Las cifras, siendo impresionantes, resultan más preocupantes porque también ha caído el número de cotizantes a la Seguridad Social -841.465 menos que en 2007- y porque las previsiones son particularmente negativas en una economía en recesión y en un entorno económico internacional de escasa actividad que se prolongará, cuando menos, a lo largo del presente año y traerá consigo un desempleo mayor, según todos los analistas, que puede alcanzar la cifra astronómica de 4 millones de desempleados.

Las medidas para paliar esta grave situación no son nada fáciles como se está comprobando incluso en el contexto internacional. En términos económicos el Gobierno está inyectando dinero al sistema financiero, al sector del automóvil, y a los Ayuntamientos esperando salir así de la recesión y por lo tanto evitar la caída del empleo y ante esas medidas sólo nos queda exigir el máximo rigor en la fiscalización, la gestión y la eficacia de las mismas. Sin embargo, en otros campos, quedan actuaciones pendientes: el desarrollo de políticas activas de empleo y formación profesional; el examen exhaustivo de los expedientes de regulación de empleo; la protección social a los desempleados; y por último, el diálogo social y la negociación del Acuerdo Nacional de Convenios (ANC) que sirve de referencia para la negociación colectiva que fija los salarios para el presente año.

En el desarrollo de políticas activas de empleo el Gobierno debe mostrarse más activo, e incluso más imaginativo en la recolocación de parados, recuperando el Ministerio de Trabajo el protagonismo que le corresponde, puesto que actualmente está actuando con un perfil muy bajo. En este sentido debemos recordar las posibilidades que representa para el empleo la ley de dependencia y la escolarización de niños de 0 a 3años- que habría que potenciar en estos momentos -y las posibilidades de recolocación existentes a través de los Ayuntamientos. Todo ello acompañado de campañas de formación profesional especificas para los actuales desempleados con el propósito de facilitar su recolocación. También el Gobierno, y por supuesto los sindicatos, deben oponerse a la pretensión de algunos empresarios y analistas de abaratar el despido y flexibilizar más el mercado de trabajo con el subterfugio de crear puestos de trabajo. Una alternativa superada por la extrema rapidez con la que se está destruyendo empleo en la actualidad, lo que demuestra que nuestro mercado de trabajo es flexible y que el precio del despido no es elevado.

Por lo que respecta a los expedientes de regulación de empleo debemos manifestar que el gobierno debe ser extremadamente riguroso en la revisión de los expedientes sin acuerdo sindical; no podemos aceptar abusos empresariales ni decisiones precipitadas y poco estudiadas de las empresas; por ejemplo, cuando no se presenta un plan de viabilidad sostenido en el tiempo que garantice el futuro de una empresa. En otro sentido, el Gobierno debe revisar, obviamente, todos los expedientes de su competencia; lo decimos porque, recientemente, hemos escuchado a representantes del comité de empresa de la empresa Renault que el Gobierno central tenía previsto aceptar el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa- como así se ha producido finalmente -con el argumento de que cuenta con el visto bueno de la autoridad laboral de la Junta de Castilla y León. Ese no es un argumento válido- aunque en esa comunidad se encuentren el 80 por ciento de los trabajadores de la empresa- sobre todo con el agravante de que los sindicatos no han aprobado el expediente de regulación de empleo y en Castilla y León gobierna el principal partido de la oposición al gobierno central.

En cuanto a la protección social el Gobierno debe garantizar, a todos los que inevitablemente se encuentren desempleados- actualmente en torno a 900.000 no perciben prestación alguna-, la cobertura necesaria mientras se mantenga la actual situación, tal como reivindican los sindicatos en las mesas abiertas de diálogo social que, por cierto y dada la situación, deberían funcionar con una mayor transparencia y diligencia en los asuntos todavía pendientes de discusión, puesto que la opinión pública no sabe exactamente ni cuando se reúne ni que asuntos trata en cada caso. De la misma manera, tal como reivindica UGT, se debe mejorar el tratamiento fiscal de las indemnizaciones y rentas salariales provenientes de los despidos colectivos o individuales, de forma que quede exenta la parte de indemnización percibida que no supere el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores. En cuanto a la Seguridad Social el Gobierno y los sindicatos deben mostrarse firmes ante los que pretendan poner en entre dicho el sistema y la viabilidad de las pensiones aprovechando la crisis económica y en particular la disminución de los cotizantes a la Seguridad Social.

En relación a la negociación colectiva los interlocutores sociales deben trabajar para cerrar, lo más rápidamente posible, el Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva (ANC) que debe servir, una vez más, de referencia para la negociación colectiva del presente año. Ello eliminará incertidumbres y activará el diálogo social a todos los niveles en torno a los convenios colectivos que serán más fáciles de firmar por la caída brusca de la inflación, y por lo tanto por la no activación de la mayoría de las cláusulas de revisión de los salarios del año recientemente terminado. Sin embargo, esto no puede traducirse, de ninguna de las maneras, en una negociación a la baja que suponga pérdidas de poder adquisitivo de los salarios. Ni sería justo, ni resultaría favorable a la reactivación del consumo interno y por lo tanto del conjunto de la economía.

En definitiva, el desempleo, además de ser una verdadera lacra social, representa la principal preocupación de la gente de la calle y de la opinión pública. Por eso, todos debemos arrimar el hombro con rigor y seriedad para hacer frente a la crisis- la frivolidad, la demagogia, y las declaraciones triunfalistas sin fundamento sobran- y todos lo debemos hacer pensando en los más desfavorecidos, que no son otros que los desempleados, y en salir de la crisis lo más rápidamente posible y con el menor costo social posible.