Ya no valen excusas, cortinas de humo mediáticas, o representaciones teatrales con la intención de esquivar responsabilidades, sobre tramas de corrupción que aparecen un día sí y otro también, y que pueden ser judiciales pero que seguro son políticas.

Esta pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas está llevando a un vertiginoso desprestigio de la actividad política y de sus representantes. Hasta el punto, que existe en estos momentos una sospecha generalizada de corrupción sobre cualquier persona que se dedique a la actividad política.

Ante esta realidad, y bajo la premisa de que la política es una actividad de la que no se puede prescindir, porque la política es una preocupación de hombres libres y su existencia es una prueba de libertad, hay que profundizar en materia de calidad y avance democrático en la sociedad en su conjunto, y especialmente, para dar ejemplo, en las Administraciones. Para mejorar el funcionamiento de la democracia hay que avanzar en transparencia política y administrativa a través del acceso a la información y el buen gobierno.

La información pública y el acceso a la información gubernamental, es un derecho constitucional de los ciudadanos que refuerza la democracia y nace de la naturaleza representativa de los gobiernos. Que las Administraciones tengan la obligación de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades y la documentación que la sustenta; y que los ciudadanos puedan solicitar a los funcionarios públicos cualquier información y recibir una respuesta satisfactoria, es un cambio fundamental para profundizar en la democracia, conseguir instituciones públicas transparentes y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en el control y evaluación de los gobiernos y en la lucha contra la corrupción, la ineficacia y la mala gestión.

Es urgente y necesario mejorar la conexión entre electores y elegidos, representantes y representados, en definitiva, entre políticos y ciudadanos, porque los políticos son ciudadanos. Lo que lleva a entrar en una nueva fase de avance democrático, que pasa entre otras cuestiones por adoptar y modificar toda una serie de reglas en nuestros usos y procedimientos en las Administraciones Públicas para que funcionen mejor y de manera más transparente y abierta a la ciudadanía.

Esa es la urgencia y lo que debe hacerse. Y junto a ello, hay que superar las viejas formas de hacer política que destierran la verdad bajo el mantra del todo vale. Por ese motivo, hay que recordar, frente a tanto desparpajo y tanta mentira, que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha planteado en reiteradas ocasiones, durante todos los años de gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González, propuestas encaminadas a avanzar en transparencia, que han sido rechazadas por el PP, una y otra vez sin inmutarse.

Es importante recordar lo anterior para no caer en fuegos artificiales, que pueden ser vistosos pero lo que pretenden es distraer a la ciudadanía y finalmente no cambiar nada. Desde el PSOE vamos a seguir denunciando estos comportamientos del PP. Pero también vamos a seguir planteando propuestas, para que de una vez el PP deje de engañar a los ciudadanos y tome medidas de verdad. La próxima oportunidad, la semana que viene cuando el Grupo Parlamentario Socialista inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a poner en marcha las siguientes medidas:

-La Administración de la Comunidad de Madrid, las entidades que la integran, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, universidades públicas, agencias, entes públicos y cualquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculada al sector público de la Comunidad de Madrid, incluidas las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social participe ésta directa o indirectamente de manera superior al 50 por ciento, publicarán una vez formalizados, y en el plazo máximo de tres días, todo contrato que realice. Y junto al mismo un resumen sucinto de las ofertas que hayan participado en concurrencia competitiva con el citado contrato.

-Acceso público y por internet de cualquier ciudadano al Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid.

-Establecer la denominada “huella legislativa”, que consiste en la obligación de publicar toda decisión o actuación que implique la adopción de leyes u otras disposiciones que adopten los poderes públicos, fundamentalmente si las decisiones comportan gasto. Afectará a los poderes legislativo, ejecutivo y a la Administración, y se referirá particularmente a cuestiones de personal, remuneraciones, contratos públicos de las Administraciones, subvenciones, urbanismo y gestión patrimonial.

-Modificar el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para variar la composición de las Juntas de Contratación, para dar acceso en las mismas a interlocutores sociales y a representantes designados por los grupos parlamentarios.

-Publicación con acceso a todos los ciudadanos a través de internet de los contratos menores y de las subvenciones realizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, organismos, entes y empresas públicas.

-Establecer la figura de la Declaración de Impacto Democrático. Compromiso de realizar la misma transparencia que exista en el sector público para todos aquellos que accedan a concesiones del sector público.

-Que se establezcan los mecanismos oportunos para que cualquier empresa, directivo y trabajador condenado por casos de corrupción, no pueda contratar con Administraciones públicas.

-Establecer la obligación de comparecer en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid de todos los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administración, organismos y entes, antes de su nombramiento.

-Evitar la puerta giratoria mediante para que los Altos Cargos no puedan realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, durante los cinco años posteriores a su cese o dimisión.

-Formular una nueva causa de pérdida de la condición de diputado vinculada a la indignidad política.

-Enviar cada seis meses a la Asamblea de Madrid toda la información sobre los gastos de representación e indemnizaciones de los altos cargos del gobierno y directivos de los organismos, entes y empresas públicas de la Administración Autonómica

Son algunas de las cuestiones que pueden realizarse ya para mejorar la vida de la gente y combatir la corrupción. Porque hay que ser conscientes que o acabamos con la corrupción o la corrupción acaba con la democracia. Y sin democracia no hay libertad ni igualdad.