Se debe descartar la demagógica manía, que nada remedia, de cargar al debe del Gobierno todo aquello que pueda contribuir a provocar un estado de opinión negativo, máxime en temas tan sensibles como la seguridad ciudadana o la protección a la infancia. Tampoco es aceptable el tremendismo de quienes buscan eludir sus propias responsabilidades mediante propuestas extravagantes a nuestro ordenamiento (cadena perpetua, castración, medidas de seguridad, más registros informáticos…) que, por lo demás, tampoco resuelven el problema en su genuina dimensión. Ni la cuestión se reduce a la necesidad de corregir disciplinariamente la negligencia de algunos jueces y de otros funcionarios. El caso del asesino de Mari Luz evidencia clamorosamente unas malas prácticas que, lamentablemente, no son aisladas y revela patologías que, en demasiados casos, permanecen ocultas. Largo sería exhibir el catálogo de dilaciones indebidas, de errores judiciales, irregularidades, desatenciones y desplantes que trufan la realidad cotidiana de juzgados y tribunales, que se soportan con resignación, sin recibir adecuada respuesta.

No se acepta fácilmente que nuestro sistema judicial sufre una profunda crisis. La progresiva judicialización de los conflictos y el consiguiente incremento de la litigiosidad hacen insoportables por más tiempo las deficiencias estructurales, contra las que ya no caben más parcheos ni improvisaciones. Podemos tener -y no tenemos- un ordenamiento procesal moderno que instaure mecanismos ágiles y eficaces para la solución extrajudicial de los litigios. Podemos tener -y no tenemos- unos operadores jurídicos bien formados, motivados y dignamente retribuidos, con medios materiales e instalaciones suficientemente dotados, que permitan calidad y eficacia en la prestación del servicio público de la Justicia, en los términos exigidos por la Constitución, es decir: garantizando la tutela judicial efectiva con prohibición de indefensión, para juzgar y ejecutar lo juzgado mediante un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas ¡nada menos!. Podemos tener -y no tenemos- un órgano de gobierno de los jueces que cumpla escrupulosamente con sus funciones, sin invadir antagónicamente las competencias propias del Legislativo y del Ejecutivo.

Se trata de emprender una ambiciosa tarea que ya no admite más inercias ni dilaciones. ¿Seríamos capaces de hacer algo parecido a las reformas que con tanto éxito culminó Alonso Martínez a finales del siglo XIX? En este momento, corresponde al Gobierno asumir la iniciativa, buscando el máximo apoyo de las demás fuerzas políticas y sociales, de la Universidad y de los operadores jurídicos, liderando el gran proyecto de renovación de la Justicia que exige sin más demora una democracia social avanzada como la nuestra.