En una valoración individualizada podrían aportarse argumentos legítimos para cada una de estas medidas. El Gobierno está obligado a cumplir unos objetivos de ajuste fiscal (aunque podría hacerse de otra manera). Y el Gobierno debe cuidar de la buena salud financiera del sector concesional español en la gestión de infraestructuras, porque constituye uno de los pocos vectores de exportación cualificada en nuestra economía, y porque el rescate de las concesiones en riesgo comportaría un “agujero” de cerca de 4.000 millones para el erario público (aunque podríamos aplicar estrictamente las reglas del mercado sobre aquellos que solo las reivindican cuando obtienen ganancias).

No obstante, cualquier examen conjunto de ambas decisiones lleva necesariamente a la preocupación, cuando no al enfado y a la desafección respecto al funcionamiento de la política y las instituciones democráticas. Porque refleja con claridad que quienes toman las decisiones han perdido la capacidad de discernir entre lo importante y lo imprescindible. La viabilidad de los negocios en los peajes es importante. La igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios y a los medicamentos que han de procurar su salud resulta imprescindible. Y sacrificar los recursos destinados a curar a los enfermos para cubrir las pérdidas en unos negocios privados es cuestionable en lo político y en lo moral.

Habrá quienes atribuyan estas decisiones a una dinámica acelerada y poco meditada, pero bienintencionada, para reducir el gasto público y cumplir los compromisos de nuestro país con los socios europeos. Sin embargo, la reiteración de medidas siempre en el mismo sentido nos impulsa más bien a pensar en una estrategia premeditada de naturaleza ideológica. Acabar con la universalidad en el acceso a la sanidad pública, introducir el copago sanitario, reducir el número de profesores en la enseñanza pública y aumentar la cuantía de las matrículas universitarias, no suponen una simple concatenación de errores, fruto de las recetas anti-crisis. Más bien suponen la aplicación sistemática de un programa neoliberal de recorte de derechos sociales, al rebufo de los “sacrificios” que implica la crisis.

Además, ¿qué ahorro y cuánto ahorro puede lograrse obligando a todos los enfermos a pagarse sus medicinas, independientemente de su renta? Muchos de los enfermos con menos recursos optarán ahora necesariamente por no comprar los antigripales, los antiinflamatorios, los antidiarreicos y los antivirales que antes obtenían con ayuda estatal. Y cuando las gripes, las inflamaciones, las diarreas y las patologías asociadas a los virus empeoren su estado de salud, estos enfermos acudirán a las consultas especializadas y a las urgencias hospitalarias, donde sus tratamientos serán mucho más costosos que las medicinas ahorradas en principio.

Por tanto, con esta medida no se ahorrarán gastos, sino que se incrementarán a medio plazo. Eso sí, el daño será importante. Daño sobre la salud de las personas, que es lo más relevante. Y daño también sobre la credibilidad de nuestras instituciones. Porque un sistema que gasta con fruición en el rescate de sus Bancos y sus empresas de peajes, y que escatima los recursos necesarios para combatir la enfermedad de su población, es un sistema que merece cuestionamiento y reproche.

La Ministra de Sanidad tampoco nos ha privado en este caso del aderezo de la necedad aconsejando el uso de “medicina natural”. ¿Está usted enfermo? Tómese una manzanilla, pero no me gaste usted. Estará por ver si este es el consejo que la señora ministra ofrecerá a su familia si alguna vez tiene problemas (no se lo deseo).

Por si acaso y por favor, que alguien se ocupe de mandar al Ministerio de Sanidad un par de toneladas de “medicina natural” contra la estulticia.