En suma, han hecho, como suele ser habitual en este tipo de informes, de voceros del Banco de España y de otros centros de presión económica, en este caso españoles, y han repetido la doctrina que acostumbran: hay que rebajar el precio del despido, limitar la negociación “colectiva” al ámbito de las empresas, eliminar las cláusulas de revisión salarial y recortar, por las vías que sean, el nivel de las pensiones públicas. Es la receta permanente y universal del FMI. Cuando el Sr. Camdessus fue Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 1987 y 2000, mostró la solidez y profundidad de sus postulados cuando, por ejemplo, en visita a Haití, afirmó que uno de los principales problemas de aquel país consistía en el excesivo peso del Estado. Su sucesor (tras el período de Köller, entre 2000 y 2004), Rodrigo Rato, llegó un día en misión a Santiago de Chile y, nada más descender del avión, pontificó que uno de los principales problemas que aquejaban a aquel país era un sistema laboral demasiado rígido. ¡Precisamente un país en el que no se permiten sindicatos en establecimientos de menos de 25 trabajadores, donde se puede recurrir a esquiroles en caso de huelga, donde sólo un 7% de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos, en el que muchos convenios básicos de la OIT no están ratificados y las jornadas laborales son decimonónicas!

Quizá sea por exceso de voluntarismo e ingenuidad pero espero y creo que los socialistas franceses y sus votantes no irán a elegir, en el proceso de primarias para nominar al candidato a la Presidencia de la República, a Dominique Straus-Kahn, actual Director Gerente del FMI y “barón” del Partido Socialista Francés, para tal elección. Hacerlo, tras las políticas que está apadrinando – después de una primera etapa post-crisis en la que empleó un lenguaje algo diferente –, en la línea más clásica de la institución que dirige, impediría el reagrupamiento de la izquierda francesa y acabaría con las posibilidades que ésta pueda tener de ganar las próximas elecciones presidenciales.

La aplicación de las propuestas que acaba de hacer el FMI para España supondría un ataque sin precedentes al derecho del trabajo y a las relaciones laborales. No sólo porque se quiere equiparar el coste del despido por causas objetivas al despido improcedente sino, sobre todo, porque – en la línea del documento del grupo de los 100 economistas y del contrato único que defienden – lo fundamental es que se quiere eliminar del sistema, salvo en algún supuesto de discriminación, la tutela judicial. Tan grave o más que ello es la propuesta de reducir la negociación al ámbito de las empresas. Ello supondría, en la práctica, la eliminación, de facto, de la negociación colectiva, en un país en el que la media de las plantillas de las empresas es de siete trabajadores. También proponen la eliminación de la llamada “indiciación” de los salarios (que no es tal, pues la inclusión de la cláusula de revisión salarial en los convenios, en el caso de que la inflación prevista supere a la real, poco tiene que ver con la denominada scala mobile imperante en Italia a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado). Con ello se acabaría con uno de los pilares del diálogo social en España, que ha sido factor central de la lucha contra la inflación en nuestro país. Eliminar las cláusulas de revisión salarial en los convenios laborales nos retrotraería al esquema de negociación sindical anterior a los Pactos de la Moncloa. Hasta entonces y, especialmente, hasta el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) de 1980, las reivindicaciones salariales de las organizaciones sindicales se construían sumando a la inflación pasada la previsión de los aumentos de la productividad.

En lo que hace a la propuesta de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años, remito a los lectores a los argumentos que ya he expuesto en artículos anteriores en esta columna

El objetivo de esta propuesta ultraliberal no es otro que el de reducir aún más nuestro Estado de Bienestar. Se ataca para ello a sus dos pilares fundamentales: el derecho del trabajo y las protecciones sociales vinculadas al trabajo. Es evidente que con ello no se creará empleo ni se asegurarán las pensiones. De hecho, ninguno de los que lo propone estaría dispuesto a cuantificar ante notario el empleo que se supone va a crearse con las medidas que propugnan. Ni a rendir cuentas, al cabo de la próxima crisis, sobre si las medidas que plantean acabarán con la volatilidad, precariedad y bajos niveles salariales de nuestro mercado de trabajo. Las medidas que apoya el FMI sobre el sistema de jubilación tampoco van a asegurar las pensiones: sólo aseguran que las pensiones futuras van a tener una tasa de sustitución respecto al último salario bastante más baja. O sea, que serán paupérrimas.

Ni siquiera tales recetas van a evitar que los mercados sigan teniendo a nuestro país en el punto de mira: el problema, a ese respecto, no son ni la regulación laboral ni el coste de las pensiones. El problema es que, a finales de 2007, la deuda privada española representaba el 317% del PIB. Y que los esfuerzos para reducirla se están traduciendo en sobre-capacidad de producción, reducción de las inversiones de las empresas, aumento del paro, reducción de los salarios, aumento del ahorro y reducción del consumo. Tendencias que pueden acentuarse con las medidas de ajuste que se están poniendo en práctica, sin que ninguna expectativa de que un fuerte crecimiento de las exportaciones pueda compensar la atonía de la demanda interna. No parece que la consolidación de las finanzas públicas vaya a ser muy probable, ni tampoco el retorno al crecimiento, una condición esencial para crear empleo, reducir el déficit y amortizar la deuda.

Los ataques de los mercados y los imperativos categóricos del FMI nos muestran hasta qué punto el neoliberalismo ha impuesto sus postulados y la impotencia, de hecho, con la que actúa la política frente a los dictados del mercado y de las instituciones que les dan respaldo. Uno de los padres fundadores del fundamentalismo económico contemporáneo, Friedrich Hayek, ya señalaba que si los derechos económicos y sociales consagrados en los textos emblemáticos de un nuevo orden mundial, tras la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado – la Declaración de Filadelfia, de 1944, y la Declaración Universal de 1948 – “se convierten en normas obligatorias acabarán con el orden de libertad al que tienden los derechos civiles tradicionales”. Crítico virulento de la obra normativa surgida de la posguerra, Hayek le reprochaba, sobre todo, el haber establecido “una democracia ilimitada” que extendía sus dominios sobre las cuestiones económicas. Añadía que “una vez que demos licencia a los políticos para intervenir en el orden espontáneo del mercado, ellos desencadenarán un proceso acumulativo cuya lógica intrínseca conducirá inevitablemente a la dominación creciente de la política sobre la economía”. Este ha sido el primer objetivo de la revolución ultraliberal: colocar el “orden espontáneo del mercado” fuera del alcance del poder de las urnas, sustrayendo de la esfera política el objetivo del pleno empleo, el reparto de la riqueza y la política monetaria. De tales polvos han crecido los lodos que estamos padeciendo. ¿Qué consecuencias para la democracia está teniendo y puede llegar a tener este ninguneo de la política?