El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía anuló el Plan General porque el Ayuntamiento de Marbella había invadido las competencias de la Junta de Andalucía pero, sin embargo, no suspendió preventivamente las licencias de obra que pudiera otorgar el Ayuntamiento porque debía prevalecer la presunción de legalidad en la actuación administrativa municipal, en un tema, la concesión de licencias, en el que era competente.

Después, el Ayuntamiento de Marbella concedió licencias de obra, también espurias, para construir mas de 20.000 viviendas que, años después, el TSJ también anuló pero una vez que las casas ya estaban ocupadas y con el convencimiento de todo el mundo, incluidos los propios jueces que emitieron las sentencias, que dichas viviendas ilegales no se van a derribar como no sea por la acción del tiempo o de algún terremoto de grado sísmico suficiente.

Doña Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, ha solicitado que los jueces dicten medidas cautelares para evitar que los periodistas entren a formar parte de su vida privada mientras la acompañan a cualquier parte una vez que atraviesa la puerta de su casa. La jueza de Toledo, competente en el caso, ha denegado dichas medidas cautelares, retrasando la acción de la justicia al momento en el que la Sra. Ortiz se sienta perjudicada cada vez que se encuentre a un periodista haciendo de tropezón en su plato de sopa.

No hace falta tener unas grandes dotes adivinatorias para prever que, o la Sra. Ortiz se acostumbra a tener diez o veinte acompañantes cotidianos mas de los que desearía, o se va de España, o en los próximos años llegarán a los juzgados españoles incontables casos de intromisión en la intimidad de la Sra. Ortiz.

Cuando son detenidos y condenados los practicantes de ese deporte vasco llamado kale borroka, alguien podría pedir medidas de vigilancia especial a esos deportistas una vez que salen de la cárcel cumpliendo la no excesiva condena. De la misma forma que se solicitan medidas de vigilancia especial o de tratamiento a los violadores una vez que salen a la calle con permiso de fin de semana o por cumplimiento de la pena.

Porque tampoco es difícil de prever el que los próximos detenidos por cometer los últimos atentados de ETA procedan de la cantera de la kale borroka. Y, sin embargo, esas medidas cautelares, no contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, no son dictadas y solo la acción policial en el borde de la ley puede prever que esos individuos puedan pasar de la “baja intensidad” al asesinato en la práctica del terrorismo.

Y no es que las medidas cautelares sean extrañas en un estado de derecho: toda la actuación en materia de protección medioambiental consiste en adoptar medidas cautelares y todas las políticas de seguridad laboral, de prevención sanitaria, de protección alimentaría, de tráfico, etc, se basa en la adopción de medidas cautelares. Pero se entiende que preservar bienes como la vida o el medio ambiente compensa la limitación de algún grado de libertad.

Sin embargo, ni la intimidad de la Sra. Ortiz ni el hecho de que haya 20.000 viviendas ilegales en Marbella justifican la limitación previa de otros derechos. Y respecto de la vida de algún guardia civil, todavía no se ha determinado que la probabilidad de que un pre-etarra llegue a ser etarra, sea suficiente para vigilarle preventivamente, aunque fuera con periodistas en lugar de con policías, como si fuera la Sra. Ortiz.

Por todo ello, el Estado, muchas veces, no interviene “artificialmente” en los procesos sociales como hace el Sr. Solbes en el sector de la construcción. Pero esa es otra historia.