En Madrid, esta situación es más grave si cabe, porque los distintos gobiernos regionales del PP han sofisticado el engranaje de opacidad. Si la falta de trasparencia propicia la corrupción, aquí se ha dado un paso más y la opacidad se generaliza para ampliar de manera deliberada la posibilidad de realizar corruptelas y, al mismo tiempo, impedir que la oposición en la Asamblea de Madrid y los ciudadanos puedan controlar la labor del Gobierno.

Son estas afirmaciones una opinión. La respuesta es sí. Una opinión que tienen una gran mayoría de madrileños que están escandalizados ante los constantes casos de corrupción que aparecen en esta comunidad, y que encuentran un binomio reiterado en personas que fueron consejeros con el PP y tienen cuentas en Suiza. Pero la sociedad madrileña ha dicho basta y ha decidido cambiar para poner fin a esta situación.

Alguien puede pretender descalificar los argumentos diciendo que solo son opiniones y ellos tienen otras. Pero las opiniones vienen acompañadas con datos. En mayo de 2011, en el barómetro del CIS, cuando se preguntaba a los ciudadanos, ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?, la corrupción y el fraude aparecía en el noveno puesto. Solo un cinco por ciento de los españoles lo consideraba un problema. Ahora, analizando los datos del barómetro de octubre de 2014, la corrupción y el fraude son el segundo problema y así lo cree un 42,3 por ciento de los españoles.

Si a estos datos sobre la corrupción como problema, le añadimos que en mayo de 2011, la clase política, los partidos políticos, eran considerados el tercer problema de España, con un 22,1por ciento. Y ahora, en octubre del 2014, es el cuarto pero con un 23,2 por ciento de españoles que opinan así, se puede afirmar que estamos ante un problema central en la democracia española que de no corregirse puede socavar el sistema.

La corrupción es un problema moral y real que afecta a la sociedad y que debe ser combatido. Pero también es cierto que no todos son igual de responsables ante ella como se puede ver en los últimos tiempos. Aun así, no se puede perder tiempo en el combate contra la corrupción. Los tiempos de negarse a todo, de aplaudir y amparar, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid con el PP, conductas y actuaciones como los espías, los cajones con facturas, la financiación ilegal, los áticos, los paraísos fiscales, los Gürtell, las cuentas en Suiza se han acabado.

Son imprescindibles avances en transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno y democracia en la sociedad y en la política madrileña. Hay que acabar con el silencio y con el secuestro que sufre el Parlamento madrileños por parte del gobierno regional. Porque esta situación de vasallaje del Parlamento sobre el Gobierno es una anomalía democrática que debe ser corregida de manera inmediata.

Ese cambio llegará tras las elecciones del año que viene, pero la sociedad no puede esperar y es preciso ir cambiando ya. Para conseguirlo, el Gobierno saliente del PP debe colaborar para que la Comunidad de Madrid abandone la opacidad que ellos han creado e institucionalizado; abandone la sospecha generalizada de corrupción; luche contra la corrupción; y abandone el abuso de poder.

¿Exageración? No. La evolución de la transparencia de la Comunidad de Madrid queda reflejada en los datos de Transparencia en las Comunidades Autónomas que realiza Transparencia Internacional. La datos son dramáticos y reflejan a las claras las políticas del PP: la Comunidad de Madrid ha pasado de ocupar el sexto puesto en el ranking global de transparencia de las Comunidades Autónomas en el año 2010, a ocupar el decimosegundo lugar en 2012, y el último lugar, es decir, la decimoséptima posición en el año 2014.

Estos datos, evidencian una ruptura del contrato social. Y ante ella, los representantes de los ciudadanos, porque solo somos ciudadanos que representamos al resto, tenemos la obligación moral e institucional, primero, de escuchar el clamor social contra la corrupción, que es nuestro clamor, y actuar después.

Hay que crear sólidos sistemas de acceso a la información y normas que regulen la conducta de quienes ocupan cargos públicos y privados. Se debe abordar los riesgos de corrupción en el sector público para poder superar la crisis política, económica y social en la que nos encontramos. Esto supone blindar a las instituciones públicas frente a la corrupción. Dar ejemplo y realizar las medidas necesarias para asegurar que nuestras instituciones son completamente transparentes y rinden cuentas por sus decisiones. Se trata de una condición crucial, ya que estas instituciones son fundamentales para impedir que la corrupción se propague. Junto a ello, hay que establecer los mecanismos oportunos para que cualquier empresa, directivo y trabajador condenado por corrupción no pueda contratar con Administraciones Públicas.

El deber de los ciudadanos es pelear contra la corrupción y los corruptos. ¡A por ellos!