Después de dos años de Gobierno resulta inmoral el recurso a la herencia de Zapatero, sobre todo cuando la situación contempla -sobre la etapa anterior- un aumento de la destrucción de empleo, una brusca disminución de los salarios, el aumento de la precariedad, la caída de la protección social (prestación por desempleo, pensiones y dependencia) y el desmantelamiento, cuando no la privatización, de los servicios públicos esenciales. En todo caso, seguir hablando de la herencia Zapatero demuestra la falta de escrúpulos del Gobierno y lo nefasto que resulta para la credibilidad de la izquierda asumir de hecho, en el ejercicio del poder, las políticas neoliberales con el argumento de responder adecuadamente a la crisis económica que estamos sufriendo.

La publicidad de la bondad de las reformas emprendidas por Rajoy resulta patética y causa vergüenza, malestar y desasosiego, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata solamente de brutales recortes que están generando profundos dramas sociales en base a las políticas de austeridad defendidas en la UE. Entre la valoración positiva que hace el Gobierno de las reformas emprendidas destaca la que se hace de la reforma laboral al amparo del reciente informe presentado -a petición del Gobierno- por la OCDE en el pasado mes de diciembre. El informe encomiástico de la OCDE llama la atención por su falta de rigor, escasa amplitud, carencia de argumentos y alejamiento de la realidad, sobre todo cuando la reforma laboral ha resultado un auténtico fracaso en relación a la creación de empleo, la superación de la precariedad de nuestro mercado de trabajo y la flexibilidad interna en las empresas.

Según un amplio informe de UGT, desde la entrada en vigor de la reforma se han perdido 610.000 empleos totales y en cuanto a los asalariados la pérdida ha sido mayor alcanzando los 663.500 puestos de trabajo, lo que confirma que si se abarata el despido en una etapa recesiva -como ha ocurrido-, aumentan los despidos considerablemente, tanto individuales como colectivos; precisamente, el número de trabajadores despedidos a través de expedientes de regulación de empleo (ERES) ha aumentado un 42% respecto al periodo equivalente anterior a su entrada en vigor.

La mejora de la precariedad de nuestro mercado de trabajo tampoco se ha producido; más bien ha ocurrido todo lo contrario. Desde su aprobación, nueve de cada diez empleos perdidos han sido indefinidos: 581.200 indefinidos frente a 82.300 temporales. Por otra parte, de los empleos totales perdidos 690.000 han sido a tiempo completo, mientras el empleo a tiempo parcial ha aumentado en 80.000, lo que demuestra que, además de destruirse empleo, se está trasvasando empleo de jornada completa a jornada a tiempo parcial, lo que se traduce en empleos más baratos y en trabajadores disponibles a merced de los empresarios y, por lo tanto, obligados en muchas ocasiones a desarrollar una jornada similar a la que hacían antes a tiempo completo, pero con menos dinero.

En todo caso, resulta relevante destacar que el porcentaje de contratos indefinidos que se realizan sobre el total no sólo no ha aumentado, sino que es el menor desde 1997 (por lo tanto desde hace 17 años), como lo demuestra la media mensual en 2013 que se sitúa en tan sólo el 7,9% sobre la contratación total. A todo ello debemos añadir que el tan publicitado contrato indefinido de emprendedores tan sólo representa el 7% de todos los contratos indefinidos realizados: 7.000 al mes, lo que representa el 0,5% de toda la contratación. No debemos olvidar que se trata de un contrato temporal encubierto de un año de duración, que no se dirige en absoluto a emprendedores y que cuenta con un periodo de prueba con despido libre y gratuito.

La reforma laboral también ha destrozado la negociación colectiva. La cobertura de la misma ha caído bruscamente y se sitúa en torno al 60% cuando antes se situaba en el 80%. El bloqueo de los convenios en el mes de noviembre resulta evidente y se refleja en que el 57,5% de los trabajadores que estaban cubiertos por un convenio en 2011 están pendientes de negociación y, en concreto, en el caso de convenios de empresa este porcentaje alcanza el 73,7%. Todo ello demuestra el profundo desequilibrio en la relación de fuerzas que ha producido la reforma laboral en el mercado de trabajo, lo que ha generado por añadidura un aumento de la conflictividad social y nos anuncia la consolidación de un modelo productivo obsoleto basado en bajos salarios, fuerte desregulación laboral (precariedad), escasa protección social y en un alto índice de empleos de escaso valor añadido (dumping social).

Sin duda, el mayor impacto de la reforma laboral se ha producido en los salarios y en el poder adquisitivo de los trabajadores. En noviembre los convenios subieron un 0,6% nominal de media. Sin embargo, el 29% de los trabajadores con convenio en 2013 han tenido una subida igual o inferior al 0%; sin contar las muchas inaplicaciones (descuelgues) salariales de los convenios.

