Malos ejemplos políticos se están dando tras el brutal atentado de ETA en Barajas. Después del espectáculo bochornoso de las primeras reacciones de algunas organizaciones parapolíticas, lanzando huevos y objetos contra sedes del PSOE y tildando de criminales al Gobierno y su Presidente, hemos visto cómo una serie de desencuentros han impedido que los ciudadanos españoles demos una respuesta unitaria al terror. Las manifestaciones del día 13 fueron muy importantes, pero la ausencia del PP, pese a que se aceptaron todas sus exigencias, no han permitido transmitir el necesario mensaje de unidad frente al terrorismo.

El unilateralismo que pudo darse en algunas convocatorias y la incapacidad de los líderes de partidos importantes para anteponer el sentido común y los intereses generales a sus intereses partidistas, han restado fuerza y firmeza en la respuesta ciudadana.

Si los actos de terrorismo generan desunión y tensiones políticas, como está ocurriendo desde los atentados del 11-M, es evidente que el mensaje que reciben los terroristas es que sus acciones “producen” efectos políticos, que hacen tambalearse o logran debilitar, de alguna manera, la estabilidad del sistema y el grado de consenso institucional básico que resulta imprescindible en cualquier democracia.

Ante asuntos que nos afectan a todos, y que conciernen a la propia convivencia democrática, la cuestión no estriba en comprobar qué sectores del arco político logran llevar más personas a sus manifestaciones, sino que lo fundamental es cómo lograr reducir tensiones y fortalecer la democracia.

Si el PP se deja arrastrar por sectores de extrema derecha, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo y los exaltados de la COPE, es harto posible que acabe perdiendo a medio plazo uno o dos millones de sus actuales votantes de centro-moderado. Pero el problema es que, más allá de estas pérdidas, podríamos acabar encontrándonos con una evolución radicalizadora que daría lugar a que en España tuviéramos el mayor partido de extrema derecha de toda Europa, con cerca de un 30% de votantes. Lo cual introduciría riesgos de radicalización y tensiones políticas y sociales no pequeñas en nuestra democracia. De ahí que la izquierda razonable sea una de las más interesadas en que esto no ocurra.

Por ello, hay que ser conscientes de que estamos ante una dinámica peligrosa que requiere una atención preferente. No sólo se trata de poner más empeño en gestionar mejor y más integradoramente las situaciones de crisis (por parte de todos), sino que es preciso entender que resulta imprescindible reconstruir los espacios de consenso, no sólo en torno al terrorismo, sino también, de una manera más global, en torno a los grandes intereses estratégicos de España y a los principales retos de futuro. Los líderes políticos debieran pensar, por ello, en nuevas iniciativas de encuentro que cumplieran un papel similar al que tuvieron en su día los Pactos de la Moncloa o el Consenso Constitucional. Si no se procede de esta manera es mucho lo que todos podemos perder.