reducir el déficit y salir de la crisis.

Se nos dice que fijar las retribuciones y los planes de pensiones es de responsabilidad exclusiva de las empresas. En una economía social de mercado eso, siendo verdad, no deja de resultar intolerable y contradictorio con la presunción de muchos bancos de ser empresas socialmente responsables como vienen alardeando desde hace años- lo que no deja de ser una falacia, cuando no una broma de mal gusto- y, en todo caso, significa dar un golpe bajo al concepto de “responsabilidad social de la empresa” vaciándolo de contenido y por lo tanto sin futuro ante semejantes retribuciones y pensiones millonarias. Al Gobierno le debemos decir simplemente que estudie las medidas fiscales más adecuadas que se puedan tomar para evitar escándalos de este tipo; desde luego está en su mano y no hacerlo sería incomprensible y poco edificante, sobre todo para los que están soportando más intensamente la gravedad de la crisis.

El segundo asunto se refiere al “gobernador” que cabalga de nuevo inasequible al desaliento. Vuelve a plantear la reforma del mercado de trabajo (esta receta resulta ya rancia, añeja, poco original, y desde luego reiterativa), y además está recomendando la congelación de salarios ligándolos actualmente a un IPC en negativo, la contención del gasto social sobre todo en desempleo y pensiones, el aumento de los impuestos indirectos (IVA), y la recuperación del tipo único para simplificar las tareas de la hacienda pública (?), al margen de la progresividad; por el contrario, nada dice sobre sus responsabilidades y competencias directas como supervisor (saneamiento financiero, aumento de la morosidad, escasa canalización de créditos a empresas y particulares, pensiones y retribuciones millonarias en el sector financiero, excesivos repartos de beneficios y dividendos empresariales en medio de la crisis- por ejemplo Telefónica-, FROB, CCM…). Lo que demuestra que el gobernador no opina sobre sus propias competencias y en cambio se permite el lujo de opinar sobre materias que no le competen: a eso se le llama simple y llanamente impartir ideología y para eso, ya se sabe, están los partidos políticos que lo saben hacer mucho mejor.

Los sindicatos volvieron a reclamar a la CEOE el desbloqueo, según UGT, de más de 2.000 convenios pendientes en el pasado 1 de octubre- nuevos y en revisión sobre lo pactado anteriormente, afectando a más de 3 millones de trabajadores- paralizados por la patronal como condición para abordar la negociación colectiva de los próximos años. Ello debería ser suficiente para reabrir el diálogo social en varias materias, principalmente las que se refieren a resolver los problemas derivados de la precariedad de nuestro mercado de trabajo- en España, los trabajadores temporales tienen un salario más bajo que los indefinidos, se les despide fácilmente y sin confrontación social, y además, el despido resulta barato o, simplemente, no cuesta nada- y la racionalización de la negociación colectiva a través de la articulación de los convenios colectivos (flexibilidad interna), lo que facilitará la labor de los interlocutores sociales, además del establecimiento de medidas que nos encaminen, junto al gobierno, a un nuevo modelo productivo, agotado el monocultivo del ladrillo y el exacerbado consumo interno. En el peor de los casos, y ante la hipótesis de ruptura indefinida del diálogo social, anunciaron movilizaciones antes de fin de año con el propósito de mejorar la correlación de fuerzas y presionar así a los empresarios, lo que representa la primera declaración pública en este sentido que, por cierto, ha tenido escaso eco mediático.

En cuanto al Gobierno, las intervenciones pusieron en valor la política social del gobierno (cobertura del desempleo y pensiones) sobre la desarrollada por gobiernos anteriores. Sin embargo, mostraron su preocupación por el empleo y en este sentido plantearon al gobierno optimizar la inversión pública en políticas activas de empleo y mejorar la intermediación de las oficinas de empleo en la recolocación de los trabajadores desempleados, además de mejorar la cualificación de los mismos, de acuerdo con las CCAA.

En relación con la política fiscal los sindicatos asumen una subida de impuestos- España está muy por debajo de la media europea en presión fiscal-, sobre todo en la actual situación de crisis, pero son muy exigentes y defienden la suficiencia, la equidad y la progresividad de manera que paguen más los que más tienen. Ello debería conllevar la modificación del proyecto de ley de presupuestos en torno a un aumento de la presión fiscal a los que más tienen (SICAV, impuesto sobre el patrimonio, rentas altas de capital, e ingresos suntuarios) y se muestran en contra del aumento de los impuestos indirectos (IVA) porque perjudican relativamente más a los que menos tienen. En todo caso, el Ministerio de Trabajo- actualmente con perfil bajo- debe asumir un mayor protagonismo en el diálogo social aportando ideas y concitando acuerdos con los interlocutores sociales en busca de la mejora del empleo.

Desde luego, superar el estancamiento económico y crear “empleos decentes y de calidad” sigue siendo la gran preocupación de la ciudadanía. Cada interlocutor social, representando su papel, debe hacer lo más conveniente para defender sus intereses pero lo debe hacer respetando siempre el interés general, que en estos momentos pasa por la creación de puestos de trabajo, dando por hecho que los “brotes verdes”, para que estos sean creíbles y consistentes, tienen que estar respaldados por los datos relativos al empleo, no sólo por los que recogen los avances del PIB como ocurre en la actualidad.

En este sentido, los sindicatos vienen derrochando paciencia y responsabilidad y son perfectamente conscientes de la gravedad de la crisis y de su previsible duración, pero la paciencia tiene un límite y por eso, haciendo valer su autonomía sindical, nos anuncian movilizaciones y en estos momentos recaban apoyos de sectores y personas progresistas para desbloquear la negociación colectiva y reabrir el diálogo social. Una autonomía que, además de ser real, debe ser también reconocida y apoyada por los trabajadores: por ejemplo, secundando las movilizaciones si éstas finalmente se convocan, lo que reafirmará al sindicalismo como valor de futuro y potenciará la centralidad del trabajo en una sociedad democrática.