Esto se constata también en los demás indicadores de costos laborales, lo que confirma el hundimiento de las rentas del trabajo, que se sitúan por debajo del excedente bruto de explotación -lo que no había pasado nunca- y demuestra fehacientemente la creciente transferencia de rentas del trabajo al capital, que se consolidará con la nueva congelación del SMI. Debemos recordar, una vez más, que el desplome de los salarios tiene una repercusión muy negativa en el consumo de las familias y en la actividad económica y, además, acrecienta la desigualdad social y la pobreza.

A pesar de la contundencia de estos argumentos, la OCDE sigue insistiendo en abaratar más los despidos, ampliar los periodos de prueba de todos los contratos y disminuir la capacidad de los tribunales para invalidar los despidos colectivos (eliminar la tutela judicial). Por eso resulta trágico el planteamiento de la OCDE, cuando todos sabemos que estas medidas no crearán empleo, al depender éste del crecimiento de la economía y de que se recupere la demanda interna y aumente la externa; por el contrario, estas políticas aumentarán la precariedad (empleos basura) y consolidará el poder absoluto de los empresarios en los centros de trabajo, lo que resultará contraproducente para impulsar la participación de los trabajadores en las empresas y garantizar una salida progresista de la crisis. Un auténtico y nuevo atropello que sufrirán los más débiles, si el Gobierno secunda estas medidas.

Por otra parte, los favorables datos de paro registrado del mes de diciembre en las oficinas de empleo -muy beneficiados por la fuerte caída de la población activa debido a la vuelta a casa de los inmigrantes, así como por la emigración y el desánimo de los jóvenes para registrarse en las oficinas de empleo- también han sido un ejemplo claro de la manipulación del Gobierno, si tenemos en cuenta que los datos no son tan favorables como se pretende, a lo que hay que añadir la burda filtración de estos datos un día antes de lo establecido y el escaso rigor y reconocimiento que tiene el paro registrado en comparación con la Encuesta de Población Activa (EPA) que, no lo olvidemos, alcanza (III trimestre de 2013) cerca de seis millones de parados (25,98%). También los datos de afiliación a la seguridad social de diciembre de 2013 -85.041 menos que en el mismo mes de 2012- demuestran claramente que en este año se ha vuelto a destruir empleo. Esta situación se agrava como consecuencia de la caída de la cobertura por desempleo, que pasa del 64,3%, en noviembre de 2012, al 61,4% del mismo mes de 2013, ante los recortes del Gobierno en esta materia.

Por último, y muy a pesar del Gobierno, el anuncio del ministro Guindos de que la creación de empleo en 2014 será significativa no se corresponde con la realidad, si hacemos caso a las estimaciones de los expertos y a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado relativas al crecimiento del PIB (0,7%); la elevada deuda pública -cercana a 1 billón de euros al finalizar 2013 (100.000 millones más que el año 2012)-, que está generando importantes intereses a pesar de la reducción de la prima de riesgo; y las previsiones del desempleo para el año 2014 (25,9%).

Por lo tanto, una vez más se tergiversa la realidad en función de una política mediática encaminada a dimensionar los logros económicos del Gobierno y la consolidación de la recuperación económica -que nadie nota en su vida personal y ciudadana-, lo que alimenta el autoritarismo y pone en riesgo a la propia democracia, al amparo de la actual mayoría absoluta del PP.La proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo explica, en buena medida, esta vigorosa campaña mediática del Gobierno que, en el peor de los casos, le garantiza mantener la iniciativa política. Al triunfalismo económico del Gobierno -para contentar a la clase media y crear falsas expectativas, de conseguir un puesto de trabajo, en los más desfavorecidos-, hay que añadir la represora ley de seguridad ciudadana y la ley del aborto encaminada a dar satisfacción ideológica a la derecha más radical y a la Jerarquía Eclesiástica, en base a la puesta en marcha de políticas de orden muy conservadoras y propias de tiempos pasados.

Razones poderosas para que los partidos de la oposición reaccionen con contundencia, no limitándose sólo a denunciar las políticas neoliberales; deben ofrecer también alternativas nuevas, distintas y claramente diferenciadas de las que ofrece el Gobierno, recogiendo el clamor de unos ciudadanos que están hartos de que no se dé solución a sus problemas y de que se siga abusivamente incrementando los precios de los servicios públicos esenciales, con lo que ello representa para la economía familiar y la competitividad de las empresas (lo ocurrido con la fijación del precio de la energía eléctrica ha sido bochornoso e intolerable, sobre todo porque se ha producido con total impunidad: de forma incomprensible no se han encontrado culpables ni se han producido dimisiones). En definitiva, los ciudadanos, una vez más, están sufriendo el injusto reparto de la crisis y, a la vez, tienen que escuchar cánticos de sirena que nos siguen hablando de una inexistente recuperación económica. Es el momento de redoblar la apuesta por una democracia más real y visible y, además, por una movilización sostenida de la ciudadanía, que empuje a los partidos de izquierda a recuperar la credibilidad perdida a través de un comportamiento ejemplar y una política más cercana a los ciudadanos.