El contenido de la reforma es aún más grave. La Constitución, con esta reforma de marcado carácter ideológico, consagra como principio irrenunciable los “cimientos básicos del neoliberalismo económico”: la estabilidad presupuestaria, a la que se deben supeditar las políticas de inversión pública y las políticas sociales (estado de bienestar social). Lo más negativo de la situación es que esa política pretende responder eficazmente a la presente crisis (coyuntura)- con medidas que entrarán en vigor en el año 2020- con la casi seguridad de no conseguirlo porque los “mercados” son insaciables (el mismo día de aprobar el parlamento la reforma aumentó la deuda) y seguirán exigiendo nuevos recortes económicos y sociales, además de medidas relacionadas con el crecimiento de la economía y con el empleo, porque sin el relanzamiento de la economía no se podrá pagar a los acreedores de la deuda. Desde luego, esta reforma representará una tremenda hipoteca para cuando salgamos de la crisis y aspiremos a seguir modernizando el país y a converger en términos reales con los países más avanzados de la UE, sobre todo en políticas sociales.

Las apelaciones a que la reforma se lleva a cabo para preservar el estado de bienestar social es una simple manipulación de la realidad y representa un singular ejemplo de burda propaganda política destinada al consumo de masas.

En todo caso, no es aceptable reducir el déficit público a costa de la inversión productiva y de las políticas sociales, si queremos salir de la crisis lo antes posible y de forma equitativa. Hay que apostar antes por recortar los gastos ordinarios, superfluos y no productivos (todavía queda en este capítulo muchísimo por hacer): coches oficiales; cargos de libre designación; homenajes y celebraciones suntuarias; dietas, viajes y reuniones innecesarias; gastos militares; publicidad; televisiones autonómicas … Por lo tanto, no es imprescindible, como se dice, reducir los gastos de inversión pública (infraestructuras, investigación…) y mucho menos reducir las políticas públicas y sociales (enseñanza, sanidad, dependencia, pensiones…).

Por otra parte, el equilibrio presupuestario no debe tener en cuenta sólo el capítulo de gastos, sino también el de los ingresos fiscales recuperando y aumentando una serie de impuestos suprimidos o transferidos a las CCAA, además de asumir un fuerte compromiso decidido en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, en base a las denuncias reiteradas del sindicato de técnicos de hacienda (GESTHA)- documentadas con datos de fraude de miles de millones de euros-, que nadie desmiente desde el gobierno socialista.

El comportamiento del parlamento ha sido de sumisión a esta reforma en el seno de los dos partidos mayoritarios (salvo Antonio Gutiérrez y, en menor medida, los miembros de Izquierda Socialista) y de fuerte contestación de los partidos a la izquierda del PSOE (destacando Gaspar Llamazares, de IU) y de los partidos nacionalistas, aunque éstos en defensa de sus propios intereses (el PNV ha defendido, incluso, el derecho de autodeterminación). Las consecuencias de todo ello no serán favorables al candidato Rubalcaba y todo indica que Zapatero ha inmolado al PSOE y a su “flamante candidato”, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte contestación sindical (manifestaciones del pasado día 6) y del movimiento 15-M (movilizaciones, sobre todo en Madrid), lo que tendrá fuertes y negativas consecuencias electorales para el PSOE y abrirá, con mucha probabilidad, el congreso ordinario previsto para comienzos de año a candidaturas alternativas a la actual mayoría partidaria.

Como corolario, la clase política ha sufrido un nuevo y fuerte golpe bajo que tardará años en recuperase; incluso, la democracia no ha salido bien parada después del bochornoso espectáculo (“trapicheo” de enmiendas transaccionales de última hora) observado en el hemiciclo.

En términos económicos, el mes de agosto también ha sido un mes para olvidar: aumento del costo de la deuda, debacle del mercado de valores, debilidad del consumo público y privado (en grandes superficies, coches vendidos, número de hipotecas…) y, sobre todo, aumento del desempleo y de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (el 94% de los contratos en agosto fueron temporales). Sólo se ha salvado el turismo que ha mejorado en relación con años anteriores, aprovechando la caída de la oferta de los países de la ribera mediterránea.

Efectivamente, lo más preocupante en estos momentos es la caída de los afiliados a la seguridad social (136.834) y el aumento del desempleo registrado en agosto (51.185 parados más), sin olvidar la EPA del II trimestre que fijó el desempleo en 4,8 millones de personas. Ante estas cifras, resulta sorprendente la débil explicación del ministro de trabajo sobre el desempleo del mes de agosto: hay empresarios que rescinden contratos de trabajadores en agosto para volver a contratarlos en septiembre ahorrándose el costo de las vacaciones a costa de los Servicios Públicos de Empleo. Hay que recordarle al ministro que perseguir esas conductas es de su exclusiva competencia y responsabilidad y que debe hacerlo a través de la Inspección de Trabajo.

