Estas medidas son de una radicalidad e insensatez difíciles de exagerar. Son criticables desde todos los puntos de vista. Un ejemplo: el euro/receta es recaudatorio y por ello injusto, y es inconstitucional, afecta especialmente a los colectivos de peor salud y menor renta (pensionistas, parados con subsidio y familias con jóvenes que no han tenido acceso al primer empleo), sumándose al reciente incremento del copago de medicamentos y a la desfinanciación de fármacos para síntomas menores. Otro ejemplo: la peregrina idea de transformar en un geriátrico al hospital de La Princesa, un hospital terciario a pleno funcionamiento, es una barbaridad tan evidente que ejemplifica como nada el mix de ignorancia, temeridad y prepotencia con la que el PP de Aguirre-Gonzalez manda en la sanidad y en la educación madrileña. Gobernar es otra cosa.
La pulsión privatizadora es sin duda el rasgo más característico de las políticas sanitarias del PP de Madrid, y de sus primos-hermanos de Valencia. Esta pulsión es el resultado de una mezcla tóxica de tres grandes ingredientes que es importante conocer y denunciar. Su primer componente es el doctrinarismo ideológico a favor del mercado y de lo privado, y en contra de lo público, del papel activo del Estado en la economía, en garantizar servicios públicos universales e igualdad de oportunidades y de resultado. La crisis económica les sirve de coartada para implantar una agenda sectaria, que ocultaron en el debate electoral, ni ahora exponen abiertamente. Recortan servicios esenciales e hipotecan el futuro, pero se niegan a quitar privilegios fiscales al 3% más rico de la población.
El segundo ingrediente es a su vez una mezcla de oportunismo, incompetencia como gobernantes y gestores, irresponsabilidad y prepotencia partidista. Les lleva a despreciar el conocimiento técnico-profesional (Madrid tiene el equipo directivo más desprofesionalizado de la sanidad española) y los procedimientos públicos de consulta e información que son de uso corriente en las Administraciones Públicas eficaces y democráticas, así como en las grandes organizaciones bien gobernadas; le lleva a despreciar y no tener en cuenta las opiniones de profesionales, expertos y agentes sociales. Les lleva, en fin, a ritualizar vaciando de contenido, cuando no obviando, los procedimientos democráticos de discusión parlamentaria, basada en información pública, compartida y contrastada y en informes técnicos rigurosos.
El tercer ingrediente de esta mezcla tóxica son los conflictos de interés, las amistades peligrosas y los intereses entrelazados y compartidos entre el poder político y el económico, caldo de cultivo de la corrupción. Los Gobiernos del PP de Madrid y Valencia se han visto tan enfangados en ella que sería imprudente no tener este factor en cuenta a la hora de encontrar una explicación racional, por ejemplo, al porqué de la privatización de seis nuevos hospitales de Madrid que quiere hacer el PP. Son hospitales cuya atención sanitaria está organizada en forma de empresa pública con un alto nivel de eficiencia y calidad ¿Qué otra razón que no sean intereses no-públicos puede haber para privatizarlos?
La mezcla tóxica que alimenta la pulsión privatizadora del PP de Madrid no sólo es negativa para la sanidad y los servicios públicos afectados: corroe la raíz misma de la democracia, desprestigia la política y mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es pues mucho lo que está en juego. Por ello es más urgente que nunca mostrar que tenemos una alternativa de ética pública, de buen gobierno, de democracia de calidad con servicios públicos eficientes, de todos, para todos y utilizados por todos.
