En este contexto, la larga huelga de funcionarios de Justicia ha dado lugar a situaciones lamentables para muchos ciudadanos, con indefensiones penosas, con parejas que no pueden casarse o padres que no pueden inscribir en los registros a los hijos. Pero al tiempo que la huelga en la Justicia causa perjuicios intolerables a determinados ciudadanos, y amenaza con cronificar más los retrasos, ha llevado también a la opinión pública una problemática poco conocida y que es necesario enmendar. ¿Por qué persisten aún carencias en dotaciones necesarias? ¿Cómo puede explicarse que los funcionarios de Justicia por hacer los mismos trabajos cobren un 20% más o menos de sueldo según residan en unas u otras Comunidades Autónomas? ¿Por qué se paga a algunos funcionarios de Justicia sueldos que les sitúan prácticamente al mismo nivel que los mileuristas?
Es evidente que, en este contexto, hay que urgir la solución de los problemas de fondo –y de forma– de la Justicia, ya que el descrédito de la Justicia y su mal funcionamiento constituyen una de las disfunciones más peligrosas para un sistema democrático.