Desde luego, el gobierno en ningún caso se plantea modificar su política económica- auténtica causante del bajo crecimiento y de las altas cifras del desempleo-, obsesionado por el déficit y el freno a los estímulos fiscales; por el contrario, ha aprobado un decreto ley que elimina la prohibición de concatenar los contratos temporales con el argumento de que es mejor un trabajador en precario que un trabajador en paro, lo que no deja de ser un ataque a la inteligencia- además de recoger los postulados más rancios de la derecha neoliberal- y significa una manipulación de la realidad, porque con esta medida no se garantiza, como señala el ministro de trabajo, el mantenimiento del empleo que, en todo caso, estará a expensas de la demanda que pueda tener un empresario de sus productos, como se ha demostrado y se demostrará en los próximos meses. Desde luego, resulta evidente que un empresario no mantiene a un trabajador solamente por tener un contrato temporal si no lo necesita.

Alargar los contratos de formación a los 30 años completa el desaguisado (estos contratos a esa edad serán utilizados por los empresarios para pagar salarios de miseria y no para formar a los trabajadores) y representa un nuevo retroceso de la fracasada reforma laboral, además de consolidar una nueva transferencia de rentas del trabajo al capital que es lo que verdaderamente se pretende (y no se dice) para reducir, aún más, el costo de las empresas en medio de la crisis; eso sí, sin ninguna compensación hacia los trabajadores y sin desarrollar políticas redistributivas de ningún tipo.

Lo más hiriente de la situación es que el fundamentalismo de los mercados sigue dictando las políticas para salir de la crisis – aprovechándose del escaso crecimiento económico, el inmovilizado del ladrillo y la morosidad de la banca-, a pesar de que significan más recortes para los más débiles y, por lo tanto, consolidan el aumento de las desigualdades y de la pobreza, además de propinar un golpe bajo a la democracia.

Como consecuencia, las alternativas socialdemócratas siguen retrocediendo en el terreno práctico, aunque no en el terreno de las ideas porque éstas siguen siendo compartidas en buena medida por prestigiosos economistas (Krugman, Maskin, y Stiglitz). Por su parte los sindicatos, claramente a la defensiva, no son capaces de rentabilizar su actitud negociadora (incluso han celebrado a mediados de agosto- con el propio presidente del gobierno- una reunión reservada sin resultados) y su política de moderación salarial, mostrando serias dificultades para explicar estas políticas a los trabajadores ante semejantes atropellos; mientras esto ocurre, el movimiento 15-M sigue demostrando pujanza y acierto en sus reivindicaciones, además de acrecentar su capacidad de movilización. Sin embargo, carece de instrumentos eficaces para intervenir en la toma de decisiones, así como de líderes capaces y, desde luego, de una mínima estructura organizativa. Resulta comprensible, por lo tanto, que sigan sumidos en una profunda reflexión sobre el qué hacer ante las próximas elecciones generales. En todo caso, la coincidencia de objetivos resulta tan evidente que el movimiento sindical, la izquierda y el 15-M están condenados a entenderse y en este sentido se debe trabajar.

La conclusión de todo ello es que la izquierda sigue sumida en una profunda crisis y sin capacidad de respuesta. Por eso, a medio plazo es urgente- en un contexto globalizado- llevar a cabo una profunda regeneración de la Internacional Socialista y del Partido Socialista Europeo, a pesar de las crecientes dificultades que existen para llevar a cabo este ambicioso propósito. En España, ese cambio pasa por un debate en profundidad en la izquierda y particularmente en el PSOE (próximo congreso) ante el previsible fracaso electoral; el congreso debe reafirmar la política socialdemócrata y abordar cómo aplicarla en tiempos de crisis, además de analizar el modelo de partido (democrático, participativo, y con presencia en el tejido social) y buscar personas (comisión ejecutiva y comité federal) capaces de dirigir la estructura partidaria de aquí a los próximos años, sin ningún tipo de hipotecas. Todo ello debe concluir con la recuperación de la credibilidad del PSOE y la dignificación de la política, lo que generará una verdadera ilusión- que ahora no existe- entre la militancia socialista.

Mientras tanto, la ciudadanía seguirá mostrando su indignación y protesta, al margen de la clase política en la que no confía, a la espera de los resultados del 20-N y, desde luego, de lo que pueda ocurrir en los próximos meses ante un retroceso del crecimiento económico y el hipotético triunfo del PP y de sus políticas de recortes que, recordemos, ya está poniendo en práctica en “sus CCAA” con consecuencias muy negativas para la enseñanza y la sanidad y por lo tanto para el empleo. Por eso, las ideas socialdemócratas- fundamentadas en la centralidad del trabajo- resultan más necesarias que nunca.