Hay una segunda razón. Lo sucedido en el verano del año 2003 demuestra que ganar unas elecciones no es suficiente para que la izquierda vuelva a gobernar en Madrid. Antes hemos de fortalecer las instituciones democráticas. Hemos de hacerlas resistentes ante operaciones fraudulentas como el “tamayazo”.

Durante los últimos días, la cadena Ser ha dado a conocer nuevas noticias sobre aquel episodio bochornoso. Ya sabíamos que un militante del PP, Esteban Verdes, asesoró jurídicamente a los tránsfugas. También conocíamos que dos militantes constructores del PP, Bravo y Vázquez, financiaron la huída después de visitar en Génova al inefable Romero de Tejada. Y ahora comprobamos que otro antiguo cargo público del PP, Julio Ariza, beneficiario de amplios favores mediáticos por parte del Gobierno regional, organizó la protección de aquellos corruptos.

Verde y con asas. ¿A qué espera para actuar la Justicia? Aquel verano de 2003 se cometió un atentado gravísimo contra la democracia y el Estado de Derecho. Se robó un gobierno, literalmente. Los ciudadanos madrileños expresaron en las urnas su voluntad de contar con un gobierno de progreso, y una operación perfectamente planificada y ejecutada lo hizo imposible. La Justicia debe actuar para establecer la verdad y para garantizar que se asumen las responsabilidades pertinentes. Y, sobre todo, para evitar la sensación de impunidad. Es imprescindible que los ciudadanos sepan que esto no puede volver a ocurrir. Que hay garantías para que esto no ocurra.

¿Alguien ha hecho el ejercicio de pensar qué cosas hubieran sido distintas en la Comunidad de Madrid y en España con un gobierno regional de progreso? Dice Sabina que “No hay peor nostalgia que añorar aquello que nunca jamás sucedió”. Pero yo sí lo he pensado.

He pensado en un gobierno que hubiera puesto freno a la especulación urbanística responsable del encarecimiento de la vivienda y el deterioro ambiental. Y un gobierno que consolidara el crecimiento económico a la par que afianzaba las políticas de bienestar: en la educación pública, en las listas de espera sanitarias, en la vivienda protegida, en la aplicación de la Ley de la Dependencia…. Y he pensado en un Gobierno regional colaborador y no enemigo del Gobierno de España en la extensión de derechos de ciudadanía. He pensado en todo lo que han perdido los ciudadanos de Madrid.

Sin nostalgias ni revanchismos estériles. Reclamemos tan solo verdad y justicia. Y miremos hacia delante. La Justicia debe esclarecer aquel robo. Los responsables deben pagar. Las instituciones deben vacunarse definitivamente ante fraudes de esta naturaleza. Y los ciudadanos han de confiar en el Estado de Derecho. En Madrid, los que pensamos y actuamos en progresista somos más. Ya ganamos en 2003 y 2004. Y volveremos a ganar.